Jorge Fernández Menéndez
Otra vez, el presidente López Obrador habló de un golpe de Estado. Ahora dijo que si el INE no le permite continuar con las mañaneras (donde suele violar las normas electorales) sería el equivalente a “ejecutar un golpe de Estado” en su contra. Hace unos días, dijo que la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio era “un atentado contra la democracia”. En diciembre del 2019 dijo que su régimen “no caería como el de Madero”, que “no lo derrotaría un golpe de Estado”. En marzo del año pasado, sostuvo que “los conservadores querían un golpe de Estado” que por eso no querían una consulta sobre su continuidad en el gobierno.
Casualmente en noviembre de 2019 habló de golpe de Estado cuando se quería prolongar, en obvia violación a la Constitución, el mandato de Jaime Bonilla en Baja California, lo que el pleno de la Suprema Corte rechazó por inconstitucional. Volvió a hablar de golpe de Estado cuando no se le permitió hacer lo consulta sobre revocación de mandato al mismo tiempo que los comicios de junio. Hoy vuelve a hablar de un golpe de Estado cuando lo que está en la mesa de debates es la prolongación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
No hay ambiente de golpe de Estado ni hay quien lo esté proponiendo ni mucho menos las Fuerzas Armadas están por esa labor. No se puede salir con el intento de golpe de Estado, con la comparación con Madero, con los atentados contra la democracia, cada vez que alguna instancia, o algún personaje, no está de acuerdo con el Presidente. A quienes nos ha tocado vivir de cerca los golpes de Estado de Centro y Sudamérica, sabemos qué es un golpe de Estado, y la dramática desproporción entre lo que se proclama y la realidad.
Lo que habría que aceptar es que cuando se viola la ley no hay margen para los objetivos que se propone la 4T, como lo es, por ejemplo, la insistencia en que se le otorgue el registro a Félix Salgado Macedonio, lo que se inscribe ya casi en un capricho del poder.
Félix no tendría que haber sido candidato después de los cuestionamientos sobre violencia sexual en su contra. Pero hay otros temas que también tendrían que haberlo impedido. Fue terriblemente cuestionado cuando fue alcalde de Acapulco porque se lo acusó de haber permitido el ingreso del narcotráfico al puerto.
No sé si tuvo esas relaciones, aunque existen testimonios al respecto, pero recuerdo que iniciado el sexenio cundió el enojo, no querían ni reunirse con él, en las Fuerzas Armadas porque se designó a Félix presidente de la Comisión de Defensa del Senado, y éste nombró como secretario técnico de la comisión a Saúl López Sollano, quien fue miembro de las guerrillas en Guerrero en los setenta, donde era conocido La Bruja. Estudió durante algunos años en la Universidad Patricio Lumumba, de la entonces Unión Soviética, donde recibió también preparación política y armada; y formó parte del Ejército Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. En la izquierda guerrerense, según fuentes militares, se lo identifica en realidad como un militante vinculado al EPR. López Sollano es responsable del análisis y evaluación de los ascensos de militares y marinos, entre otras funciones que contempla la Secretaria Técnica de esa comisión del Senado.
No sé tampoco cuál es la insistencia de promover su candidatura. El presidente López Obrador quería una encuesta al respecto y ya se publicó ayer una en El Financiero: el 42 por ciento aprueba la decisión del INE de quitarle la candidatura a Félix y sólo 27 por ciento la rechaza, el 47 por ciento consideró que el INE actuó en forma imparcial en este caso. El 60 por ciento criticó la declaración de Félix de que si él no era candidato no habría elección en Guerrero.
Legalmente, la reclamación tampoco se sostiene. Ahora Félix asegura que sí presentó informes de precampaña, pero que fue Morena el que no lo entregó al INE. Pero durante semanas, tanto el candidato como Morena insistieron y declararon públicamente que no hubo precampaña y que por lo tanto no tenían que entregar ese informe. En la propia sesión del INE el representante de Morena insistió en ello. Ahora resulta que no, que sí hubo precampaña, que sí se hizo informe, pero que alguien en el partido olvidó entregarlo.
Demasiado costo para tan poco candidato.
LOS MINISTROS Y LA PROLONGACIÓN
Se ha extendido la demanda de que los ministros de la SCJN y el propio ministro presidente hagan pública su opinión sobre la sorpresiva prolongación de mandato de Zaldívar y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El tema, recordemos, está ahora en manos de la Cámara de Diputados. Si hicieran una declaración pública sobre el tema cualquiera de los ministros al respecto, a favor o en contra, podrían quedar impedidos de participar en una votación sobre el tema, mismo que de ser aprobado terminará inevitablemente en manos de la propia Corte, que ya ha votado en contra de la prolongación de mandato aprobado por el congreso de Baja California del gobernador Jaime Bonilla.
Excélsior
