El acuerdo anunciado de este martes puede enmarcarse en la óptica del “America First” (Estados Unidos primero) de Donald Trump. La querella contra Facebook fue iniciada en diciembre de 2020 por el Departamento de Justicia en los últimos días de la Administración del presidente republicano, quien llegó al poder con la promesa de defender los intereses de la mano de obra estadounidense olvidada por el desarrollo de otras economías. El fiscal inició la demanda después de observar que al menos 2.600 posiciones se ofertaron, entre enero de 2018 y septiembre de 2019, para extranjeros con visas H-1B. Este visado es para personal extranjero altamente capacitado que puede ocupar vacantes de especialistas. Facebook prometía regularizar con una residencia permanente, la famosa green card, a quienes fueran contratados bajo ese esquema.
Facebook, asegura la demanda, “usó métodos de reclutamiento diseñador para desalentar a trabajadores estadounidenses de aplicar a ciertas posiciones, como requerir que las solicitudes fueran enviadas solamente por correo; rechazaba considerar a los trabajadores estadounidenses que solicitaban esas posiciones y contrataban solamente a quienes tuvieran el visado temporal”. El Departamento de Justicia, tras una investigación hecha a inicios de este año, considera que la empresa violó las mismas normas que impiden que los inmigrantes sean rechazados en un proceso de contratación: que nadie pueda ser discriminado por un empleador por su ciudadanía o su situación migratoria.
La demanda fue percibida por los analistas como una escalada en las tensiones entre los gigantes de Silicon Valley y el Gobierno de Trump, crítico con el número de extranjeros en la industria tecnológica. La Administración republicana rechazó el 21% de solicitudes de visado H-1B en 2019, un agudo incremento desde el 6% que fue negado cuatro años antes, aún bajo el Gobierno de Barack Obama. Trump prohibió totalmente este tipo de visas en dos ocasiones. La primera recién llegado al poder, en 2017. La segunda en junio de 2020, una decisión tomada en medio de la pandemia, que fue tumbada por el Poder Judicial en los tribunales.
