Jorge Fernández Menéndez
Resulta desconcertante que el presidente López Obrador, confrontado con los propios datos oficiales del gobierno federal, sostenga que él tiene otros datos, más aún cuando estamos hablando nada más y nada menos que de las personas fallecidas por covid o de los asesinatos generados por la inseguridad.
Como le gustaba repetir a Barack Obama, podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener otros hechos, otros datos. No hay realidades ni datos alternativos y cuando el Presidente rechaza la información, los datos duros, que su propio gobierno genera, lo único que se profundiza es la desconfianza.
No hay forma de argumentar que hay una mejora en la seguridad pública. Incluso jugando con las cifras a conveniencia, lo único que se logra es una disminución de dos por ciento en el número de asesinatos, una cifra insignificante, sobre todo cuando tomamos en cuenta que estamos ya a la mitad de la actual administración.
El domingo 4 de julio hubo 115 asesinatos, fue uno de los días más violentados del sexenio, mayo fue el mes con mayor número de asesinatos y junio lo superó. En julio vamos por el mismo camino. Como decíamos aquí el viernes, lo cierto es que en 2018 hubo 34 mil 200 homicidios; en 2019, 36 mil 600; en 2020, con todo y confinamiento, 34 mil 500 y entre enero y mayo poco más de 15 mil. No hay disminución alguna respecto al final del sexenio pasado.
Sí ha habido avances en algunos delitos, sobre todo en el secuestro y el robo a casa habitación, aunque nadie conoce en realidad la cifra negra, pero siguen al alza, entre otros, los feminicidios, la extorsión, el robo al auto transporte y en carreteras. No es verdad que no ha habido masacres: apenas en junio se contabilizaron diez, incluyendo la de Reynosa.
La historia de los cárteles en el país tampoco puede usarse como una simple herencia sexenal. El narcotráfico en México nació décadas atrás, es un problema endémico y de la misma forma en que fracasaron (y también tuvieron algunos éxitos importantes) otras administraciones, es evidente que, con base en los datos oficiales, el gobierno de López Obrador, ya a mitad de su gestión, no tiene avances significativos. Menos cuando ello se quiere medir por el nacimiento o no de nuevos cárteles.
En los años 80 teníamos un cártel hegemónico, el de Guadalajara (que provenía de Sinaloa), que encabezaba Miguel Ángel Félix Gallardo, con una gran penetración de autoridades locales y federales, sobre todo en lo que era la Dirección Federal de Seguridad. El asesinato, en 1985, del agente de la DEA, Enrique Camarena, y el piloto Alfredo Zavala, ordenado por Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, detonó aquellos acuerdos y la estructura de aquel cártel, sobre todo con la detención de Félix Gallardo en 1989.
Ese año, los jefes de las bandas que se habían desprendido de esa organización, convocados por Juan José El Azul Esparragoza, se reunieron en Acapulco y se dividieron el territorio nacional: con distintas bandas asociadas y en un acuerdo que se comenzó a romper apenas se estableció, se quedaron los Arellano Félix con Tijuana, el Cártel de Juárez (un verdadero holding) quedó bajo control de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y Juan García Abrego controlaba el Cártel del Golfo. Todo comenzó a cambiar cuando fueron derrotados los cárteles de Medellín y Cali, y los grupos mexicanos adquieren mucho más poder y las organizaciones colombianas, debilitadas, les comienzan a pagar con droga, en ese entonces con cocaína.
Pero en 1997 es asesinado Amado Carrillo Fuentes, poco antes había sido detenido García Ábrego, El Chapo Guzmán ya estaba preso desde 1993 y había caído también el Güero Palma, ambos, hasta entonces, del cártel de Carrillo Fuentes. Comenzó una reestructuración del mundo del narcotráfico que tiene un momento central con la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande en 2001. Para esa fecha son derrotados los Arellano Félix, pero irrumpen con inaudita violencia los Zetas, que se separan del Golfo. El Cártel de Sinaloa se rompe entre el grupo central que encabezan El Chapo, El Azul Esparragoza y El Mayo Zambada, y sus exsocios, los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez, que encabeza Vicente Carrillo, el hermano de Amado. Los Zetas, los Beltrán y los de Juárez se unen para combatir al Cártel de Sinaloa, que mantiene acuerdo de fondo con los grupos de Nacho Coronel, en Jalisco y con las organizaciones que van surgiendo en Michoacán, como la Familia. En Guerrero operan, para esa fecha, más de diez organizaciones enfrentadas entre sí, varias de ellas controladas por los Beltrán Leyva. Esa es la guerra que se detonó en 2004 y llegó a su punto más alto entre 2008 y 2010.
De esa guerra han sobrevivido dos grandes cárteles: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que nació tras la muerte de Nacho Coronel y que en principio fue creado para enfrentar a los Zetas. Los demás fueron derrotados, sobre todo los Zetas, por el Estado (y por sus rivales). Pero se han fraccionado en más de cien bandas, con distinto grado de importancia, que operan en todo el país.
Eso es lo que heredó la administración López Obrador. Pocas cosas significativas han ocurrido desde entonces, salvo el empoderamiento que se percibe en esos dos grandes grupos. El escenario es casi el mismo que en 2018.
Excélsior
