Jorge Fernández Menéndez
No sé si, como dijo Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, las áreas de seguridad se las están entregando en ruinas al siguiente gobierno o si, como dijo el nuevo coordinador de los senadores del PRI, Miguel Osorio Chong, la crisis de seguridad deviene de la falta de cumplimiento de muchos gobernadores de sus responsabilidades con el sector. Los dos tienen algo o mucho de razón, pero lo cierto es que nada desafiará más a López Obrador que la inseguridad que vive el país.
El martes fue levantada, y al momento de escribir estas líneas no hay noticias de ella, Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal electa por Veracruz, secuestrada por un grupo de hombres armados. La camioneta en la que se transportaba la diputada por el PRD fue interceptada por un grupo de hombres armados, perseguida, la camioneta volcó y Azucena fue sacada del automóvil accidentado y llevada por sus secuestradores. Éste es el primer acto de violencia contra diputados o funcionarios electos el pasado primero de julio.
En Chihuahua, el recuento de muertos sigue aumentando con autoridades que no atinan a reaccionar. En el fin de semana, seis personas fueron asesinadas en un palenque en Ciudad Juárez, donde en promedio hay seis asesinatos diarios. Un niño de seis años, también en Juárez, fue a comprar algo a una tienda, a unos metros de su casa, en pleno día, y nunca regresó; su cuerpo fue encontrado asesinado en un terreno baldío. No hay detenidos.
En la Ciudad de México fue detenido Roberto Moyado Esparza, El Betito, líder del cártel La Unión Tepito y responsable de muchos de los hechos de violencia que se han vivido últimamente en la capital del país. El Betito fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde, según sus abogados, teme ser asesinado por sus rivales. Mientras tanto, las extorsiones siguen en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad: ahora piden dinero para pagar a los abogados de El Betito.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es el que más ha crecido en el país, el más violento y el que mayores desafíos ha impuesto a las autoridades, incluyendo ataques a helicópteros militares, emboscadas contra policías federales y esquemas de lavado de dinero que los han convertido, junto con sus socios de los Cuinis, en el principal objetivo del Departamento del Tesoro estadunidense. La PGR aumentó ayer la recompensa por el líder del CJNG, Nemesio Oseguera: pagarán 30 millones de pesos a quien dé información que lleve a su detención. Por lo pronto, y pese a la persecución de la que es objeto, nada parece indicar que el CJNG esté realmente presionado. Siguen siendo los principales proveedores de heroína y drogas sintéticas para el mercado estadunidense.
Mientras tanto, se realizó un nuevo foro sobre seguridad y pacificación en Morelia, donde se escucha a víctimas, pero no existen avances reales en el diseño del esquema de seguridad. En la transición de la administración Calderón hacia la de Peña se pensó, se dijo, que el problema de la inseguridad era de percepciones y en muy buena medida de medios: que cerrando información sobre esos temas, la percepción de inseguridad disminuiría. El experimento duró un año y la realidad simplemente lo superó. Ahora estamos pensando en que con el discurso y las buenas intenciones de la pacificación se crearán bases para acortar la base de la inseguridad. Se hacen promesas de una disminución dramática de los asesinatos, pero no se puede explicar realmente cómo. Se habla de perdón, pero las familias de las víctimas piden justicia.
La ecuación necesaria para recuperar la seguridad es complejísima y no se hará sólo con un discurso de pacificación, pero, tampoco, ya lo hemos visto, con una estrategia de mano dura o con operativos para detener a los líderes de los grupos criminales. Todo eso es necesario, pero si no se termina de comprender el tipo de monstruo que estamos enfrentando no habrá resultados. Los criminales no son campesinos que son obligados a cosechar campos de mariguana o amapola. Los cárteles no son grupos guerrilleros. Tampoco son el pueblo, sino los enemigos del pueblo. En México hay instituciones y recursos humanos en las áreas de seguridad que son eficientes y funcionan bien, pero no hay una verdadera estructura de seguridad que abarque todo el país, y muchos espacios están corrompidos. En los estados está casi todo por hacer.
Pienso que de alguna manera en el próximo gobierno se subestima la seguridad, la propia, la personal y la nacional, que se cree que con su llegada y su legitimidad alcanzará para resolver muchos de los actuales problemas. Es verdad, faltan varias semanas para que López Obrador asuma el poder y su equipo aún tiene tiempo para definir esa estrategia de seguridad que hoy, más allá de buenas intenciones, no se percibe como algo tangible. Pero estas semanas de transición pasarán muy rápido y si más allá de la búsqueda del perdón y la reconciliación, no se establece una estrategia que abarque todos los aspectos de esta realidad tan dolorosa, esa terminará siendo la vía de desangre y desgaste del próximo gobierno.
Excélsior
