Ricardo Raphael
Arturo Zaldívar está emplazado a combatir “el efecto corruptor” al que aludió cuando propuso liberar a Florence Cassez después de haber constatado los elementos contrarios a la presunción de inocencia que permearon su proceso criminal.
En 2013, la SCJN desafió al tribunal paralelo de la opinión pública que demonizó a esa mujer, mucho antes de que un juez emitiera su veredicto. El caso Cassez no es excepción. Con infinita frecuencia los tribunales paralelos se imponen sobre los tribunales jurisdiccionales mexicanos.
Son enemigos del estado de derecho porque sesgan la impartición de justicia creando un ambiente adverso a la valoración imparcial de la evidencia.
La consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los ex presidentes provocará el mismo “efecto corruptor”, ya que dará pie a la instauración de un tribunal paralelo que, sin importar las imputaciones o las pruebas, anulará el principio de presunción de inocencia que toda persona merece según el conjunto de derechos constitucionales que priva en nuestro país y que está respaldado por los sistemas Interamericano y de Naciones Unidas, a propósito del debido proceso.
Esta consulta viola un criterio clave del derecho internacional: “los jueces deben resolver sin restricción alguna y sin influencia alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas en el proceso judicial”.
Es inocultable que el tribunal paralelo erigido a partir de la pretendida consulta popular provocaría una indeseable interferencia mediática que pondría en riesgo de manipulación política el proceso valorativo de la denuncia en contra de los ex presidentes.
La consulta, tal cual está planteada, daría rienda al populismo punitivo que supone como culpables a aquellas personas juzgadas como tales por la mayoría, y que estima como irrelevante al derecho y todo cuanto los jueces tengan por decir.
Zoom: La calidad de la democracia está íntimamente ligada a la calidad de la justicia criminal. En consecuencia, los tribunales paralelos y el populismo punitivo son una amenaza que la SCJN está obligada a conjurar. Para combatir el “efecto corruptor” el máximo tribunal, debe calificar como ilegal la pretendida consulta popular.
