La demanda que presentó el gobierno de México, a través de la Cancillería, en contra de once fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos es un acierto y una ruta correcta para posicionar el tema de la llegada de armas al crimen organizado en nuestro país. Es una medida, además, que va en consonancia con lo que distintos sectores de la Unión Americana están planteando no sólo en torno a las armas, sino también a las muertes por consumo de opiáceos.
Ayer, Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los daños provocados por las armas traficadas desde Estados Unidos a México, y que están detrás de siete de cada diez homicidios ejecutados en nuestro país, equivalen a entre el 1.7 y el 2% del PIB mexicano. Por esa razón, el gobierno pedirá una compensación de, al menos, 10 mil millones de dólares a esas empresas. No se trata, dijo, “de meter presión a Estados Unidos, sino de que no haya muertos en México”.
Pero la verdad es que, para bien, mete presión y lo hace donde debe hacerse, en el capítulo más débil de la participación de la Unión Americana en la lucha contra el crimen organizado. Desde siempre, y también con razón, las autoridades de ese país han demandado que se controlen los grupos criminales que desde México aprovisionan de droga a la sociedad estadunidense, pero han olvidado que para que ingresen las drogas y para que de regreso vengan las armas que alimentan a los cárteles mexicanos, se necesitan medidas estrictas de control que se ejercen con enorme eficacia en muchos otros ámbitos, pero, casualmente, no en el ingreso de drogas y la salida de armas.
El tema de la armas es parte del debate interno de la sociedad estadunidense. La poderosísima Asociación Nacional del Rifle financia a todo candidato que se oponga a cualquier tipo de limitación a la venta y portación de armas y, a pesar de las masacres que se cometen con regularidad en ese país, ha logrado, hasta ahora, imponer su agenda. Pero incluso así, durante el gobierno de Clinton se logró imponer una prohibición de venta de armas de asalto y alto poder, que estuvo vigente durante diez años, pero no fue renovada por su sucesor, George W. Bush.
Existe un marcado paralelismo entre la liberación decretada por Bush y la intensificación de la violencia en México. Los cárteles mexicanos siempre fueron violentos y mantuvieron duras luchas entre sí y contra el Estado, pero desde 2004 tuvieron a su disposición armamento pesado y de asalto que, hasta entonces, habían tenido sólo a cuentagotas. Desde ese mismo año se incrementó la violencia en forma geométrica y los cárteles pasaron cada día más a estar armados, en muchas ocasiones, mejor que las instituciones encargadas de combatirlos.
Las armas, desde fusiles de asalto hasta barretts, se compran libremente en Estados Unidos y hay miles de comercios y tianguis de armas, sobre todo en la zona fronteriza, que venden indiscriminadamente armas y equipo táctico, incluso de uso militar. Como dice la demanda presentada por la Cancillería, esas empresas armamentistas promocionan e impulsan esas ventas. Y contra ellas está dirigida esta demanda, que tiene, además, muchas similitudes con las que varios estados de la Unión Americana han presentado contra las empresas farmacéuticas que venden indiscriminadamente opiáceos legales en ese país. En Estados Unidos, en el último año, hubo 90 mil muertes por sobredosis de opiáceos. Y es verdad que muchas de esas muertes están causadas por el fentanilo ilegal que proviene de México (y también de Canadá), pero una cantidad mayor de esas muertes es causada por opioides legales que se venden indiscriminadamente y con una gran publicidad. Las demandas han sido tan abrumadoras, que se ha anunciado un acuerdo con un gran laboratorio y tres distribuidoras de medicinas para que paguen una suerte de indemnización por los gastos de salud ocasionados por los opioides legales, vendidos y promocionados en forma masiva e irracional, de 26 mil millones de dólares, más otros mil millones que se le pagarán por el mismo concepto al estado de Nueva York.
Ni la demanda contra el tráfico de armas que se anunció ayer en México ni la de los opioides, que está en curso en Estados Unidos, solucionarán el desafío de la violencia y el consumo de drogas. Pero sirven para sancionar un comercio criminal; para contar con recursos adicionales para combatirlo y, por sobre todas las cosas, para focalizar correctamente el problema y obligar a las autoridades, en este caso también a las del otro lado de la frontera, a que asuman su parte en las responsabilidades inherentes a un desafío que nos supera cotidianamente.
LA OPERACIÓN ORIÓN
Con la participación de agencias de inteligencia de 38 países, concluyó una nueva etapa de la operación naval Orión: en mes y medio se decomisaron 116 toneladas de cocaína pura, hubo 539 detenidos, se incautaron 69 embarcaciones, 5 aviones y tres semisumergibles. Es una operación que se viene llevando a cabo desde meses atrás, con inteligencia propia y de otros países, y que está desarticulando redes del narcotráfico, en tierra y a nivel marítimo. Claro, eso es en Colombia y estos resultados fueron anunciados ayer por el presidente de ese país, Iván Duque. Aunque sí, México ha colaborado con información para realizarlo, ¿cuánto hace que no tenemos un operativo de estas características en nuestro país?
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