Un juez federal amparó a los proveedores y contratistas del gobierno del Estado respecto al decreto del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, que les imponía la obligación de someterse a un procedimiento para validar la deuda que tiene el Estado con estos.
Dicho amparo declara inconstitucional el decreto para la revisión de la deuda según Argel Humberto Aguirre García, titular de la firma Aguirre & Montoya Abogados en Xalapa.
“Si bien es cierto que es facultad constitucional del Gobernador del Estado velar por el uso correcto de los recursos públicos, esa facultad no puede estar por encima de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso de los gobernados (…).
“Ahí radica la importancia y la relevancia de este amparo, pues un juez federal, consideró que el decreto impone en los empresarios veracruzanos obligaciones adicionales a las que originalmente se habían pactado en sus contratos”, planteó.
De esta forma, en caso de que el Gobierno del Estado tenga elementos de prueba suficiente para acreditar que existen adeudos irregulares o fuera de derecho, es a las instancias jurisdiccionales, y no al mismo estado, a quien le corresponde determinarla.
“Lo que tenía que haberse hecho desde el principio era una revisión integral de cada uno de los contratos; el problema es que el gobierno del Estado se quiso ahorrar todo ese proceso y quiso hacer uno general en el cual metía a todos los empresarios.
“Hay algunos que tienen perfectamente comprobados sus adeudos y otros que no tanto, pero cada caso tiene que ser revisado de forma individual por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo; en este caso sería el Tribunal de Justicia Administrativa”, añadió.
Detalló que un grupo de empresarios emprendió esta acción legal logrando que se declarara inconstitucional el decreto del Ejecutivo que lo convierte “en juez y parte” al revisar y decidir los pagos a realizar.
Aguirre García reconoció que es probable que el gobernó estatal impugne la sentencia, sin embargo en su opinión es complicado que dicha revisión proceda.
Detalló que al interponer la demanda de amparo inicialmente el juez declaró que no era procedente la revisión de este tema, no obstante interpusieron un recurso de revisión y un Tribunal Colegiado ordenó que el juez conociera del asunto
“Este juez federal ya dio una sentencia favorable, por eso es difícil que haya un cambio, puesto que ya está el camino trazado por parte de un Tribunal Colegiado”.
De acuerdo con el abogado esta resolución termina por beneficiar a todos los empresarios proveedores y contratistas que reclaman pagos al gobierno, pues ahora corresponderá a cada uno acreditar su deuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
El abogado reconoció que esta resolución también podría retrasar los pagos y dejar este asunto a la administración del Cuitláhuac García Jiménez, ya que Yunes Linares concluye su bienio este primero de diciembre.
Pese a lo anterior subrayó que queda invalidada la revisión hecha por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) con la que según Yunes Linares el monto de pasivos a pagar se había reducido de 40 mil millones de pesos a una cifra mucho menor que nunca se oficializó aunque según algunos empresarios era de unos mil 700 millones de pesos.
Sociedad 3.0
