Jorge Fernández Menéndez
Lo ocurrido en Reynosa el sábado pasado no debe leerse como un hecho excepcional, como un ataque que se aparta de la lógica que vive el país en torno a la violencia generada por el crimen organizado. Al contrario, es una expresión más violenta, más desalmada si se quiere, pero es lo que se vive todos los días, simplemente llevado a un extremo.
No es demasiado diferente a lo que sucedió año y medio atrás en Bavispe, en la frontera entre Chihuahua y Sonora, cuando fueron emboscados y asesinados las mujeres y niños de la familia LeBarón, o de lo que ocurrió esa misma noche de sábado, cuando sicarios irrumpieron en un baile en Monterrey y dejaron tres muertos y numerosos heridos entre la concurrencia, o lo que sucedió el lunes en Guanajuato, donde fueron asesinados siete hombres dentro de un taller mecánico.
Pero hay otra norma: en ninguno de estos casos hubo una reacción a tiempo de las autoridades. En Reynosa, muchos minutos después de que comenzaron las agresiones, se llegó a detener un vehículo (en el que, por cierto, los sicarios llevaban a dos mujeres secuestradas y amordazadas en la cajuela) y el resto de los agresores escaparon, lo mismo que en Monterrey o Guanajuato. No importa dónde, la norma sigue siendo la impunidad, mientras en los tres niveles de gobierno se responsabilizan, vía comunicados, mutuamente de los hechos. Con todo, lo sucedido en Reynosa tiene otras implicaciones: el ataque ocurrió a unos cientos de metros de la caseta fronteriza, muy cerca del concurridísimo paso entre Reynosa y McAllen, un sábado a las 14:30 horas, uno de los horarios de mayor tránsito en esa zona.
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Si después del ataque a la familia LeBarón en Estados Unidos se habían encendido las alertas y el entonces presidente Trump comenzó a hablar de narcoterrorismo con todas sus repercusiones, incluyendo el que se incorpore a los grupos del narcotráfico mexicano en las listas de terroristas internacionales (lo que entre otras consecuencias permitiría que, bajo esa calificación, Estados Unidos pudiera considerar intervenir directamente para acabar con esas amenazas, como ocurrió por ejemplo con la muerte de Bin Laden, realizada sin autorización de las autoridades de Pakistán, para acabar con un hombre al que consideraban, con razón, una amenaza a su seguridad nacional), ahora la administración Biden parece tener ese tema más en la agenda que nunca antes.
Las repercusiones son más directas: abrir la frontera se sigue postergando, con costos económicos muy altos para quienes viven en toda esa región. No es casual que hayan estado en México en días pasados el director y el subdirector de la CIA, la vicepresidenta Kamala Harris, y el secretario del Homeland Security, Alejandro Mayorkas. La seguridad en México ha pasado de ser un tema de la agenda externa a formar parte de la agenda interior de la Unión Americana.
Porque no estamos hablando sólo de drogas, con todo el peso que tiene el tráfico particularmente de opiáceos, como el fentanilo (por cierto, de mayo a mayo pasados en la Unión Americana hubo 80 mil muertos por sobredosis de opiáceos), sino también la trata de personas, el feminicidio y la violencia sexual, tres temas, sobre todo el primero, que están en el centro de la agenda del gobierno de Biden.
La trata de personas informó apenas esta semana la secretaria Rosa Icela Rodríguez, creció en un 47 por ciento en mayo pasado. Los feminicidios crecieron un siete por ciento, las violaciones un 30 por ciento. Mayo fue el mes más violento del año: hubo dos mil 963 asesinatos, en cinco meses de este 2021 llevamos 14 mil 243 muertes violentas.
En medio de todo esto, nada más y nada menos que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien nadie podría criticarle sus credenciales de izquierda y su genuina amistad con México, denunció la profunda preocupación de esa institución global por la violencia en el pasado periodo electoral en nuestro país, donde la ONU contabilizó más de 90 muertos y centenares de agresiones e incidentes, relacionados con las campañas electorales.
Un ejemplo: apenas el lunes fue detenido el jefe de la policía de Valle de Bravo, en el Estado de México, acusado de ser parte de las organizaciones criminales que operan en la zona, a las que les proporcionaba información. Se lo considera responsable del secuestro y amenaza a la candidata del PRI en ese municipio para que abandonara la campaña, lo que, por supuesto, hizo.
Ésa es la agenda real que se debe atender. Ésa es la dimensión real de un desafío que hace mucho dejó de estar concentrado en algunos estados o regiones. Es absurdo que estemos debatiendo sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, cuando es evidente que, más allá de los instrumentos utilizados, lo que no funciona es una estrategia de seguridad que lo único que ha logrado hasta ahora es empoderar a los grupos criminales sin que haya una reacción del Estado mexicano equivalente a las acciones que esos grupos cometen diariamente.
Excélsior
