Ante la disminución de recursos que la Federación transfiere a estados y municipios, el nivel de endeudamiento de los gobiernos subnacionales, que muestra mejoría desde la implementación de la Ley de Disciplina Financiera, está en riesgo.
A este escenario se añade la alta dependencia hacia el dinero que proviene del gobierno federal, la política de austeridad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, así como la desaceleración de la economía nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de los financiamientos y obligaciones de entidades y sus entes públicos ascendió a 542,815 millones de pesos al cierre de junio de este año, que significó una caída anual de 0.8% en términos reales, la segunda disminución al hilo.
Por región, el descenso más pronunciado se dio en centro norte (4.5%), mientras los únicos aumentos se observaron en occidente y centro del país, aunque fueron menores a 1 por ciento.
Este decrecimiento de la deuda coincidió con la entrada de los candados de la Ley de Disciplina Financiera, creada en el 2016 con el objetivo de que las entidades y los municipios tengan un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
La entrada en vigor de este marco se dio en el actual ejercicio fiscal con todas sus normativas; algunas de sus aplicaciones comenzaron en el 2017 —el 30 de enero del 2018 se publicaron las últimas reformas a la Ley de Disciplina Financiera.
Otra forma de manifestar la mejoría de la deuda pública en la mayoría de las entidades es a través del Sistema de Alertas, una herramienta de dicha ley que clasifica el endeudamiento de todos los entes públicos locales que ostentan financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único (sostenible, en observación y elevado), mediante tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.
La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible (verde), a un adicional máximo equivalente a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición; en observación (amarillo), a 5%, y en elevado (rojo), no podrá contratar obligaciones.
Al segundo trimestre del 2019, los únicos en amarillo fueron Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo; ninguno está en semáforo rojo.
Panorama complicado
No obstante, el manejo de la deuda está en riesgo por la contracción del gasto federalizado (recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales), que, según cifras de la SHCP, disminuyó 11.4% a tasa anual real en agosto del 2019, el peor resultado, para un mismo mes, desde 1995, cuando la caída fue de 15.2 por ciento.
Este descenso derivó, principalmente, a que únicamente aumentó el Ramo 33: aportaciones federales (10.0% anual real). En este sentido, destaca la baja en participaciones (9.4%), ya que es el rubro más importante del gasto federalizado, al concentrar 49.8% del total (144,299 millones de pesos) y que, además, depende del nivel de recaudación, que se determina por la actividad económica y petrolera.
Lo anterior significa que ante un menor crecimiento económico, el dinero proveniente de las participaciones desciende (en el primer semestre del año, el Producto Interno Bruto nacional aumentó 0.2% a tasa anual desestacionalizada, el nivel más bajo desde el 2009).
El otro factor que provocó la reducción del gasto federalizado fue la política de austeridad del gobierno federal, reflejada en el recorte al Ramo 23, considerado discrecional debido a que algunos de sus fondos carecían de reglas de operación, aunque algunos subramos eran utilizados para enfrentar necesidades de liquidez o promover proyectos de infraestructura. El recorte fue por 43,467 millones de pesos para este ejercicio fiscal.
Se añade que de los ingresos totales de los estados, en el 2018, más de 82% provenían de la Federación (alta dependencia), así como la reducción en gasto de inversión física, que en los primeros ocho meses del año muestra una contracción de 15.2% anual real.
Rentabilidad, el camino
Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, el endeudamiento es una buena estrategia de financiamiento, siempre y cuando los recursos se utilicen en la generación de proyectos rentables que permitan pagar las deudas contraídas y los estados tengan finanzas sanas.
“Por ejemplo, si se utilizan los recursos obtenidos por deuda para construir una carretera que permita un tránsito más eficiente de mercancías, esto provocaría un mayor crecimiento económico y una mayor afluencia de recursos mediante pagos de impuestos más onerosos, los cuales se utilizarían para pagar la deuda adquirida originalmente y el remanente para invertir en otros proyectos”, mencionó.
“La mejor estrategia sería mejorar los niveles de recaudación. Si el estado continúa cobrando sobre la misma base gravable, resultará complicado que pueda recaudar los ingresos que necesita sin tener que recurrir a la deuda. Sin embargo, si la base de recaudación se hace más grande no tendría que incrementarse el cobro de impuestos, ya que más personas estarían cumpliendo sus obligaciones fiscales. La tarea sería captar los recursos de aquellos individuos que no pagan impuestos (alrededor de 53% de los ocupados se encuentra en informalidad laboral)”, indicó.
El director del CIEN señaló que a las entidades del país que mantienen un nivel elevado de deuda les será más complicado que obtengan mayores recursos por esta vía, “esto se traducirá en que la inversión pública que realice el estado se verá limitada no sólo por un menor financiamiento con deuda, sino también por un menor nivel de participaciones federales”.
“Este escenario puede resultar contraproducente a corto y largo plazos, ya que actualmente el país atraviesa por una etapa de estancamiento económico, que tendría que ser revertida mediante mayor inversión pública. Al no existir, todo el peso recaería sobre el sector privado, que también se encuentra deprimido”, aseguró.
“Si se mantiene un horizonte con poca o nula inversión, en el largo plazo se tornará más complicado que cualquier entidad retome un ritmo de crecimiento dinámico. Básicamente es un círculo, más inversión se traduce en mayor crecimiento económico, y a su vez, en mayores ingresos para el gobierno”, refirió.
Fines productivos
Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que la baja de recursos federales podría representar un problema a largo plazo, ya que podría impactar en el nivel de endeudamiento, “los estados con disminución en el gasto federalizado podrían intentar solventar esa falta de liquidez con mayor deuda”.
“El problema no es la deuda cuando los estados tienen la capacidad de generar ingresos propios, pero sí resulta un problema cuando no los generan y toda la deuda la destinan a solventar la falta de liquidez y a pagar la obligación financiera”, comentó.
“Los estados que se verían más afectados son los que enfrentan mayores condiciones de pobreza, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, así como los más endeudados: Veracruz o Chihuahua, ya que en ellos las condiciones de crecimiento y bienestar son menores”, detalló.
La investigadora de la UNAM enfatizó que las estrategias del gobierno federal deben ir encaminada a que los estados que viven en condiciones de pobreza y con alta deuda generen ingresos propios, canalizar su deuda a fines productivos, no recortar aún más el gasto e incentivar el crecimiento económico.
“La deuda no es mala si va dirigida a fines productivos y genera crecimiento; el problema es cuando ésta se usa ante la falta de liquidez o para refinanciamiento. Usada eficientemente no es un problema, es una herramienta importante de la política fiscal junto con el gasto público y el déficit”, concluyó.
