Jorge Fernández Menéndez
A apenas 48 horas del que será el tercer informe de gobierno formal del presidente López Obrador, lo que marcará el inicio de la segunda mitad de su mandato (una etapa que el propio Presidente ha adelantado, a lo que sumó un proceso de sucesión también muy adelantado a su tiempo), la administración federal se muestra crispada, sin resultados a la altura de sus expectativas y exhibiendo rasgos preocupantes de una creciente intolerancia.
Aquel discurso presidencial de que no habría represión y violencia se está comenzando a perder. El evidente enojo que le acusaron al Presidente los bloqueos a los que fue sometido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, muestra que lo sorprendieron, lo que no es en absoluto una buena noticia porque significa que su seguridad no está en condiciones de prever acciones de este tipo, que son fácilmente detectables. Que el bloqueo se haya repetido al día siguiente lo confirma.
Es verdad que la CNTE, en su afán provocador, del que siempre termina sacando provecho porque nadie se atreve finalmente a impedirle esas acciones, le ha hecho lo mismo a todos los últimos presidentes y gobernadores en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en otros estados. Hace unos días recorría las redes un tuit del entonces líder de Morena, López Obrador, en el que se burlaba del presidente Peña Nieto y del entonces secretario Osorio Chong porque no eran capaces de dialogar con la CNTE. Tampoco puede hacerlo ahora que es Presidente el propio López Obrador. La historia de la CNTE es una historia de presiones, provocaciones y chantaje político y nadie, ni antes ni ahora, quiere asumirlo.
Pero esta administración no está preparada ni para el diseño ni para el debate y tampoco para la negociación. Quiere imponer y espera, presumiendo una legitimidad mayor a sus propias realidades, que sus órdenes sean acatadas.
Por eso mismo, cuando ello no ocurre comienzan a aparecer síntomas de hartazgo. Pueden ser los migrantes golpeados sin miramientos en la frontera sur o los alcaldes de oposición en la Ciudad de México a los que se niegan a recibir las autoridades de Morena y reprimen los policías. Los golpes que recibió ayer la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, por querer entrar al congreso capitalino, son inaceptables en cualquier democracia. El argumento de que ella y el también alcalde electo Mauricio Tabe iban acompañados y que por eso se les impidió la entrada es un argumento de un cinismo absoluto, como lo es la sonrisa del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, cuando informa sobre los hechos. Hay que cuidar, por lo menos, las formas.
No deja de ser paradójico que la administración se niegue no sólo a negociar con sus opositores, sino incluso con los funcionarios electos de delegaciones o estados, pero sí esté dispuesta a hacerlo con grupos delincuenciales y con sus familias; que se decida por la represión y la fuerza con los primeros y se pregonen abrazos para con los segundos.
El Presidente resulta obvio que está enojado. Tiene razones para ello: la economía no termina de arrancar y está muy lejos de emular el despegue que tienen nuestros principales socios comerciales, en primer lugar Estados Unidos; el área energética no rinde buenas cuentas, todo lo contrario, y se suceden los accidentes en Pemex y la CFE; los precios del gas siguen aumentando. La inseguridad termina siendo una norma y no hay visos de que exista un avance sustancial. La relación con el gobierno de Biden está marcada por claroscuros que no terminan de definir una agenda que vaya más allá de la migración (y tampoco en la Unión Americana tienen claridad sobre qué estrategia adoptarán al respecto), pero las presiones no decrecen, en realidad aumentan sobre todo en el ámbito de la seguridad y la energía.
La pandemia sigue aquí, a pesar de que ayer se logró que comenzaran las clases presenciales y de que también la vacunación avance, aunque más lentamente de lo que se esperaría. El gabinete es disfuncional, está dividido y son muchos los que están luchando ya por la sucesión adelantada, lo que los hace cometer aún más errores: ahora hasta Rocío Nahle se cree precandidata y anote también para esa aspiración al recientemente designado secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Parte de su equipo ha llevado al Presidente a una relación de dura confrontación y nada de diálogo con los medios de comunicación. En el Congreso, que asumirá el primero de septiembre, no tendrá la mayoría calificada que necesita para aprobar los cambios constitucionales que exige y la Suprema Corte y los organismos electorales no son ni serán serviles.
El enojo es legítimo, pero tendría que ser parte de una profunda autocrítica y reflexión, en la que comenzar a recurrir a la violencia y la represión es la peor decisión. Estamos lejos de un clima represivo generalizado, pero la tentación ahí está, lo sucedido con los migrantes o con los alcaldes electos no es todavía una enfermedad, pero son síntomas que no pueden ignorarse. Mucho menos si el día de mañana, como se dijo en Chiapas, se termina azuzando a los partidarios para que diriman las diferencias en las calles con los opositores.
Excélsior
