Pese a la resistencia de la administración y los partidos en acordar un Pacto de Salida para garantizar la próxima elección presidencial, vale insistir en el punto dado el creciente deterioro de la situación… y vale, sobre todo, señalar que si a esas entidades no les interesa pactar, hay vigor y experiencia social para impulsar e imponer ese acuerdo.
La campaña presidencial es de los actores políticos dominantes, ni qué. El voto y la elección no, son de la ciudadanía y es preciso asegurarlos. Es menester crear las condiciones mínimas de estabilidad y certeza a fin de evitar que la crisis colapse la elección 2018.
Pese a la evidencia y al menos hasta ahora, ni la administración ni la oposición panista y perredista se han interesado en crear las condiciones necesarias para que la próxima elección presidencial se desarrolle en un marco de libertad, seguridad, civilidad, estabilidad y paz.
La administración pareciera actuar sin tino en el día con día, rebota, titubea y sucumbe indiferente ante la perspectiva de lo que puede ocurrir si continúa la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones, la división en el gabinete, el repunte de la violencia criminal y social, la ausencia del Estado de derecho, la creciente polarización entre distintos sectores sociales y, a la vez, frente a la propia administración, en el marco de la complicada situación económica y financiera.
A su vez, panismo y perredismo concentran su energía y esfuerzo en mejorar su posicionamiento de cara a la elección presidencial, considerar una posible alianza e intentar dilucidar, cuanto antes y a como dé lugar, quién debe abanderarlos en la contienda.
No les importa en qué condiciones llegar, sólo llegar al concurso electoral bajo la idea de conservar, recuperar u ocupar la residencia de Los Pinos aunque ello no suponga conquistar el gobierno.
Curiosamente, Andrés Manuel López Obrador es el único dirigente y candidato que advierte el riesgo de ir a los comicios como están las cosas, pero lo advierte como ajeno a él. Endosa la tarea de garantizar la competencia a la administración, casi a título de hagan lo necesario para que mi llegada sea de lo más tersa posible.
Lo advirtió el 26 de junio en el mitin de apoyo a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, al recomendar al presidente Enrique Peña Nieto: “… en este último tercio de su mandato integre y encabece un Gobierno de transición que permita entregar el mando en el 2018 en un ambiente de tranquilidad y de paz social, por el bien del pueblo y de la Nación”.
Y, antier, con tufo de soberbia, anticipó que ante la posible derrota del grupo en el poder y su consecuente triunfo “no habrá represalias ni persecución para nadie”. Sólo le faltó pedir que le den las gracias por anticipado.
López Obrador no ve por qué él tendría que impulsar esas condiciones de paz y tranquilidad. Su misión es salvar al país al ocupar la Presidencia de la República, no antes.
Ante esa actitud indiferente de “los profesionales de la política”, conviene no perder de vista dos cuestiones.
Una, el vigor de distintos grupos sociales que, de variada forma -incluso, encontrada-, claman por una cultura política distinta, sellada por el derecho, la legalidad y la civilidad. Y, dos, los esfuerzos realizados en el pasado por personalidades y grupos para, desde la sociedad, reorientar el desarrollo político, social y económico desde la óptica del equilibrio, la justicia y la igualdad.
Ese vigor y esa experiencia pueden invertir los términos de la política: repudiar el acuerdo cupular e impulsar la participación social en la elaboración de un pacto que garantice la elección presidencial y el próximo gobierno.
Desde hace ya tiempo, distintos organismos no gubernamentales, centros de estudios, asociaciones civiles y movimientos sociales se han empeñado en defender o impulsar causas del interés nacional -derechos humanos, rendición de cuentas y transparencia, combate a la corrupción, reenfoque de la política antidrogas y de seguridad, derechos de minorías, gasto eficiente de los recursos públicos…
El resultado de esa acción ha sido variopinto pero, al margen de logros y derrotas, llama la atención el esfuerzo focalizado en el exclusivo ámbito de interés de esos grupos y, por lo mismo, la desarticulación del esfuerzo conjunto. A partir de una acción concertada, plural y conjunta, esos grupos podrían impulsar una propuesta nacional de corto plazo. Frente al deterioro de la situación, convendría tender puentes entre ellos, elaborar e impulsar una agenda en la perspectiva de garantizar la próxima elección presidencial, imponiendo a la élite política ese pacto.
En el pasado reciente, personajes y personalidades del ámbito empresarial, social, intelectual, sindical o, incluso de la misma política, se empeñaron en impulsar acuerdos o agendas frente al peligro de la ingobernabilidad política o del continuismo económico sin desarrollo. En 1994, el Grupo San Ángel; en 2005, los promotores del Acuerdo de Chapultepec.
Hay, en esos esfuerzos, una experiencia que convendría revisar y revitalizar para expropiar la política de quienes se consideran dueños de ella.
Hoy, comienzan a oírse voces de la sociedad que, más allá de su predilección por tal o cual precandidato o partido, comienzan a señalar la importancia de acordar las condiciones necesarias para garantizar la elección del próximo jefe del Ejecutivo y el gobierno de la República.
Si a la administración, los partidos y los precandidatos no les interesa asegurar eso, en la sociedad hay el vigor y la experiencia para pensar y diseñar ese Pacto de Salida e imponerlo a la cúpula política.
Con apoyo de Melissa Muñoz.
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Siglo de Torreón
