Desconcierto político

La acción gubernamental no se consolida ni arroja los resultados esperados y el virus la ha puesto contra la pared. Cierto eso, pero también que -ante el desastre dejado por las anteriores administraciones- la opción no es, como más de un opositor cree y exige, regresar a lo que había.

Absurdamente, el debate se centra no en definir a dónde ir y cómo avanzar, sino a dónde regresar y cómo hacerlo. El pasado mediato o inmediato se plantea como el mejor futuro para quienes respaldan o resisten a la administración, mientras la polarización derrumba los puentes de entendimiento, siendo que -en el desencuentro- la sombra del peligro y la incertidumbre se cierne sobre el país como un presagio.

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En ese esquema, unos y otros se quejan de la politización de los grandes problemas nacionales, pero ambos reniegan de la política. Sólo quieren medirse en un torneo de fuerzas plagado de artimañas, cuando obviamente solos y por separado nomás no pueden.

En la neutralización de la acción, los bandos pretenden resolver el diferendo en las elecciones del año entrante, así como en los ejercicios de participación democrática subsecuentes, sobre todo, en la consulta para ratificar o revocar el mandato presidencial. Como si tiempo sobrara, en esa arena quieren recalibrar su respectiva fuerza y determinar quién es quién en el poder, quién manda.

Razón no les falta. A raíz del mazacote (la reforma) electoral realizado durante el peñismo -particularmente, en lo tocante a la homologación de la fecha electoral, la reelección y la consulta popular- la mitad del poder político de la República estará en juego en los comicios y, luego, a manera de ruleta rusa, la permanencia o no de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. Ahí, quieren resolver sus diferencias.

Si por la naturaleza de aquella reforma la disputa del poder estará sobre la mesa, la tensión generada en estos dos últimos años agregó ingredientes que harán de esos ejercicios una cuestión clave en el desenlace del sexenio. Aun así, la clase dirigente dentro y fuera del gobierno no deja ver auténtico interés democrático en cuidar con esmero de esos procesos.

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Ni el partido en el poder ni la oposición -casi en conjunto-, como tampoco los organismos de la sociedad, se inclinan por ensayar algo distinto. Quieren cambiar la correlación de fuerzas haciendo lo de siempre, encontrar una respuesta diferente sin replantearse la duda.

Morena proyecta alianzas con partidos satélites o personajes siniestros que, una y otra vez, han mostrado militar sólo en la causa de intereses particulares, no del interés nacional. Así, pillos con fuero -por no decir delincuentes con licencia- reaparecen como ángeles de la transformación. La incorporación en la anterior campaña de grupos y personalidades que, al final, restaron en vez de sumar, no dejó ninguna lección al partido en el poder.

A su vez, el priismo, el panismo y el perredismo resucitan en su versión electoral el pacto por México que concluyó en un impacto contra México, dejando una camada de extorsionadores y chantajistas que de aquella alianza hicieron la palanca para impulsar su ambición política o, al menos, engrosar su cartera. Esa es la oposición.

Y asombra que Sí por México festeje que esos partidos y personajes opositores se comprometan con su agenda. En esa lógica, los destructores del país serán sus reconstructores sin rendir cuentas de su anterior actuación. Ciertamente hay desechos reciclables, pero hay otros que no. ¿Por qué Sí por México buscó cobijo en quienes militaron contra México?

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Lo más asombroso es, sin embargo, la actuación y condición de los responsables de organizar, regular, controlar y arbitrar los comicios, así como las consultas populares.

Ir a unas elecciones de la dimensión de las entrantes con un tribunal fallido es dejar los cerillos a un pleno de pirómanos. En su desempeño, los magistrados electorales no han logrado acreditar la autonomía ni la independencia de su actuación, como tampoco la imparcialidad de sus decisiones. Han actuado como apéndice del Ejecutivo en turno y, en el colmo de sus desatinos -la incapacidad de armar su propia elección-, ahora han colocado al frente del Tribunal a José Luis Vargas, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera -conforme a la nota de Reforma- por inconsistencias en su declaración patrimonial; no checan los egresos con los ingresos.

Es sentido lato y expreso, ¿cuánto van a costar sus resoluciones?

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Por su parte, el instituto electoral, en vez de restar grado de dificultad a las elecciones, les agrega complicaciones.

No se concentra en lo básico, le suma vallas a un proceso de enorme complejidad. Nada han planteado los consejeros si, como parece, la epidemia contagia al proceso y es menester realizar la campaña a través de plataformas digitales o instrumentar el voto a distancia.

Poco se dice al respecto, pero eso sí, ya iniciado el proceso electoral y en contradicción a lo establecido por la Constitución, el instituto modificó los términos de la competencia añadiendo condiciones de paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales y limitaciones a quienes, habiendo cometido actos de violencia de género, se pretendan postular.

La intención es buena, el momento malo y la invasión de la esfera legislativa por parte de los consejeros a través del fijamiento de criterios es un exceso.

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Resolver el desenlace del sexenio a partir de viejas prácticas y el descuido de la organización y el arbitraje de las elecciones y las consultas populares, en vez de zanjar, puede profundizar la duda nacional. Por lo pronto, el desconcierto ahí está.

Sólo a Manuel Bartlett le da risa ver a la gente con el agua hasta el cuello.

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