Senado aprueba reforma judicial

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Con 83 votos en favor de Morena y algunos senadores del PRIPAN y PRD, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la polémica reforma judicial elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo propósito es combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial y acabar con la impunidad.

Algunos de los senadores de oposición a favor fueron Miguel Ángel Mancera (PRD), Sylvana Beltrones (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Eruviel Ávila (PRI), Lily Téllez (PAN), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) y Manuel Velasco (PVEM), entre otros.

Algunos de los senadores que votaron en contra fueron Emilio Álvarez Icaza (Independiente); Juan Zepeda (MC); David Zepeda (PAN); Guadalupe Saldaña (PAN); Patricia Mercado (MC); José Alberto Galarza (MC) y Dante Delgado (MC).

El dictamen aprobado aseguró que se consolidará una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición, y se limitará la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.

Se establecerán políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.

Aseguró que habrá un reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, y un impulso a la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad resultaría velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Indicó que se fortalecerá el Instituto Federal de la Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.

En tribuna, el senador de Morena, Germán Martínez, presentó un voto particular, porque aseguró que con esta reforma la justicia sigue lejana. “Nosotros estamos dejando pasar hoy una oportunidad para poner un verdadero régimen de designación de jueces transparente, limpio, imparcial, profesional, meritocrático. Ni siquiera tocamos a los jueces electorales, ni siquiera tocamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, aseveró.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que esta reforma marcará a los legisladores ante la ciudadanía, porque “el cargo dura seis años, pero el desprestigio puede durar toda la vida”.

Argumentó que esta reforma debilita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empodera al presidencialismo. “Esta no es la reforma democratizadora del Poder Judicial (…) Esta reforma va en contra, específicamente, de algunas de las recomendaciones que hace el relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados. Una reforma que no consolida el servicio profesional y esta reforma no lo hace, lo contrario (…) Se debilitan las condiciones que tienen estados y municipios para presentar controversias”, sostuvo.

Dijo que con todo ello “lo que estamos viendo es la centralización y la concentración del poder”.

Por su parte, Dante Delgado estimó que “es una reforma antifederalista, con la que se corre el riesgo de cancelar la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios presenten controversias constitucionales a decisiones que afectan sus competencias principalmente en materia fiscal”. Argumentó que la controversia constitucional es un recurso que no debe borrarse de un “plumazo”, y aunque se realizaron precisiones en ese rubro, “eso no es suficiente para salvaguardar esta figura de defensa constitucional”.

El senador José Ramón Enríquez, de Morena, se pronunció porque “terminemos con Poder Familiar de la Federación y construyamos Poder Judicial de la Federación”.

El perredista Miguel Ángel Mancera dijo que “estoy seguro que es un avance” sobre reforma al Poder Judicial, mientras que la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), dijo que con esta reforma se quiere dejar indefensos a municipios.

El dictamen aprobado convertido en minuta a la Cámara de Diputados para su estudio.

El Economista