Salvador García Soto
Desde Palacio Nacional, López Obrador se metió a operar personalmente para asegurar la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato que se ha convertido en una prioridad, pero también en una obsesión para el mandatario. En una reunión que sostuvo ayer con algunos de sus más cercanos colaboradores, el Presidente revisó la votación que tuvo lugar en las comisiones legislativas, en la que se aprobó el dictamen de la iniciativa que se pretende aprobar en un periodo extraordinario de sesiones en el Senado antes del 1 de septiembre.
La urgencia que tiene el Presidente para que salga la Ley de Revocación se reflejó en la instrucción directa que les dio a sus colaboradores para que hablaran con los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México porque sus senadores y diputados no votaron a favor del dictamen en la reunión de las Comisiones de la Permanente que se realizó el pasado lunes. “Tenemos que asegurar los votos de los Verdes para la votación en el pleno”, ordenó.
Ayer mismo, después de la instrucción presidencial, un cercano colaborador del staff del Presidente se dedicó a llamar a varios de los dirigentes y coordinadores parlamentarios del PVEM tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. “Su amigo el Presidente les pide su apoyo para sacar la Ley de Revocación de Mandato con la mayoría suficiente”, les dijo el funcionario de la Presidencia a los líderes del partido del tucán, luego de que, en la votación de Comisiones, Morena se quedara solo con el apoyo del PES.
Es tanta la premura y el interés que tiene López Obrador por garantizar la legislación que permita una Consulta Popular en el 2022 para preguntarle a los ciudadanos si quieren que permanezca en la Presidencia o si se termina su mandato “por pérdida de confianza”, que a la bancada de Morena en el Senado, que encabeza Ricardo Monreal, se le dio la instrucción precisa y contundente desde Palacio: la Ley de Revocación debe quedar aprobada, en un periodo extraordinario de sesiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, antes del 1 de septiembre, cuando inicia la nueva legislatura federal, la número LXV.
El mandatario y su partido saben bien que con la nueva composición que habrá en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, será más complicado reunir los votos suficientes para aprobar una ley tan polémica y con la que partidos como el PAN, el PRI y el PRD, además de MC, ya han anticipado que no coinciden del todo, sobre todo a partir de los cambios que Morena le hizo a la pregunta, en la que se elimina el concepto de “pérdida de confianza” y solo le preguntarán a los ciudadanos si quieren que el Presidente permanezca en el poder hasta el 2024 que concluye su mandato.
La oposición sabe muy bien que detrás de tanta insistencia de López Obrador y del discurso de fomentar la “democracia participativa” y la participación de los ciudadanos, hay también un fuerte cálculo político del Presidente que le apuesta, más que a una revocación, a una “ratificación de mandato” con la que él ganaría más fuerza y legitimidad, al mismo tiempo que se fortalecería en los dos últimos años de su sexenio y de paso seguiría en campaña apoyando a su partido y a sus candidatos de cara a la sucesión presidencial de 2024.
Por eso el Presidente ayer dejó de lado los asuntos y problemas urgentes para el país y lejos de hablar del Covid, de la inseguridad o de las dificultades económicas que enfrentan los mexicanos en medio de la crisis, reunió a sus colaboradores más cercanos, entre ellos la secretaria de Gobernación, el consejero Jurídico, el coordinador de asesores y algunos otros que estuvieron presentes, para pedirles que se metan a operar de lleno la aprobación de la ley de Revocación consiguiendo los votos necesarios del PVEM.
Qué tanta será la obsesión presidencial en el tema de la revocación que mañana mismo en el pleno de la Comisión Permanente, Morena pedirá un periodo extraordinario exclusivo para votar esa ley. El jueves sesionaría la Permanente para votar la revocación, en los términos que se aprobó en las comisiones, y el viernes estaría sesionando el Senado de la República en extraordinario para votar esa misma ley, que se enviaría de inmediato a San Lázaro, para que el lunes a más tardar los diputados la voten también en un periodo extraordinario.
Así, en un proceso legislativo fast-track, pocas veces visto, la voluntad presidencial, que ordenó que “antes del 1 de septiembre la Ley de Revocación de Mandato debe estar aprobada” para que no se contamine con la nueva legislatura de San Lázaro y su alianza opositora que enfrentará a Morena y sus aliados, sería cumplida. El Huey Tlatoani habló desde su pirámide de triplay y sus leales e incondicionales legisladores, tanto los morenos como los verdes, se disponen a cumplir la voluntad del emperador que, a 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, aún se niega a reconocer la conquista y pretende imponer su sagrada y divina voluntad.
Al empresario Miguel Alemán Magnani, heredero de una de las dinastías presidenciales del país, ya lo busca la Interpol en 190 países a partir de la ficha roja que emitió ayer la policía internacional a solicitud de la Fiscalía General de la República. La orden de aprehensión librada en contra del nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador Miguel Alemán Velasco, es del pasado 8 de julio y se le acusa del delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil 195 pesos que el empresario dejó de pagar en impuestos cuando era vicepresidente de la quebrada aerolínea Interjet. Los Alemán, padre e hijo, intentaron negociar sus adeudos fiscales primero con el presidente López Obrador, a quien visitaron en Palacio Nacional en el mes de noviembre de 2019, y aunque el mandatario los mandó con la directora del SAT, Raquel Buenrostro, ésta les advirtió que tenían que pagar lo que debían en impuestos o de lo contrario irían a la cárcel. Desde principios de este año la familia Alemán, con Miguel Alemán Magnani a la cabeza, abandonó México y, según fuentes de inteligencia federal, estarían radicando en París. Por eso ahora que la Interpol emitió su ficha roja y empezará a buscar al heredero de la fortuna de un expresidente de la República y un exgobernador de un estado, para no perder el tiempo, deberían empezar por buscarlo en la capital francesa, en donde el junior de los Alemán lleva meses disfrutando de un exilio dorado y de la vie en rose parisina… El caso del joven José Eduardo Ravelo, que muriera unos días después de haber sido detenido por la Policía de Mérida y, antes de morir, denunciara haber sido golpeado, torturado y violado por los policías de la capital yucateca, tomó ayer un nuevo giro con el anuncio de la Fiscalía General de la República de que abrió una carpeta de investigación para indagar qué fue lo que ocurrió en esa detención policiaca y la muerte del joven de 23 años originario de Veracruz. El caso se había contaminado por las diferencias políticas que hay entre los panistas de Yucatán, por un lado el alcalde de Mérida, Renán Barrera, y por otro el gobernador Mauricio Vila. La alcaldía de Mérida negó que hubiera evidencias de abuso policiaco en los videos grabados durante la detención, traslado y encarcelamiento del joven Ravelo, y defendió la inocencia de sus policías, a los que puso a disposición de las autoridades. La Fiscalía Estatal acusó a 4 agentes policiacos que fueron detenidos, pero el fin de semana los liberaron tras el fallo de un juez que no encontró elementos para acusar a los uniformados de la Policía de Mérida. Aunque el fiscal estatal Juan Manuel León se inconformó con el fallo del juez e impugnó la liberación de los policías municipales, el caso terminó enredándose tanto que el presidente López Obrador pidió a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenir para buscar una investigación clara de lo que el mandatario consideró un caso de abuso y tortura en contra del joven de escasos recursos. Apenas unas horas después de que el Presidente diera la orden a su gabinete en la conferencia mañanera de ayer, la FGR emitió un comunicado anunciando la atracción del caso de José Eduardo Ravelo y pidió la cooperación de la Fiscalía de Yucatán para llegar a la verdad en este caso y hacer justicia al joven que murió unos días después de la detención policiaca. Veremos en qué termina este caso que por lo pronto exhibió que en Yucatán y en Mérida, donde no suele pasar mucho, están pasando muchas cosas, además de los abusos y la brutalidad policiaca, también una guerra soterrada entre el palacio municipal de Mérida y el Palacio de Gobierno del estado… Se agitan los dados. Capicúa.
El Universal
