Jorge Fernández Menéndez
Sí, la declaratoria de inconstitucionalidad de dos artículos que prohibían el consumo de mariguana es un muy importante avance en las libertades individuales y el derecho de decidir. Pero no nos engañemos: ni se ha liberado el uso lúdico de la mariguana ni tampoco se acabaron los castigos penales por su consumo, mucho menos para su producción, distribución y comercialización. Menos aún existe atisbo alguno de poder avanzar en lo que resultaría más interesante en todo este tema:la capacidad de generar una producción industrial de la mariguana y el cáñamo.
La resolución de la Corte, traducida en unas pocas líneas, lo que hizo fue abrir una puerta, la puerta del autoconsumo y la autoproducción. Eso quiere decir que una persona mayor de edad puede consumirla, sin afectar a otros o menores, en espacios cerrados particulares. Pero, más importante que eso, esa mariguana que consuma debe ser autoproducida, porque, insistimos, no está permitida ni la producción ni la comercialización ni la distribución.
La SCJN despenalizó el consumo, pero todas esas otras actividades están prohibidas en el Código Penal e, incluso, el consumo tiene múltiples condicionamientos y penalizaciones. Aun con la actual norma, la mariguana sigue siendo considerada un sicotrópico.
Se dice que los permisos y la semilla para la autoproducción serán entregados por la Cofepris que debe, además, elaborar un reglamento en torno a lo decidido en la Corte. Pero lo que se necesitaría es, por lo menos, una ley, y el Congreso no se ha podido poner de acuerdo en estos años para elaborar una ley mínimamente coherente: lo que se aprobó en el Senado es diametralmente diferente a lo que aprobaron los diputados. Por eso y por la imposibilidad de compatibilizar ambas iniciativas, fue que el tema regresó a la Suprema Corte, que no es la primera vez que decide en el mismo sentido sin que el Congreso avance en una legislación.
Y a todo eso hay que sumarle la política. En Palacio Nacional no están en absoluto conformes con la legalización de la mariguana. Más allá de que haya sectores en Morena que lo apoyen, ésa nunca ha sido la agenda del presidente López Obrador y si, además, como sucede, la legalización no goza de las mayores simpatías populares, es evidente que no se hará mucho para tener unas normas claras y transparentes sobre el tema. Cuando el martes el Presidente sostuvo que si la legalización no funcionaba, y si no mejoraba la seguridad, propondría una nueva legislación para enmendar lo resuelto, estaba exhibiendo ese descontento.
Porque, además, seamos absolutamente claros: la despenalización del consumo lúdico de la mariguana puede ser, es, una decisión que va acorde a los tiempos, que amplía el marco de las libertades individuales (y estoy convencido de que es así), pero que nadie diga que ayudará a mejorar la seguridad pública, menos en el esquema actual. El crimen organizado hace ya mucho tiempo que no tiene a la mariguana como eje de sus actividades, pero incluso con el esquema vigente aumentará el narcomenudeo, por la sencilla razón de que al aprobar, con limitaciones, el autoconsumo, pero plantear sólo la posibilidad de autoproducción, y mantener prohibida la producción, comercialización y distribución, lo que ocurrirá es que habrá “productores” ilegales que aprovecharán esa circunstancia para abastecer a quienes quieran consumir.
Lo más incompresible es que, si la decisión es legalizar el consumo lúdico, no se permita establecer cadenas de producción, comercialización y distribución claras. Y que, por ende, no haya, como destacó la ministra Yazmín Esquivel, ninguna utilidad fiscal en todo este proceso. La mariguana se ha legalizado en muchos estados de la Unión Americana y en algunos países por dos razones: derechos individuales y recaudación fiscal. Aquí garantizamos el primero menos que a medias y despreciamos el segundo.
No quisiera ser pesimista, pero si en las autoridades y el Congreso no hay voluntad política para establecer una clara y amplia normatividad sobre todo este tema, no sólo estaremos en un pantano legal, sino que, más temprano que tarde, habrá una notoria marcha atrás.
FAKE NEWS
Estoy absolutamente de acuerdo en que el gobierno federal o cualquier institución pública denuncie lo que considere noticias falsas. Está en su derecho. Pero eso implica explicar por qué lo son, decir que son fake news, por ejemplo, porque las desmintió un funcionario no las hace falsas.
Pero, más allá de eso, desmentirlas usando como argumento una catarata de adjetivos descalificativos sobre distintos medios y comunicadores, acusándolos de ser parciales y de estar al servicio de exgobiernos es, a todas luces, un exceso.
Peor aun cuando quien aparece como la voz del desenmascaramiento de las fake news es una funcionaria pública de comunicación social de la Presidencia de la República que, además, trabaja en La Jornada de Oriente, en Puebla, es pareja de un dirigente y candidato de Morena por el que hace campaña y se declara AMLOVER en sus redes sociales. Todo eso es legítimo, pero cualquiera diría que no se puede presumir de independencia y objetividad si se manejan simultáneamente las redes de un medio de comunicación, se hace campaña por un partido y se trabaja para la Presidencia de la República.
Excélsior
