Salvador García Soto
La lealtad a quienes nos apoyan e impulsan en nuestra carrera siempre será una virtud en la vida y más aún en la política, donde lo común son las traiciones y las deslealtades. Pero hay un punto en donde esa lealtad hacia el tutelaje político debe tener cierto límite, sobre todo si lo que se quiere es construir una imagen propia que, si bien guarde relación con quien nos influenció, tenga también la posibilidad de definir y mostrarle al mundo una personalidad auténtica y autónoma, que proyecte nuestras ideas y pensamientos y no sólo los de otra persona; porque entonces la influencia se vuelve control y la lealtad sumisión.
Algo así le está pasando a la doctora Claudia Sheinbaum. Ha sido tal su cercanía y afinidad con López Obrador, que por momentos ya es difícil distinguir dónde termina la dominante personalidad e ideología del presidente y donde comienza la de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Si bien a la doctora se le reconoce su lealtad incondicional hacia quien impulsó y catapultó su muy breve carrera política y eso le ha permitido posicionar su nombre y ser hoy considerada como la principal aspirante a la sucesión presidencial del 2024, en momentos en que los mexicanos quieren empezar a conocer la personalidad y las ideas de quien podría gobernarlos, esa incondicionalidad de Sheinbaum hacia su jefe político empieza a convertirse más en una debilidad que en una fortaleza.
Porque al no tener una agenda política propia y limitarse a retomar y copiar la agenda del presidente, Claudia Sheinbaum lejos de fortalecer su imagen propia parece desdibujarse, lo mismo con decisiones como la remoción de la estatua de Cristóbal Colón de su ubicación histórica por más de siglo y medio, que todo mundo ubica como un tema del presidente y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que con su errático manejo de la pandemia en la Ciudad de México, en donde la mayoría de sus decisiones estuvieron siempre supeditadas y condicionadas a la aprobación o desaprobación de López Obrador.
Al no poder cortarse el cordón umbilical que la conecta directamente a Palacio Nacional, porque de hacerlo perdería toda la fuerza que alimenta su imagen de presidenciable, la doctora en Ingeniería Ambiental que debe toda su formación académica, de investigadora y hasta sus inicios políticos en las grillas estudiantiles a la UNAM, se ve obligada a secundar públicamente las críticas y ataques del presidente López Obrador. “Soy universitaria, pero también tengo mis propias críticas a la universidad, al mismo tiempo que le hago un reconocimiento. Es una universidad de la nación y tiene que estar al servicio de la nación y del pueblo, y quienes somos universitarios, yo hoy con licencia, jamás se nos debe olvidar de dónde vienen los recursos”, comentó como si los recursos públicos le pertenecieran al gobierno y al presidente y no a todos los mexicanos sin importar su filiación política.
En algunos casos, a la doctora se le complica defender siempre las posiciones y campañas del presidente, aunque en otros ella misma cae en contradicciones. Por ejemplo, cuando fue invitada estelar a Guerrero, a la toma de posesión de la gobernadora Evelyn Salgado, Sheinbaum cuestionó que a la nueva mandataria se le refiera como la hija del senador Félix Salgado. “Asistí a la toma de protesta de Evelyn Salgado, primera gobernadora de Guerrero.
Por cierto, no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc; como si las mujeres fuéramos pertenencia de alguien.
Felicidades a Evelyn por su triunfo y capacidad”. Hasta ahí el tuit de la doctora suena bastante congruente con sus posiciones feministas, sólo que se le olvidó un detalle: fue Morena, el partido que postuló a Evelyn —cuando su padre fue rechazado por violar la ley— quien pidió poner en la boleta electoral: “Evelyn Cecia Salgado Pineda ´La Torita´ ”, en alusión al mote del “Toro sin cerca” como llamaban a su padre el senador Salgado Macedonio.
A la doctora le ha tocado también la labor de ser la carcelera de Rosario Robles, que a pesar de estar acusada de un delito federal, como es ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad de omisión, por los desvíos cometidos en Sedesol y Sedatu cuando ella fue secretaria, la han mantenido dos años y medio en una prisión del gobierno capitalino. Fue un juez penal de la Ciudad de México, el juez Jesús Delgadillo Padierna, quien le dictó la prisión oficiosa a Robles, a pesar de que el delito que le imputó la FGR no lo ameritaba y después de dos años y medio de impugnar esa decisión, el jueves pasado, luego de haber ganado un amparo de un Tribunal Colegiado, la ex secretaria de Desarrollo Social solicitaba el beneficio de la prisión domiciliaria, pero una vez más un juez capitalino, Ghanter Alejandro del Villar, ordenó que Rosario se quedar en prisión por “alto riesgo de fuga”.
Ayer le preguntaron a la doctora Sheinbaum qué pensaba de las declaraciones que vertió en entrevista con el periodista Héctor de Mauleón la exsecretaria Robles que se declaró “presa política” y acusó que ni siquiera le habían dado atención médica adecuada en el penal de Santa Martha Acatitla donde su salud se ha agravado. “No estoy de acuerdo con lo que plantea. Ahí está la Estafa Maestra. Fueron los mexicanos por la corrupción quienes lo denunciaron”.
“¿Pero Rosario Robles señala qué hay otros corruptos están en la calle comiendo en restaurantes de lujo?”, le insistieron los reporteros: “El tema aquí es que hay probada, inclusive por periodistas aliados, una estafa que se realizó cuando ella era secretaria. Ya no voy a opinar más de esto”, dijo cortante la Jefa de Gobierno que otra vez tuvo que ceñirse a la posición presidencial de que no hay “venganza política” en un caso en el que tampoco le han probado con evidencias a Robles que haya sido omisa y tenga responsabilidad penal de los desvíos de 5 mil millones de pesos documentados en la estafa maestra.
Por ahora podría ser entendible que Sheinbaum se vea obligada y supeditada a defender todo lo que dice y hace el presidente. Incluso a repetir, como una zombie, los argumentos y las palabras textuales de su tutor político. Pero en algún momento, no muy lejano, la doctora tendrá que demostrar si tiene o no un pensamiento propio y si puede actuar como algo más que la pupila de López Obrador. Porque si ya en la Ciudad de México muchos capitalinos le cuestionan que más que Jefa de Gobierno actúe como regente, siempre sometida a los designios presidenciales, para gobernar a todo el país, a menos que vaya aceptar un nuevo maximato, no le van a alcanzar su personalidad ni sus ideas y posiciones casi simbióticas con el caudillo que tanto admira.
NOTAS INDISCRETAS… Un duro revés le dio ayer la Corte a la política persecutoria de la 4T que había propuesto prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales como la defraudación, el contrabando y el uso de facturas falsas de empresas factureras. Los ministros declararon que son inconstitucionales, por mayoría de 8 contra 3, que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional realizadas en noviembre de 2019 y aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso. Esas reformas proponían que toda persona acusada de un delito fiscal en las modalidades mencionadas fuera automáticamente enviada a prisión, sin considerar el principio de presunción de inocencia ni los derechos de los imputados. Los ministros que votaron por la inconstitucionalidad de esta ley fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Jorge Alberto Pardo, Norma Piña, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar, y todos ellos consideraron que esos delitos no requieren prisión preventiva oficiosa, a pesar de los argumentos sobre la magnitud del daño que generan al Estado Mexicano y consideraron que tampoco son delitos que afecten la seguridad nacional. A favor de la ley que fue rechazada votaron las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y el ministro Fernando Franco, quien era el ponente de este caso; ellos tres argumentaron que estas conductas delictivas contra el fisco sí afectan la seguridad nacional, pues hay datos oficiales que muestran que en los últimos cinco años se han facturado más de 2 billones de pesos de operaciones inexistentes, cifra que representa el 3% del PIB, por lo que sí hay un daño patrimonial al Estado mexicano. El fallo de inconstitucionalidad de los ministros le da la razón a las acciones de inconstitucionalidad que promovieron contra los artículos 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales la CNDH y un grupo de senadores de la oposición que recibieron apoyo y asesoría de organismos empresariales como la Coparmex y el CCE. La noticia del revés en la Suprema Corte no debe haber caído nada bien en Palacio Nacional donde esperemos que no hayan cenado aguacate… Los dados mandan Serpiente. Sigue mal la semana.
El Universal
