La defensora

Sergio Aguayo

La semana pasada, Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se rebeló públicamente contra el decreto de austeridad. Las autoridades atendieron el reclamo a las pocas horas, mientras que las organizaciones de víctimas se dividían en torno a la titular. Algunas la respaldan y otras, piden su remoción.

A las 9:30 a. m. del 2 de junio de 2020, la CEAV subió a su cuenta oficial, el boletín número 22, en el que informaba que por “las medidas de austeridad”, la institución paralizaría “su funcionamiento”. Habría consecuencias nocivas. Entre otras, perder el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) con un total de 34,215; suspender la atención a las 7,200 víctimas que atiende cada mes y consecuentemente suspender el pago de “los abogados que litigan los 453 juicios de amparo” y los 46 juicios laborales interpuestos en contra de la CEAV.

Bastaron cinco horas para que la secretaría de Gobernación -de la cual depende la CEAV- aclarara: “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas”. Minutos después, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, precisaría en su cuenta personal: tendrán “los recursos suficientes [,] independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen”. El presidente y la CNDH bordaron sobre el mismo punto, demostrando que cuando ciertas políticas enfrentan resistencias, hay posibilidades de rectificación. En el México priista, quien se indisciplinaba o movía, no salía en la foto; en el México de la 4T, hay que moverse para ser atendido.

La restauración del presupuesto de la CEAV no atiende el problema de fondo. México es un país de víctimas ignoradas y mal atendidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació en 1990 y a los pocos meses, inició un programa para buscar a los desaparecidos de la Guerra Sucia (las cifras oscilan entre los 500 y los 1,500). Al poco tiempo, arrumbaron los expedientes que se quedaron acumulando polvo durante una década. La mayoría de las familias siguen esperando resultados: verdad, justicia y reparaciones.

La CEAV aparece en 2014, en respuesta a las movilizaciones de los afectados por la violencia criminal. La devastación ha sido enorme; según la Comisión Nacional de Búsqueda, los desaparecidos superan fácilmente los 60 mil. Incapacitada para cumplir con el objetivo de entregar verdad y justicia, la CEAV puso el acento en el reparto de ayudas económicas de diverso tipo. Un problema adicional son los centenares de demandas exigiendo reparaciones. En síntesis, la CEAV está rebasada.

Sigue entonces que, además de restaurarle su presupuesto, Gobernación debería organizar un programa urgente para ayudarla a enfrentar los litigios que la tienen contra la pared. Después debería insistir en la construcción de un acuerdo nacional, para elaborar una respuesta integral de atención a las víctimas heredadas, a las que se suman cada día y a las que seguirán llegando. La violencia no amaina y pronto llegarán a la CEAV los reclamos de las víctimas del coronavirus en contra de las instituciones del Estado. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho planteamientos que podrían servir de punto de partida para esta solución integral. Es urgente atender al coronavirus y a las víctimas.

La rebelión de la directora de la CEAV ilumina otro problema estructural que también compete a los gobiernos de los estados. México tiene una gigantesca red de organismos públicos de derechos humanos. Durante décadas, los partidos los han tratado como posiciones a negociar y repartir. El resultado es que los titulares de un buen número de ellos, carecen del compromiso necesario para ponerse del lado de las víctimas, en las negociaciones con el Estado. Son cargos con enorme desgaste.

La experiencia de Mara Gómez lo demuestra. La secretaría de Gobernación la nombró y luego la abandonó a su suerte, siendo que es una institución que necesita ser apoyada por otras dependencias del Estado, para poder dar respuesta a las enormes exigencias de los colectivos de víctimas, justificadamente irritados por la espera. Al rebelarse contra la austeridad, la titular de la CEAV puso su cargo en riesgo. No basta con restaurarle el presupuesto. Las víctimas quieren verdad, justicia, reparaciones y garantía de no repetición. En suma, una verdadera transformación.

@sergioaguayo

El Siglo de Durango