La demanda del sector empresarial para bajar el precio de los energéticos podría estimular la propuesta de campaña del próximo presidente de México de fijar precios de productos estratégicos para la actividad económica, que propiciaría efectos negativos, sobre todo en aquella población que menos tiene, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo del sector privado mencionó que la evolución de los precios de energéticos, al alza, sigue generando malestar entre los agentes económicos, al demandar una solución a su constante aumento después de su liberación en enero del año pasado, con la promesa de que esto contribuiría a su disminución. A pesar de que las promesas de campaña fue la disminución de precios.
“Cuando el estado decide intervenir a través de la fijación de precios o establecer precios de garantía y/o subsidios, que generalmente distorsionan los precios de mercado, para beneficiar a algún sector o grupo, es un hecho que la oferta de ese bien se verá afectada debido a que el incentivo para producirlo se afecta”, advirtieron los analistas del sector privado.
A través de su análisis semanal, el CEESP explicó que la responsabilidad rectora de un gobierno debe dirigirse a generar un ambiente propicio para que la economía funcione de tal manera que el beneficio sea generalizado, evitando privilegiar a los grupos de mayores ingresos en el país.
“Las políticas asistencialistas sustentadas en controles de precios simplemente contribuyen a perpetuar la pobreza. La regresividad de los subsidios generalizados va en contra de cualquier beneficio de la población que más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas”, refirió.
Una situación como esta no es sostenible en el mediano y largo plazos, consideró el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un plan de compensación bien estructurado, por lo que finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado, afectando severamente el poder adquisitivo de los hogares.
La experiencia muestra que en el caso de los subsidios a la gasolina y al diesel, el costo para el gobierno durante los años 2007-2014 fue de 871,000 millones de pesos, que benefició sobre todo a quienes menos lo necesitaban, ya que son aquellos grupos que tienen una mayor capacidad de consumo quienes se vieron beneficiados por la adquisición de bienes a precios menores.
De acuerdo con los especialistas económicos, las presiones inflacionarias provenientes de los incrementos más altos que los previstos en los precios de energéticos, básicamente de la gasolina de bajo octanaje y del gas LP, dada su incidencia significativamente alta en el indicador general de precios, además de las presiones inflacionarias que ha generado la volatilidad del tipo de cambio a lo largo del año y de los efectos indirectos provenientes de los incrementos de precios en los energéticos, afectando a diversos rubros del subíndice subyacente, han comenzado a limitar la trayectoria de la inflación anual esperada tanto para el presente año como para el siguiente.
El Economista
