Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ser analizada y detectar el lavado de dinero que se hace en estas regiones.
El pasado 17 de octubre, el Cártel del Pacífico no sólo demostró su poder para liberar a uno de sus presuntos líderes: Ovidio Guzmán López, sino también que cuenta con recursos y bienes para desatar el caos en un estado como Sinaloa.
De acuerdo con el marco legal mexicano, muchas de las operaciones que se hacen para adquirir bienes como autos, joyas, inmuebles, deben de ser reportadas a la UIF, pero la estadística indica que la zona de poder del grupo criminal no representa un gran porcentaje sobre la información que recibe y analiza esta unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Según las cifras de la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— de los 299,021 reportes de operaciones inusuales detectadas en el sistema financiero que recibió de enero a septiembre del 2019, apenas 3.1%, es decir 9,338, se originaron desde Sinaloa, y el resto de entidades donde el grupo criminal tiene dominancia ni siquiera figura dentro de los 10 estados con más generación de este tipo de información.
Las operaciones inusuales son aquellas que no corresponden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes ante las instituciones financieras.
La Ciudad de México, que cuenta con 1,809 sucursales bancarias, es la entidad de mayor generación de este tipo de información con una participación de 30.1%, ya que de enero a septiembre del presente año se generaron 90,087 reportes de operaciones inusuales. Las seis entidades de dominancia del cártel suman un total de 1,686 sucursales bancarias, pero sólo Sinaloa figura dentro de las 10 entidades que generan más información de este tipo y que analiza la UIF.
La brecha se marca más respecto de las actividades vulnerables, como la venta de inmuebles, el comercio de vehículos y joyas, la fe pública, entre otros. Según la información de la UIF de septiembre del 2013 al mismo mes del 2019, de los más de 20 millones de avisos de actividades vulnerables que recibió la unidad en dicho periodo, apenas 4.2% se originó en los seis estados donde domina el cártel del Pacífico.
La UIF es la instancia nacional facultada para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, para diseminarlos y detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y, si se da el caso, presentar las denuncias correspondientes.
Actividades vulnerables, la falla
La detención de Ovidio Guzmán se dio en un fraccionamiento, donde hay propiedades ofertadas de 6 millones a 10 millones de pesos; para que la UIF reciba información de una operación de un inmueble, ésta debe de rebasar las 8,205 UMAS, es decir, 678,000 pesos.
Expertos coincidieron en que la labor de la UIF es fundamental para atacar las estructuras financieras de grupos como el cártel del Pacífico; sin embargo, indicaron que los sujetos obligados todavía no funcionan como deberían, en cuestión de proveer información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
“Hay muchas actividades vulnerables que ni siquiera se han registrado ante el SAT y si lo han hecho, no dan los avisos como corresponde. las actividades vulnerables no tienen ni la capacidad ni el conocimiento de generar un reporte cuando se tiene una operación de este tipo”, comentó Teodoro Briseño, director general de la consultoría Briupec.
Según lo detectado por la UIF, en nueve de cada 10 avisos que recibe por parte de las actividades vulnerables no se informa sobre algún riesgo de lavado de dinero, lo que para la unidad es una deficiencia normativa, porque estos sujetos no están obligados a enviar reportes de operaciones inusuales, como las instituciones financieras, y sólo se tiene un catálogo de alertas que pueden elegir al momento del envío de un aviso.
“Hay deficiencia en el reporteo de la información por parte de las actividades vulnerables, tienen el desconocimiento real de las disposiciones y de su cumplimiento; tratan de cumplir con su registro, pero no han adoptado la metodología de prevención de lavado, como en el sistema financiero”, explicó Antonio Nava, socio fundador del despacho NM Consultores.
Teodoro Briseño añadió que esta situación genera un desbalance sobre la falta de claridad de las operaciones que realizan los grupos delincuenciales y el actuar de la UIF. “La UIF actúa en contra de los delincuentes con base en la información que tiene y le reportan los sujetos obligados, lo que reportan las actividades vulnerables no representa una realidad sobre lo que pasa en estados como Sinaloa”, agregó Briseño.
Para Jorge Lara Rivera, exsubprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de la República, no hay una estrategia para poder cuantificar de manera correcta e identificar los activos provenientes del lavado de dinero.
“No ha existido una estrategia para poder cuantificar e identificar de manera correcta los activos que son objeto de operaciones de lavado de dinero. la única manera de poder remontar la crisis de seguridad, de violencia y de fuerza que tienen estos grupos es el debilitamiento de sus capacidades financieras y no se tiene ni la mínima información”, mencionó Lara Rivera.
Consultada al respecto, la UIF aseguró que sí ha solicitado el bloqueo de recursos al cártel de Sinaloa, incluidos a sus líderes; sin embargo, no dio más respuesta ante cuestionamientos de este medio.
El Economista
