Salvador García Soto
La instrucción salió desde Palacio Nacional como una “prioridad” en estos momentos para el presidente López Obrador: la estructura nacional de los programas sociales del gobierno federal, tal y como ocurrió con las pasadas elecciones, tiene ahora que movilizarse para la promoción y el éxito de la próxima Consulta Popular para Enjuiciar a los Expresidentes que tendrá lugar el 1 de agosto. Para ello, se ha diseñado un “plan de movilización” a nivel nacional para garantizar la afluencia de participantes en las mesas receptoras, que es operado directamente desde la oficina del nuevo Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.
El plan consiste en que a cada uno de los 32 delegados federales de Programas para el Desarrollo se les ha ordenado convocar en cada entidad federativa a reuniones con todos los presidentes municipales de Morena, el PT y el PVEM. En esos encuentros, se les solicita a los alcaldes que, “por instrucciones del Presidente” comiencen a organizar una “movilización” de personas con miras a que participen en la próxima Consulta Popular, a fin de garantizar un “afluencia importante” a las 52 mil mesas de recepción que instalará el INE en todo el territorio nacional.
Alcaldes que han sido llamados a esos encuentros con los coordinadores de programas federales en sus estados, dijeron a esta columna que a cada municipio le están poniendo una “cuota mínima” de participantes para la consulta, que en algunos casos es de 300 mil, que tendrán que llevar y cumplir con su cuota el domingo 1 de agosto. Para ello les piden centrarse en los padrones de beneficiarios de los Programas del Bienestar del gobierno federal y promover directamente la participación de quienes reciben sus apoyos económicos y becas.
El objetivo, según lo que les piden los superdelegados a los alcaldes, es “alentar la participación” en este ejercicio histórico, que como no ha despertado suficiente interés de la ciudadanía, el Presidente no puede arriesgarse a que resulte un fracaso para su gobierno. De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, para que el resultado de la consulta sobre los ex presidentes tenga efectos vinculantes, se requiere la participación de al menos un 40% de los votantes registrados en la Lista Nominal de Electores de cada estado.
Eso significa que para que un “sí” a favor de la pregunta que se hará, tal y como quedó redactada por la Suprema Corte de Justicia, pudiera tener algún efecto o consecuencia legal, se requeriría que el 1 de agosto participaran al menos 37.2 millones de ciudadanos. En la pasada elección federal del 6 de junio, según los resultados oficiales del INE participaron poco más de 49 millones de mexicanos, equivalentes al 52.5% de la lista nominal de electores, en la que es considerada hasta ahora “la elección más grande de la historia”.
Y a pesar de la intensa promoción que se organiza desde el gobierno y desde las redes sociales y grupos afines a la 4T, en los que se invita a la gente a votar en contra de los expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicentes Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas y a favor de su supuesto “enjuiciamiento”, incluso con propaganda que muestra las imágenes de esos exmandatarios, la realidad es que en la boleta que cruzarán ese domingo los mexicanos que decidan participar nunca aparecen ni los nombres ni los actos, ilegalidades o delitos cometidos por esos exgobernantes.
Lo único que se lee en las más de 93.5 millones de papeletas que mandó imprimir el INE y que se repartirán en razón de 2 mil en cada una de las 52 mil mesas receptoras, es una confusa y cantinflesca pregunta que puede significarlo todo y a la vez nada: “¿Estás de acuerdo con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. A eso es los que responderán los mexicanos con un “Sí” o un “No” que podrá ser cruzado en la papeleta. Lo que de ahí derive y cómo se conectará con acusaciones concretas o denuncias penales contra los expresidentes, todavía es un misterio.
Las críticas al costo de la misma, 528 millones de pesos, tienen que ver no tanto con el ejercicio de participación ciudadana, que es histórico y constitucional, sino con la trascendencia y practicidad de la pregunta que finalmente se planteará a los ciudadanos.
Porque una cosa es lo que el Presidente ofreció desde que estaba en campaña y ahora promueven sus seguidores, la posibilidad de un juicio histórico a los expresidentes de México, y otra muy distinta lo que resultará de la pregunta concreta que se hará el 1 de agosto.
La primera es algo político e ideológico que funciona bien como distractor y como demagogia para quienes quieren creer la imagen onírica de que verán a Peña Nieto o a Salinas tras las rejas si salen a expresar su opinión, y la segunda es una respuesta a una pregunta cuyos alcances reales ni siquiera pueden aún definir los mismos ministros que la propusieron y redactaron, como el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Así que nadie se llame a engañado ni mucho menos a sorprendido. Quien quiera participar en la primera Consulta Popular constitucional que tendremos en la democracia mexicana está en libertad de hacerlo por las razones y motivaciones que considere. Lo ideal y lo deseable, en una democracia como la que se pregona en el discurso presidencial, es que quien decida hacerlo lo haga libre y conscientemente, aún cuando su expectativa pudiera sobre el resultado que tendrá su opinión, pueda no ser del todo real. También quien decida no participar, por las razones y motivos que considere, está en su derecho y no es ni más ni menos democrático o patriótico si decide no hacerlo.
Lo que no se sostendrá después de este ejercicio, sea cual sea su resultado, es un discurso maniqueo como los que suele tener el Presidente cuando se trata de temas de participación ciudadana y electoral: si la consulta sale bien y votan varios millones de personas (aún cuando díficilmente se llegue a la meta de 37.2 millones) entonces será un éxito político de la 4T; pero si sale mal o no hay una participación al menos significativa, (algo que se ve muy difícil porque en el escenario más pesimista se prevén al menos 5 millones de votos) entonces el fracaso será culpa del INE porque no quería organizar la consulta.
Todo apunta a que la organización de la Consulta Popular será un éxito y que, aún con un presupuesto de menos de la mitad del solicitado y que no fue autorizado por el Congreso, el INE cumplirá cabal y profesionalmente, con ayuda de los mismos ciudadanos que organizaron la pasada elección del 6 de junio, con este primer ejercicio de participación ciudadana y constitucional. Ojalá que quien tenga que asumir la realidad de un éxito o un fracaso, desde el punto de vista político y de nivel de participación, lo haga de manera clara y objetiva sin querer repartir culpas o apropiarse de todos los méritos.
Por lo pronto, a reserva de ver qué tanto efecto surten las campañas de promoción, tanto las oficiales que realiza el INE como las políticas que promueve Morena y los grupos de seguidores del Presidente, ya se verá qué tanto entusiasmo, expectativa o interés despierta esta Consulta entre la ciudadanía en general. Pero está claro que en la 4T no quieren exponerse a la idea de un fracaso y por órdenes directas de Palacio Nacional, están recurriendo a las mismas estrategias de “movilización” que se utilizaron en las recientes elecciones.
Alcanzar la meta de más de 37 millones de personas para un resultado vinculatorio, parece imposible, pero en la cantidad de personas que sean “movilizadas” desde el gobierno —“acarreadas” se diría en realidad— se volverá a medir la efectividad de la estructura lopezobradorista de programas sociales, que ya dio resultados en las pasadas elecciones, aunque no fueron del todo del agrado del Presidente que, por esas y otras razones, como la derrota estrepitosa en la CDMX, corrió a su antiguo operador político, el flamante senador Gabriel García Hernández.
Hoy su sustituto, Carlos Torres Rosas, tiene la encomienda de sacar a participar –“acarrear” se diría también— a los beneficiarios del Bienestar. ¿Será que la maquinaria del acarreo gubernamental que están activando con los alcaldes morenistas y aliados les dé para tanto? En todo caso ahí está otro tema en el que López Obrador no es para nada distinto a sus antecesores, sobre todo del PRI, si no hay interés ni votantes suficientes, muy sencillo, habrá que acarrearlos.
Tras su denuncia ante la FGR por la supuesta intervención del narcotráfico en las elecciones recientes en su estado, el gobernador Silvano Aureoles arribó ayer a Los Angeles a una “gira de trabajo” en la que, además de sus reuniones con migrantes michoacanos, planea acudir “a diversas instancias internacionales y medios de comunicación” en los Estados Unidos para hacer sus denuncias sobre la narcopolítica que favorece a Morena en su estado. Acá es claro que ni la FGR ni el Presidente se tomaron en serio las denuncias de Silvano a quien le atribuyen intenciones políticas de “vacunarse” contra posibles investigaciones de corrupción y desvíos en su administración que está por concluir. Veremos qué tanto ruido hace el tema en los medios estadounidenses y, sobre todo, qué tan en serio se toman sus denuncias en instancias como la CIDH o en una de esas ¿la DEA?…En el conflicto por la UDLAP, el patronato que tomó el control de esa universidad privada y que puso al político Armando Ríos Pitter como nuevo rector, está a punto de interponer denuncias en contra del ex rector Luis Ernesto Derbez por haber utilizado, junto con varios de sus colaboradores cercanos, una supuesta red de “empresas fantasma y factureras” para simular contratos y servicios pagados con recursos de la Universidad. De acuerdo con las denuncias, que llevarán a instancias federales, la administración de Derbez habría contratado a empresas como Prestaciones y Servicios Cronos, que aparecen en la lista de “factureras” del SAT, y habrían creado una red en la que también se beneficiaban vicerrectores como Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo, además del exdirector Jurídico, Jesús Mijangos, quienes habrían movido a través de ese esquema hasta 2 mmd entre 2017 y 2020 con empresas como Servicios y Asesorías Tismic, también listada como “fantasma” por el SAT. Lo que buscan es que la UIF inicie investigaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otras acusaciones…Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra y a veces ni en su alma mater. Al menos así se leyó el amparo interpuesto por la Escuela Libre de Derecho en contra de la Reforma Judicial recientemente aprobada y que promovió nada menos que un ilustre egresado y académico de esa casa de estudios, el ministro presidente Arturo Zaldívar. Ayer, con un mensaje en su cuenta de Twitter, Zaldívar acusó el golpe de su alma mater y dijo que “Seguiremos consolidando un mejor PJF, más honesto, moderno y cercano a la gente a pesar de las resistencias, vengan de donde vengan. La mayoría de las personas juzgadoras federales están comprometidas con los #DDHH de todas las personas. Hasta que la Justicia se haga costumbre”. Es decir, que aunque debió doler que la institución en la que se graduó como abogado y de la que fue maestro de varias generaciones, el ministro Zaldívar dice que defenderá a capa y espada su reforma, la misma que tanto le ha costado y por la que está incluso próximo a votar en contra del polémico artículo 13 transitorio que tanto desgaste le dejó…Los dados mandan Escalera Doble para la salud. Gracias a todos los amables lectores y amigos que se preocuparon por nuestra salud. Los dados regresan fortalecidos y listos para seguir mandando las tiradas sobre la política y el acontecer nacional. Las palabras de aliento siempre ayudan y nos ayudaron a salir y a seguir como siempre en busca de la mejor información y análisis para nuestros lectores. A seguirse cuidando con toda conciencia y responsabilidad que este virus sigue entre nosotros y también se hace más fuerte. Subimos.
El Universal
