Los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista indicaron que se oponen a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “recoja”, el dinero de los fideicomisos y no solapar ningún acto de corrupción, de haberlo debe perseguirse conforme a derecho.
En un comunicado del Secretariado Técnico de la Alianza Federalista menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de manera insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista.
El Presidente dijo “están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.
De esta afirmación, dijeron, sorprende porque todos estos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos, y cuestionan “¿desde cuál calidad moral el gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción, cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?”.
Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del secretariado técnico sostuvieron: “la legislación vigente sólo prevé la extinción de un fideicomiso cuando estos constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso (cuando existan) conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción”.
Argumentaron que sería desproporcionado que se sancione al objeto y beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas. Por eso la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo consigna la extinción del fideicomiso cuyo objeto sea en sí mismo fraudulento.
Y en todo caso, la mayoría de los fideicomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del gobierno federal desde diciembre de 2018, y de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada.
Por ello, la Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley.
Indicaron que combaten las reformas que pretenden extinguir legislativamente 109 fideicomisos y de ser aprobadas por el Senado, lo hará por la vía de la controversia constitucional.
Citaron lo que dijo el presidente en la conferencia de este 14 de octubre: “Lo que está haciendo (Hacienda) es recoger ese dinero porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción”.
Señalaron que expresamente el presidente reconoce que se busca “recoger” el dinero de los fideicomisos antes de su extinción, la cual queda sujeta a que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dicten las reglas a aplicarse en un futuro indefinido, cuando la propia ley de la materia prevé — y la lógica aconseja– que la disposición de bienes o derechos del fideicomiso sea consecuencia de su extinción, no previa.
Por ello, los gobernadores de la Alianza Federalista hicieron un atento y puntual llamado al Senado de la República y lo extienden a todos los posibles afectados con la posible extinción legislativa de los fideicomisos y el “recogimiento” de sus bienes y derechos para que se impida que esta reforma se convierta en un daño irreversible.
El Economista
