Salvador García Soto
Arrinconados por la disyuntiva que les puso públicamente el Presidente, divididos en lo interno sin un liderazgo fuerte y en riesgo de perder las pocas posiciones de gobierno que les quedan, los priistas parecen haber entrado en un callejón sin salida, al convertirse en las presas en el juego político de López Obrador. Porque hoy, cuando la división interna que arrastran desde su estrepitosa derrota en 2018 vuelve a aflorar con el tema de la contrarreforma eléctrica, al PRI no le pintan nada bien las cosas: sea cual sea la posición que se imponga en este tema, ya sea que voten a favor de la propuesta presidencial o que lo hagan en contra, perderán de cualquiera de las dos maneras.
Porque al ponerlos a elegir entre las ideologías del salinismo privatizador y el nacionalismo de Cárdenas y López Mateos, el Presidente lo que hizo fue presionar y estigmatizar cualquiera de las dos decisiones que tome el PRI, de tal modo que las dos, se definan como se definan, tengan un alto costo político para el priismo. Si no eligen desmarcarse de Carlos Salinas y del neoliberalismo, pagarán el costo de identificarse con un Presidente que sigue teniendo altos niveles de rechazo entre la población y podrían generar una última desbandada de priistas que aún añoran su vieja ideología nacionalista hacia Morena; y si decidieran votar en pro del trasnochado nacionalismo cardenista del que se cree heredero López Obrador, entonces una parte de las cúpulas priistas se sentiría traicionada y acusaría “traición” e “incongruencia” de quienes dirigen hoy a su partido, atizando una guerra interna por el control de los despojos del otrora poderoso tricolor.
Si la bancada priista en la Cámara de Diputados apoya a López Obrador en su reforma eléctrica estatizadora y le da los 56 votos que necesita para hacer la mayoría calificada y reformar la Constitución, el viejo partido perdería toda credibilidad como oposición, traicionaría sus principios y su congruencia al revertir el modelo eléctrico abierto que ellos mismos aprobaron en 2013 y estarían poniendo seriamente en duda la viabilidad de la alianza opositora con el PAN y el PRD, que aún en caso de continuar, perdería la fuerza para ser el contrapeso real que se propone. Un PRI que se acerque a AMLO no sólo se va a desdibujar, terminaría de abrir la puerta para perder en 2022 y 2023 las últimas tres gubernaturas que les quedan.
Y al impacto político que la votación a favor tendría hacia afuera, hacia adentro el PRI tiene otro problema: la bancada tricolor del Senado no necesariamente va a votar en el mismo sentido que los diputados priistas. La declaración de Claudia Ruiz Massieu en contra totalmente de la iniciativa que considera “regresiva y dañina para el país” y que advierte que, por un tema de “congruencia y principios”, los priistas en el Congreso no pueden votar en contra del modelo que ellos mismos aprobaron y defendieron con Peña Nieto, anticipa que las bancadas legislativas se van a dividir y que la fractura interna quedaría expuesta.
Porque aún en el caso de que López Obrador tenga el voto de los priistas en San Lázaro y logre sacar la votación de dos terceras partes para aprobar su reforma eléctrica, pero que también incluye temas de petróleo y minería con la nacionalización del litio, aún tendría que ser aprobada por el Senado de la República y ahí sí Morena tendrá muchos problemas para lograr los votos de una mayoría calificada. Hasta ahora los morenistas y sus aliados sumaban juntos 78 votos, y para los 96 que hacen mayoría calificada de dos terceras partes les faltaban 18 votos. El llamado “bloque de contención” de PRI-PAN-PRD sumaba 41, mientras que MC tiene 8 votos y había un senador independiente.
Pero eso podría cambiar con la creación del nuevo “Grupo Parlamentario Plural” que aunque aún no es reconocido como fracción oficial, sí tiene ya cinco votos de senadores que lo integran; ese nuevo grupo le quitó un voto al PAN, tres a Morena (uno de Germán Martínez y dos del PT, de Nancy de la Sierra y de Alejandra León). Si esos cinco votos, como se prevé, se van en contra de la reforma eléctrica de López Obrador, sería casi imposible que el Presidente logre los votos para sacar su iniciativa constitucional en el Senado, porque ya no serían solo 18 los que necesitaría sino 23.
Mientras se llegan esos escenarios y avanza la primera de tres propuestas de cambios constitucionales que se propone hacer el Presidente en los próximos meses, lo que es un hecho es que el PRI va a terminar entrampado y que, en el cortejo-cacería que salió a hacerle a los priistas, Andrés Manuel sabe muy bien que el viejo partido hoy es una presa débil, sin una cabeza clara y con las patas que caminan en distintos sentidos. Si en el deporte de caza que ha emprendido en pos de su reforma eléctrica, López Obrador logra cazar a los priistas y éstos se casan con él, estaríamos ante un golpe magistral del Presidente para terminar de extinguir a su partido original. Y aun si los priistas se escapan y se salvan de ser cazados por el tabasqueño, saldrán tan lastimados y heridos que su sobrevivencia será muy dudosa.
Varias cejas se levantaron y muchos senadores se alebrestaron cuando ayer comenzó a circular en la sede del Senado el rumor de que, ante la ausencia descortés del presidente López Obrador, acudiría al recinto legislativo el subsecretario Hugo López-Gatell para ser él quien recibiera la medalla Belisario Domínguez que se otorgará post mortem al doctor Manuel Velasco Suárez, pionero de la neurología y neurocirugía en México. “Vergonzoso e indignante que nos quieran mandar a López-Gatell”, comentó un senador de oposición, mientras que otro decía que sería “una doble ofensa al Senado tras la cancelación del Presidente”. Al final los ánimos se calmaron cuando se desmintió ese rumor, pues la familia del doctor Velasco negó la especie y dijo que el único autorizado y acreditado para recoger la medalla era Jesús Agustín Velasco, nieto del homenajeado. Si ya el berrinche presidencial de no querer ir al Senado, a pesar de que ya había confirmado su presencia, fue tomado como una grosería, haber mandado al controvertido “Doctor Muerte” hubiera sido una mentada… Por cierto que mientras el Presidente ya decretó —por sus pistolas y sus “otros datos” como casi todo lo que decreta— que el 20 de noviembre ya no habrá restricción para hacer actos políticos masivos como la concentración que convocará ese día en el Zócalo para conmemorar los 111 años de la Revolución Mexicana, y cuando ya la Jefa de Gobierno secunda, como siempre, a su tutor político y anuncia la apertura de conciertos masivos, estadios llenos y todo tipo de concentraciones de entretenimiento y espectáculos en la CDMX, mientras el diputado Fernández Noroña pregona sin cubrebocas en el aeropuerto que “ya se va a acabar esto el 20 de noviembre”, ayer la Organización Panamericana de la Salud dijo que ellos, los expertos, tienen otros datos: que “la pandemia de Covid-19 no está domada en México y que seguirá al menos hasta 2022”. Y para que no quedaran dudas de quién tiene la razón en esto y quién miente y manipula la realidad de la pandemia a su conveniencia política y económica, ayer se conoció que las oficinas del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y de su jefe el subsecretario Hugo López-Gatell, tuvieron que ser desalojadas y sanitizadas por el aumento de contagios de Covid en esa dependencia federal. Y ayer, por segundo día consecutivo se reportó la muerte de más de 700 mexicanos por el virus. ¿A quién le hacemos caso? ¿a los encargados de la pandemia en México o a la OPS?… Los dados mandan Escalera. Subida.
El Universal
