“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente”. Montesquieu
El principio de división de poderes es un pilar del estado moderno, su función principal es evitar la concentración del poder público en perjuicio de los ciudadanos. Es un concepto viejo, su origen se remonta al pensamiento de Aristóteles, pero fueron Locke y el Barón de Montesquieu, fueron quienes nos entregaron un concepto acabado que fue recogido por la Constitución de Estados Unidos, la de la Francia revolucionaria y en todos nuestros textos constitucionales. Así, el artículo 49 de la Constitución de nuestra maltrecha república señala:
“No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación […]”
La idea subyacente es el control, y es recogida en el numeral 17 segundo párrafo de nuestra constitución local, sin embargo todo tipo de control de la función pública tiene su fuente original en la Constitución Federal, la cual organiza al Estado mexicano y establece un sistema de control con base en equilibrios y contrapesos entre los poderes y órganos de gobierno. De esta forma la construcción normativa intenta construir un poder legislativo independiente al evitar la sobrerrepresentación automática de un partido, protegiendo sus ideas y otorgándole por ley, funciones específicas que le permitan controlar al poder ejecutivo. Así, podemos clasificar el control que ejercer el poder legislativo en:
a) El control de la legislación, que busca regular a través de la normatividad los planes, manejo de los recursos económicos e incluso la conducta de los servidores públicos.
b) El control presupuestal que abarca tanto la aprobación inicial como la verificación de la cuenta anual.
c) El control político que se manifiesta en la potestad del legislativo de llamar a cuenta a los secretarios de estado y titulares de los organismos y empresas de participación estatal, a efecto de que se compruebe su desempeño e incluso con la capacidad de integrar comisiones especiales para investigar actividades, ejercicios presupuestales y el cumplimiento de programas por parte del ejecutivo.
Así el control legislativo desde su diseño constitucional se basa en la posibilidad de que ambos poderes realicen conjuntamente una función. Lo que necesariamente implica que todo fallo del ejecutivo coincide con un error del legislativo, por cada peso desviado hay una revisión aprobada, por cada empréstito, cada muerto y cada desaparecido, hay un diputado fallido, un inútil al que le pagamos por no hacer nada. Así nos valdría ir entendiendo a todos los ciudadano que los Diputados son responsables, por omisión o participación, de la terrible situación de Veracruz.
En teoría la única vinculación que los diputados establecen es con los partidos, y su responsabilidad es ante el electorado, sin embargo, la simbiosis entre el ejecutivo y el legislativo en Veracruz es un digno caso de estudio, porque ¿quién en su sano juicio aprobaría una cuenta pública que está mal? ¿quién arriesgaría su patrimonio y su libertad incumpliendo su deber constitucional? Porque permítanme decirles, que en cualquier país con un estado derecho medianamente funcional, ya estarían ustedes en la cárcel. Y a pesar de la debilidad de nuestras instituciones, tengan la certeza que existen las herramientas dentro del ordenamiento legal veracruzano para que su participación en esta gran empresa criminal no quede impune.
Señores diputados ustedes no son una legislatura, son una organización criminal, una corporación experta en trafico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude a ley, lavado de dinero y delincuencia organizada. Veo sus caras y lo único que veo, salvo Ahued con todo y su tibieza, es corrupción, soberbia y estupidez. Tienen la cara de los típicos caciques de pueblo, que sin mérito propio han llegado a ocupar una curul dentro de un sistema que premia la lealtad antes que la libertad y la ignorancia antes que el entendimiento. No son nada. Quien les diga lo contrario les estará mintiendo, su curul no es suya, ustedes no son estadistas son unos simples arribistas, delincuentes de poca monta que han convertido la legislatura en un prostíbulo de 35 camas.
La república nos ha abandonado, Peña desde el centro parece incapaz de comprender la magnitud de las consecuencias que tendrán los actos de una legislatura deslegitimada en la sociedad veracruzana. Somos más de un millón y medio de veracruzanos que no estamos de acuerdo con su desgobierno y queremos que rindan cuentas, hay una crisis de legitimidad del Estado y de su propia forma de organización que ha permitido que vivamos presa de un estado criminal, que aprovechándose de la debilidad institucional, la opacidad y el miedo, ha rescrito el pacto social en su beneficio. Como un cáncer, este gobierno se ha extendido desde el ejecutivo hasta el legislativo y el judicial, la metástasis causada a dejado un estado moribundo que requiere una intervención urgente, pues aunque cuentan con la legalidad para respaldar el ejercicio de ciertas decisiones, lo cierto es que una población informada y que reclama el combate a la corrupción a nivel estructural, no puede ser engañada.
Estimados lectores los invito a la reflexión, 36 pendejos no pueden secuestrar Veracruz.
