Una investigación exhaustiva, máxima transparencia y garantías de no repetición son algunas exigencias de las organizaciones civiles para el Estado mexicano tras las revelaciones hechas por la iniciativa internacional Pegasus Project sobre el espionaje masivo ejecutado por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En entrevistas por separado, representantes de Amnistía Internacional, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) explican los pasos a seguir en México en los terrenos legal y legislativo, y hablan de las respuestas esperadas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue en su momento blanco de la vigilancia ilegal.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, una de las organizaciones que coordinó el proyecto de investigación en la que participó Proceso, Edith Olivares Ferreto considera que, tras “el escándalo internacional” de que 50 mil teléfonos habrían sido blanco de espionaje, 15 mil de ellos en nuestro país, los ciudadanos deben exigir a la Presidencia de la República transparencia total sobre los contratos entre el gobierno y NSO Group, empresa israelí distribuidora del programa espía Pegasus.
Al Congreso de la Unión, continúa, se le debe pedir que legisle para evitar que estos hechos se repitan.
Ante las declaraciones del presidente López Obrador, sobre que su gobierno no espía, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional expone la manera de demostrarlo: “Haciendo público el contrato, ver el cierre del contrato, qué decía ese contrato, por qué la empresa NSO ha dicho que sólo vendía el programa para gobiernos y para vigilancia de terrorismo”.
Considera necesario conocer si la empresa israelí sabía del espionaje ilegal y cómo es que el gobierno de México cambió el propósito del programa de espionaje.
Olivares Ferreto anunció que Amnistía Internacional solicitará reuniones con legisladores; dice que la iniciativa internacional Pegasus Project evidenció que “requerimos un marco legislativo que nos asegure que esto no se repita, que no se utilicen estas herramientas de cibervigilancia para objetivos políticos, sino para los objetivos para los que fueron creados, para el combate al terrorismo y crimen organizado, en un contexto de legalidad”.
Proceso
