Uriel Flores Aguayo
Es claro que en ciertos ámbitos y niveles vivimos una marcada polarización en el debate público. Es una realidad que ha marcado tendencia y con signos de fortalecimiento. No parece posible que se detenga o, al menos, disminuya. Tiene su lógica y vida propia. Surge de tradiciones muy arraigadas en nuestra cultura política y se relaciona con estrategias del poder; sus efectos hacen un círculo vicioso al generar respuestas similares de sus destinatarios: partidos, periodistas, organismos, líderes civiles, etc… En esa coyuntura nunca como ahora se prescinde con relativo éxito de los mensajes para privilegiar el señalamiento al mensajero; casi siempre ha sido así en nuestras deliberaciones publicas pero ahora ha aumentado en su personalización. Se busca descalificar al mensajero y obviar la veracidad e importancia del mensaje. Basta repasar ligeramente algunas de las polémicas más sonadas en los últimos meses para concluir que hemos retrocedido cualitativamente en nuestros debates públicos. Se retrocede cuando se olvidan las razones, cuando se agota el diálogo, cuando no se argumenta y cuando se omiten evidencias. Pasamos a un debate cuyo intercambio es erróneo e intrascendente. Es sumamente fácil pero inútil acudir a las consignas, a las declaraciones de fe y a los señalamientos personales. Es una trampa caer en ese circular y doloso intercambio de epítetos y ocurrencias. Pierde la transparencia en todos los sentidos, no se cultiva la tolerancia y nos detenemos en calidad democrática. Las palabras preceden o acompañan a los hechos. De dichos negativos pasamos con naturalidad a hechos negativos. Ese tipo de polarización que estamos viviendo es peligrosa en si misma, independientemente de sus efectos nocivos para la convivencia social. Las crisis que vivimos urgen liderazgos, opositores y ciudadanos responsables; que vean por el todo, por lo colectivo y sumen voluntades con mensajes y conductas de unidad, inclusión y tolerancia. No es juego. No se debe descuidar la cohesión social y la estabilidad de nuestro país.
En la tradición política mexicana se ha carecido de suficiente crítica y autocrítica. Han pesado más la subordinación y el seguidismo. Bastaba asumirse como heredero de la revolución para hacer lo que viniera en gana y pretender una supuesta superioridad moral y política sobre quién fuera. Por sus intenciones renovadoras o reformistas era en las izquierdas donde se impulsaban la crítica y autocrítica. Se partía de esas condiciones como actitud concreta ante el autoritarismo prevaleciente. Así se practicaba desde las pequeñas organizaciones testimoniales, también en los partidos menores que obtenían su registro legal hasta las grandes formaciones políticas que ascendieron a importantes espacios de poder legislativo y regional. Con el paso del tiempo y con la obtención de mayores cargos esos valores se fueron perdiendo, ganó terreno el pragmatismo, el rechazo a las ideas y la disciplina interesada. Las izquierdas partidistas en general se fueron vaciando de crítica y mucho más de autocrítica. Abandonaron esas cualidades que las hacían diferentes. Actualmente con Morena, que no se define como tal pero es considerada de izquierda, ocurre lo mismo, no se le observa una actitud cualitativamente superior al resto de partidos; no se conduce con sanas críticas y autocríticas. Es más, al no tener vida orgánica tampoco cuenta con los espacios para el debate interno, trasladándose al exterior pero más como reflejo de enfrentamientos grupales. La crítica debe cubrir ciertos requisitos para no confundirse con el ataque. La autocrítica es una actitud democrática básicamente. Sin ambas, ya sea Morena u otros partidos, afectan la vida pública pues su debate se vuelve intrascendente y superficial. Si la actividad política va a contribuir a la marcha democrática de México es indispensable, entre otros temas, que se privilegie el diálogo, la pluralidad, la tolerancia, la crítica constructiva y la valiente autocrítica. Son valores democráticos insustituibles con consignas y ocurrencias.
Recadito: es indispensable subir el nivel cultural en los ámbitos políticos locales.
