“Andrés Manuel, no somos conservadores radicales, somos pueblos originarios e indígenas defendiendo nuestro derecho a la vida y al agua”, fue una de las consignas de las más de 400 organizaciones que se plantaron en la Cámara de Diputados para demandar su derecho al agua.
En el interior del recinto legislativo, el colectivo Agua para Todos –en el que participa Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba– entregó las 198 mil 129 firmas en favor de modificar la Ley General de Aguas, para que no sean las grandes empresas las que administren y aprovechen el líquido, sino los pueblos originarios.
“Esta iniciativa es necesaria desde 2014, para atender el mandato del artículo 4 constitucional, que pedía incorporar el derecho al agua, y por lo cual se tenía que modificar la Ley de Aguas Nacionales. Se debe garantizar la participación de la ciudadanía para la administración del agua”, dijo Óscar Monroy Hermosillo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El académico precisó que los diputados tienen la obligación de dictaminar en la presente legislatura, ya que no se trata de un parlamento abierto, sino que es por ley. “Juntamos las firmas, no la vamos a dejar en el cajón, vamos a estar insistiendo”, advirtió.
Las miles de rúbricas entregadas deben cumplir un proceso de validación en el Instituto Nacional Electoral (INE), y posteriormente volver al recinto legislativo de San Lázaro para su discusión y aprobación. De aprobarse con los diputados, se turnará a la Cámara de Senadores para su ratificación.
La defensora de derechos humanos de indígenas, Mayra Olivo Paz, consideró que con las regulaciones actuales, el 70% de la extracción de agua en los pueblos originarios está controlada por grandes empresas trasnacionales como Coca-Cola.
Dijo que el 30% de agua que está en manos de las comunidades indígenas se mantiene limpia y para uso exclusivo de la población.
Olivo también se lanzó en contra de la construcción del Corredor Transístmico de Tehuantepec y el Tren Maya, en el sureste mexicano, obras que “no cuentan con el aval de los pueblos. Se piensa que una consulta es sólo preguntar si o no, una consulta debe tener el consenso de la población que se verá afectada”.
Luego de ser recibidas en la Cámara de Diputados, las organizaciones fueron atendidas por una comisión de senadores, encabezada por Antares Vázquez Alatorre.
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