Aurelio Contreras Moreno
Los desplantes autoritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador son cada vez más recurrentes. Y en algunos casos, bastante riesgosos.
En medio de la pandemia y usándola como pretexto, el régimen lopezobradorista pretende realizar una trastada legal para modificar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación –a través de una reforma a la ley respectiva- y otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para reasignar, de manera unilateral, los recursos públicos.
Dicha iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –que será discutida en estos días- le confiere al Ejecutivo la atribución de modificar la asignación de recursos aprobada por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal en curso, sin más criterio a considerar que el del mismo gobierno.
Con esto, se reduciría a su mínima expresión el papel del Poder Legislativo, ya que el Ejecutivo –representado por el Presidente de la República- podría modificar con total discrecionalidad el presupuesto de egresos bajo el argumento de enfrentar emergencias económicas, cuyo proceso de declaratoria no es detallado en el documento enviado a la Cámara de Diputados la semana pasada.
De esta manera, las modificaciones presupuestarias –que en la conocida praxis lopezobradorista implican recortes a las áreas que el presidente no considera prioritarias- quedarían enteramente a criterio del Ejecutivo, desplazando al Legislativo de la toma de decisiones y dinamitando de un plumazo la de por sí endeble división de poderes actual en México.
No es ésta la única expresión autoritaria que hemos presenciado últimamente. Junto con un Decreto de (supuesta) Austeridad que mantiene intocado el millonario derroche gubernamental en los proyectos insignia del sexenio (tren maya, el “aeropuerto” en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas), el gobierno propuso planes de “apoyo” a empresas que resultan por lo menos insuficientes para contener los efectos del derrumbe económico provocado por la pandemia de Covid-19.
Así que organismos empresariales como el Consejo Mexicano de Negocios buscaron acceder a esquemas de financiamiento que les permitan sobrevivir a esta crisis. En ese contexto se inscribe el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana con el Banco Interamericano de Desarrollo para inyectar 12 mil millones de dólares anuales en créditos para unas 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Pues este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a este acuerdo. Y demostrando su ignorancia en estos temas, juró que su gobierno no se endeudará con el BID, sin tener idea de que se trata de un acuerdo entre privados en el que no hay recursos públicos de por medio.
Pero en una frase resumió la verdadera causa de su molestia por un acuerdo que ya había recibido incluso el beneplácito de la Cancillería y de la Secretaría de Economía: “no me gustó mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes (…). Ni que estuviéramos de florero”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de este lunes.
Como todos los megalómanos, López Obrador no tolera no ser el protagonista de todo. Y como ha demostrado invariablemente desde que asumió el poder, el “modito” que sí le gusta, el que le va mejor, es el autoritario.
Para muestra, su odio sin medida a la prensa que no lo adula.
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