La entrega de apoyos a la población por parte del crimen organizado es una práctica añeja, sin embargo, no se trata de actos desinteresados o con sentido social. Por el contrario, se trata de una estrategia para ganar su favor y construir una base social como mecanismo de protección frente a las autoridades u otros grupos criminales. Es decir, el objetivo es comprar lealtades para garantizar la colaboración de las comunidades a partir de la desigualdad social.
Ilustración: Estelí Meza
Lo cierto es que no se cuenta con estimaciones acerca de la dimensión de los apoyos o la cantidad de comunidades beneficiadas debido a que tienden a ser discretos. Sin embargo, en 2004 uno de estos eventos recibió por primera vez cobertura de los medios periodísticos, cuando colaboradores de Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo (CDG), organizaron festejos por el día del niño en Reynosa y Valle Hermoso, Tamaulipas, así como en Piedras Negras, Coahuila. A ese año se le señala como el inicio de una “oleada de narcoviolencia” en el país, consecuencia del intento, por parte del Cártel de Sinaloa, de arrebatar al CDG la plaza de Nuevo Laredo.1
A partir de ese momento, algunas de las entregas de apoyo fueron públicas, pero nunca de forma tan abierta como lo que se ha presentado este año en el marco de la pandemia por COVID-19, en donde al menos ocho organizaciones criminales han repartido despensas en al menos 15 entidades federativas. Por ello consideramos relevante cuantificar y mapear los eventos públicos de entrega de apoyos por parte del crimen organizado desde 2004 a la fecha, mediante una consulta sistemática de fuentes hemerográficas en medios electrónicos, locales y nacionales, y el registro de cada evento en una base de datos.2
Encontramos que, en dicho periodo, los medios de comunicación dieron cuenta de 133 eventos diferentes de entrega de apoyos a comunidades por parte de organizaciones criminales, que abarcaron a 101 municipios de 18 entidades federativas. Destaca la alta concentración de casos en 2020: en menos de cinco meses se registraron 85 eventos que representan 56.7 por ciento del total, ocurridos en 64 municipios de 15 estados. Esto puede deberse al menos a dos factores. El primero es que las organizaciones aprovechan una ventana de oportunidad, ya que muchas familias en el país requieren ayuda en especie de manera urgente y el segundo, es que se trata de un proceso de contagio, en el que la entrega de despensas por parte de una organización propició que otras hicieran lo propio.
Fuente: elaboración propia
Como se puede observar en el mapa, son pocos los municipios con registro de entregas públicas de ayuda respecto al total de 2 mil 464; es decir solo ocurren en 4 por ciento de ellos. Sin embargo, puede presumirse que la cifra real de entregas y municipios es mayor, si la mayoría se entrega de forma discreta.
Los actos de apoyo se materializan de múltiples formas. La más reciente son las despensas en el marco de la pandemia por el COVID-19, pero en el pasado se han organizado festejos del Día del Niño, posadas, entrega de juguetes tanto en Navidad, como en el Día de Reyes, entrega de alimentos, muebles y enseres ante desastres naturales como sismos, huracanes, inundaciones o deslaves, así como fiestas patronales o incluso actos espontáneos como cuando, Servando Gómez, alias “la Tuta”, regaló dinero en las calles a los pobladores de Tumbiscatío Michoacán.
Fuente: elaboración propia
La entidad que concentra la mayor cantidad de entrega de apoyos entre el 2004 y el 2020, es Veracruz con 49 registros. Le siguen Jalisco y Tamaulipas con 15, Sinaloa con 13, Coahuila y San Luis Potosí con ocho, Guanajuato con tres, Aguascalientes, Estado de México, Morelos e Hidalgo con dos, así como Baja California, Colima, Guerrero, Oaxaca y Sonora, con uno.
Fuente: elaboración propia
El Cártel del Golfo es la organización más consistente en la entrega de apoyos de manera pública, con 28 registros distribuidos en varios años del mismo periodo de análisis; sin embargo, la organización con mayor cantidad de entregas registradas es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con 69 casos, que se concentran en los últimos dos años. En tercer lugar, se ubica el Cártel de Sinaloa y sus aliados (Gente Nueva y los Salazar) con 23 entregas, seguidos por los Zetas y sus sucesores el Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela, con seis; la Familia Michoacana con cuatro y los Caballeros Templarios, Cártel Santa Rosa de Lima, Los Viagras y el Cártel Independiente, todas ellas con uno.
Fuente: elaboración propia
Hemos de reiterar que, aunque un registro basado en notas periodísticas como el aquí presentado es una aproximación incompleta del fenómeno debido a la imposibilidad de calcular el universo posible de casos, nos permite detectar algunos patrones relevantes en la entrega de estos apoyos. Junto con otras estrategias como la protección, este tipo de acciones son provistas por los grupos criminales a cambio de colaboración, que van desde el silencio hasta la participación directa en actos delictivos de una buena parte de la población. El resultado es un imperio de violencia que se aprovecha de un sector de la sociedad abandonado.
El gran peligro es que es muy probable que las familias que recibieron la ayuda no tengan un apoyo similar de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, de tal forma que, en momentos de alta necesidad, el crimen organizado se hace presente en zonas donde los gobiernos están ausentes. Por tal motivo, urge revertir esta peligrosa tendencia que debilita el tejido social, normaliza la actuación del crimen organizado y que, en el peor de los casos, propicia entre la sociedad una “buena imagen”, de quienes, en realidad, son los principales generadores de violencia en el país y responsables de la muerte de miles de mexicanos.
Es necesario que todos los órdenes de gobierno se concentren en ofrecer oportunidades educativas, laborales y de salud en estas comunidades, al tiempo que implementan políticas públicas encaminadas a reducir la desigualdad y a garantizar las necesidades alimentarias de las mismas, sobre todo en el marco de esta contingencia.
Víctor Manuel Sánchez Valdés
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en seguridad pública.
Sara López Cerón
Investigadora de Causa en Común A. C., es etnohistoriadora, maestra en Antropología Social especializada en temas de derechos humanos, acceso a la justicia, violencias y seguridad pública.
1 Juan Alberto Cedillo (2018), “Tamaulipas es un hoyo negro”, Los Buscadores, Germán Canseco y Noé Zavaleta (Coords.), Ediciones Proceso, México, p. 167.
2 La base de datos puede ser consultada y descargada aquí.
