El secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social (SNLTSS), Armando Rosales Torres denunció que los trabajadores de la salud que laboran en la contención de la pandemia del Covid-19, enfrentan condiciones de precariedad laboral, al no contar con el equipo necesario, cuando contraen la enfermedad les escatiman el ejercicio de sus derechos y son objeto de hostigamiento si se atreven a denunciar esa situación.
En entrevista, el dirigente del SNLTSS, integrada por 5,000 empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que el personal médico sigue luchando con precariedad, con sus propios recursos, con carencias de material y medicamentos.
Laboran contra la apatía y la indiferencia de los directivos y por su vida”, denunció.
Para el dirigente sindical, tanto médicos como enfermeras siguen comprando sus equipos de protección personal, porque no tienen confianza en los que les proporciona el gobierno.
Dijo que en el IMSS siguen dándoles un par de guantes y una bata transparente y un gorro, cuando lo que necesitan son caretas con filtro KN-95 o PP2 que son los que funcionan mejor.
Por ello, la realidad es que los médicos y personal de enfermería siguen contagiándose y siguen muriendo. “Lo más delicado es que te contagias y te mueres y no hay un apoyo solidario de la institución”, dijo.
Rosales Torres aseveró que los trabajadores que se infectan con el coronavirus que provoca la enfermedad Covid-19 sufren “una jugarreta muy lamentable” de las autoridades del IMSS y del sindicado oficial, para negarles que sus casos sean considerados como riesgo producto de riesgo de trabajo.
“Les ponen muchas condicionantes. Según ellos, no creen que te hayas contagiado trabajando”. “Pues si estás en un hospital Covid, ¿cómo no te vas a contagiar?”.
Cuando eso ocurre, para empezar, quienes resultan contagiados están peleando por su vida y luego por hacer valer sus derechos laborales, pero el sindicato mayoritario, el Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) les ponen trabas para conseguir que sean considerados como riesgo de trabajo.
Armando Rosales Torres consideró que el mayor problema que se enfrentan los empleados en ese caso es que no les hacen pruebas o son realmente muy limitadas y no tienen forma de comprobar que enferman de Covid y se lo toman por otro padecimiento.
Explicó que eso tiene serias implicaciones porque implica pago de salario íntegro mientras se recuperan y, si mueren, no tienen acceso a ciertos beneficios o si quedaran imposibilitados para trabajar se reducirían considerablemente el monto de la pensión que recibirían.
Obligan a deslindar de responsabilidades a autoridades
Por otra parte, el líder sindical denunció que en el ISSSTE de Coahuila los empleados que son vulnerables ante la pandemia de Covid-19 y que debieran estar resguardados en su domicilio, están siendo presionados para firmar un documento en el que el trabajador se hace responsable si se enferma de Covid y deslinda a la institución de cualquier responsabilidad.
Según el documento, el personal firma “que no acepto la licencia médica que se me proporciona bajo mi propia responsabilidad, determinando seguir con mis actividades laborales (…) doy mi consentimiento para permanecer laborando bajo mi única responsabilidad, deslindando de toda responsabilidad a la institución…”.
Por otra parte, dijo que la primera emisión del llamado “Bono Covid” que anunció el gobierno federal para trabajadores del sector salud atacando la pandemia, sólo llegó a directivos y funcionarios del sindicato oficial.
Además, hasta ahora los trabajadores “tienen que estar mendingando” que se les reconozca el derecho a ese bono y les paguen ese riesgo.
Según el dirigente, hay trabajadores que tardan más de cuatro semanas en que les reconozcan y les den el bono, lo mismo que la aportación por concepto de infecto contagiosidad.
También denunció que se agudizó el terrorismo sindical. De hecho, consideró que su despido en días pasados fue por alzar la voz en contra de las violaciones a los derechos de sus representados.
Dijo que más de 64 personas han sido sancionadas por alzar la voz, desde una suspensión de sus derechos sindicales hasta su rescisión de contrato.
