Miguel Alfonso Meza
En las últimas semanas, Morena escribió otro capítulo en su historia de concentración de poder y destrucción de las instituciones mexicanas: el partido del presidente López Obrador, junto con sus aliados, operó un fraude en el Poder Legislativo para imponer a una presidenta a modo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Para lograrlo, violaron nuestra Constitución, pisotearon la soberanía de una Cámara del Congreso y borraron a los representantes de aproximadamente 4,000,000 de personas en el Senado; además, la ahora “presidenta” de la CNDH, Rosario Piedra, tuvo que mentir y cometer, por lo menos, un delito federal para llegar al puesto.
Anatomía del fraude
No es la primera vez que Morena viola la Constitución y la Ley de la CNDH (LCNDH) para imponer a Rosario Piedra Ibarra—militante, dirigente y excandidata para diputada federal de ese partido—como presidenta de dicha Comisión.
El Senado votó tres veces la terna en la que participó la militante morenista, con exactamente los tres mismos candidatos. Con ello, los senadores violaron la Ley de la CNDH, ya que debieron haber formado dos nuevas ternas: una diferente cada vez que no alcanzaron la mayoría necesaria en una votación.1 Es decir, Rosario Piedra compitió en dos votaciones ilegales,2 que les quitaron la oportunidad a algunos de los otros 54 candidatos que buscaban el puesto.
Peor aún, Rosario Piedra nunca debió competir por el cargo. Para fortalecer la autonomía de la Comisión, la LCNDH prohíbe que los dirigentes de partidos políticos sean presidentes de dicho órgano autónomo, a menos que hayan renunciado un año antes.3 Sin embargo, hasta el 24 de octubre de este año,4 Piedra seguía apareciendo como parte del Consejo Nacional de Morena, órgano directivo del partido.
Para llegar al puesto, la morenista mintió: presentó un documento falso ante el Senado, en el cual declaró, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido dirigente de partido en el último año, por lo que cometió el delito federal denominado “falsificación de documentos públicos”, el cual amerita de cuatro a ocho años de prisión. Además, cuando compareció ante el Senado, ocultó su dirigencia en el partido, lo cual podría constituir el delito de “declaraciones falsas ante autoridad”, que se castiga con cuatro a ocho años de cárcel.
Sumado a todas estas violaciones a la ley, mentiras y posibles delitos, un grupo de senadores ejecutó un fraude para imponer a su candidata. En la votación en la que, supuestamente, se eligió a Rosario Piedra, había 118 senadoras presentes, según el pase de lista del Senado. Con ese quórum, se necesitaban 79 votos para elegir una nueva presidenta de la CNDH.5 Ahora bien, a pesar de que sólo votaron 116 senadores—o sus representantes—, como se aprecia en la grabación del Canal del Congreso, todavía se necesitaban 79 votos: la Constitución es clara al establecer que se requieren dos tercios de los senadores presentes (118), y no de los que voten (116).6
Sin embargo, la Mesa Directiva hizo el conteo como si sólo hubieran estado 114 senadores presentes. Así, los morenistas lograron que los 76 votos que tenían fueran suficientes para designar a la presidenta de la CNDH, sin tener que alcanzar los 79 que en realidad requerían. En otras palabras, la Mesa Directiva borró arbitrariamente a cuatro legisladores en su conteo. Esto equivale a haber eliminado la representación en nuestra Cámara alta de 1.33 entidades federativas—cada una tiene tres senadores—o de más de cuatro millones de personas—por cada senador hay un promedio de un millón de habitantes—.
En nuestro orden constitucional, sigue sin haber una nueva presidenta de la CNDH. A Rosario Piedra no la eligió el Pleno de la Cámara de Senadores, único órgano facultado para ello; la impuso un grupo de senadores a través del fraude legislativo, que falseó e intentó sustituir la voluntad de su Pleno.
Ante todas esas irregularidades, el senador Ricardo Monreal anunció que se repetiría la elección. Sin embargo, cuando se sometió la decisión al Pleno—aunque no correspondía a este tomarla—, los senadores de Morena, junto con el PRI y otros aliados, votaron por no repetir la votación. ¿Por qué? Una hipótesis plausible es que el coordinador parlamentario, al darse cuenta de que no lograrían, por cuarta ocasión, los votos necesarios, decidió operar en contra de su propia propuesta.
Pero, ¿por qué la insistencia en poner a Rosario Piedra en la CNDH?
Silenciar a un vigilante
Capturar a la CNDH es una buena forma de silenciar a un vigilante, ocultar los abusos de poder y fortalecer las “verdades históricas” del gobierno.
La Comisión se encarga, entre otras cosas, de supervisar a la administración pública y su rendición de cuentas, investigar violaciones graves de derechos humanos y defender al pueblo a través de recomendaciones, denuncias y querellas.7 Idealmente, la “Defensoría del Pueblo” debería ser una figura incómoda para el gobierno, dedicada a señalar cada arbitrariedad, sacarla a la luz y acompañar a las personas que han sido víctimas de las autoridades.
Una CNDH morenista es todo lo contrario: una aliada de los poderosos. Una vigilante que no vigila, que no denuncia y que no defiende; en resumen, que no está del lado del pueblo. Y, aunque el funcionamiento pasado de la Comisión es criticable, en los últimos cinco años ha tenido una mejoría significativa. El establecimiento de una CNDH explícitamente partidista no implica el rompimiento con el pasado que este gobierno prometió: es, por el contrario, un grave retroceso.
Si ocurren graves violaciones de derechos humanos como Tlatlaya, Atenco o Ayotzinapa en este sexenio, la encargada de vigilarlo será una dirigente del partido involucrado. Sería como si un dirigente y excandidato a diputado federal del PRI hubiera sido el responsable de investigar y denunciar al gobierno de Enrique Peña Nieto, también priista, por esas atrocidades.
¿Podemos esperar una investigación imparcial e independiente de Rosario Piedra? ¿El descubrimiento de verdades incómodas que pongan en riesgo la estabilidad del actual gobierno? ¿El acompañamiento de víctimas para presentar denuncias penales y litigar en contra de la Guardia Nacional y el Ejecutivo de López Obrador, gran amigo de Piedra? Lo dudo.
La muerte de un contrapeso
Con la captura de la CNDH, el gobierno de López Obrador podría haber eliminado a uno de los mayores contrapesos de su gobierno. Una de las principales funciones de este organismo autónomo consiste en combatir las leyes que sean violatorias de derechos humanos a través de acciones de inconstitucionalidad. Así, puede lograr que dichas normas enfrenten un control de constitucionalidad, y que, en última instancia, sean invalidadas.
En los últimos cinco años, la CNDH ha impugnado gran parte de las leyes arbitrarias del gobierno, tanto a nivel federal como local. Mientras que Raúl Plascencia Villanueva—presidente de la CNDH entre 2009 y 2014— promovió sólo 24 acciones, Luis Raúl González Pérez—presidente entre 2014 y 2019— promovió 220 acciones.
El último ombudsman de México combatió la Ley de Seguridad Interior, la “Ley Chayote”, la reforma a la Ley General de Salud que permite el uso discriminatorio de la “objeción de conciencia”, así como distintas leyes locales violatorias del derecho a la consulta indígena o que prohibían el matrimonio igualitario, entre muchas otras. Sólo en este sexenio, la Comisión ha impugnado las siguientes leyes o normas generales:
• Ley de Remuneraciones;
• Ley Nacional de Extinción de Dominio;
• Ley de la Guardia Nacional;
• Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública;
• Ley Nacional de Registro de Detenciones;
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
• Ley Bonilla;
• Ley Garrote.
Sin embargo, con una presidenta morenista que controle a la CNDH, más el nombramiento que se viene de cinco de los diez consejeros que integran al Consejo de la Comisión—y que renunciaron en protesta contra el fraude—, el gobierno podría aprobar leyes arbitrarias que violen derechos humanos sin tener una ombudsperson que lo obligue a ir a juicio y enfrentar la Constitución. Así, el régimen de López Obrador avanza un paso más en la destrucción de sus contrapesos y, por lo tanto, de nuestro Estado de Derecho.
Miguel Alfonso Meza
Miembro del área de investigación y litigio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
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