La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este viernes (08-05.2020) la denuncia de que Venezuela carece de un “Estado de derecho” y vive “una grave crisis de derechos humanos”, en un informe sobre su frustrada visita al país.
El organismo con sede en Washington intentó realizar una visita a Venezuela entre el 4 y 7 de febrero, pero no pudo ingresar al país, por lo que decidió recabar información desde la frontera con Colombia.
Venezuela vive una grave crisis social, institucional y política, y el segundo mandato de Nicolás Maduro no está reconocido por más de 50 países que consideran como presidente interino al líder del Parlamento, Juan Guaidó.
En el informe, la CIDH reiteró su rechazo al impedimento a entrar al país y señaló que “es propio de regímenes autoritarios denegar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos”.
Tras la misión, la Comisión concluyó que el Estado venezolano ha vulnerado “sistemáticamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, reunión y libertad de expresión”, actos que ocurrieron especialmente en el contexto de las manifestaciones opositoras.
La CIDH, con sede en Washington, señaló que le parecen “especialmente preocupantes los ataques y la persecución contra las y los diputados opositores de la Asamblea Nacional”.
Además señaló que “se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo y letal de la fuerza”. Según la ONU, casi cinco millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015.
Entretanto, los dos militares retirados estadounidenses bajo arresto en Venezuela por una fallida “invasión” al país fueron imputados este viernes por terrorismo, mientras el gobierno de Nicolás Maduro radicaliza sus acusaciones contra Juan Guaidó y su mayor aliado, Estados Unidos, aunque aún no hay cargos contra el líder opositor.
Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, enfrentan cargos por “terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación [para delinquir]”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una declaración transmitida por la televisión estatal. El delito de terrorismo, según la ley venezolana, es castigado con penas de entre 25 y 30 años de cárcel.
