Héctor De Mauleón
A finales de febrero de 2020 la salud de 60 pacientes que habían acudido al Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, se vio seriamente quebrantada. Al menos ocho de esos derechohabientes murieron pocos días después. Uno de ellos había permanecido 14 días en terapia intensiva.
Las víctimas habían acudido a aquel hospital a recibir tratamiento de hemodiálisis. Pronto se determinó que ahí les habían suministrado heparina sódica —del lote C18E88— contaminada con una bacteria: Klebsiella Pneumoniae.
Ricardo era el más joven de las víctimas, tenía 51 años. Baldemar, el mayor: acababa de cumplir 77. La noticia causó verdadera indignación. “¡Mi madre estaba bien y la mataron!”, declaró la hija de Patricia, que murió una semana después de haber acudido al tratamiento.
A aquellas muertes les siguió la pifia, la ineptitud, las mentiras, los titubeos, el silencio.
La Cofepris señaló a los Laboratorios PiSA como el responsable de haber vendido el medicamento. PiSA se deslindó, alegando que el producto utilizado en el hospital no era el fabricado por esa firma. Demostró, además, que no mantenía vínculos de ningún tipo con la clínica regional.
El medicamento no solo estaba contaminado. Había anomalías en los empaques y, entre otras cosas, las ámpulas de vidrio y los tapones de látex habían sido adulterados. Pemex se negó a precisar siquiera el número exacto de los muertos (los familiares hablaban de 14) y decidió reservar por cinco años los contratos de compra de los medicamentos.
La Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta de investigación por homicidio. Pero no avanzó. La Fiscalía General de la República dio curso a otra, por fraude, en relación con la venta de medicamento adulterado.
A dos meses de la tragedia —mientras los familiares exigían su cabeza— el director del hospital, José Luis Oramas, fue cambiado “temporalmente” a otra área. El presidente López Obrador prometió que el director de Pemex, Octavio Romero, explicaría lo ocurrido. En una comparecencia, Romero dijo que “en un momento faltó heparina sódica”, que “se lanzó una licitación para adquirirla” y que el hospital la consiguió “con un particular que tenía un lote”.
El particular resultó ser José Roche Pérez: distribuidor independiente que había trabajado como representante para varios laboratorios. Su último empleador habían sido los laboratorios Abbott. Sin embargo, Roche Pérez, el único señalado, se había dado a la fuga. El laboratorio que había producido el medicamento aclaró que el representante no formaba parte de su plantilla de distribuidores autorizados.
Lo sucedido en el hospital regional de Pemex expresa de manera brutal la impunidad que priva en el actual sexenio. A casi dos años de los hechos los familiares de las víctimas seguían sin recibir avances de la investigación. Tampoco había funcionarios detenidos. Solo promesas y contratos reservados por cinco años.
La Agencia de Investigación Criminal había seguido la pista de Roche Pérez desde que un juez federal ordenó su detención. Lo único firme en manos de los agentes era que la mujer de Roche asistía con alguna frecuencia a Villa Playas del Rosario, a 18 kilómetros de Villahermosa. Los seguimientos, sin embargo, no arrojaban nada.
Abruptamente, la mujer dejó de acudir a aquel lugar. Los agentes supusieron que Roche se había movido, que probablemente había bajado la guardia y regresado a su domicilio en la unidad habitacional Santa Fe, en Parilla 1, a las afueras de la zona metropolitana.
Ahí fue instalado un mecanismo de vigilancia. A fines de octubre pasado, por primera vez en un año y ocho meses, Roche se asomó a la puerta. Ese mismo día fue detenido.
Su abogado informó horas más tarde que al distribuidor independiente se le había dictado auto de no vinculación: la Fiscalía General de la República no había logrado acreditar la venta de medicamentos contaminados, delitos contra la propiedad industrial ni fraude en grado de tentativa en agravio de Pemex.
De acuerdo con la defensa, no había prueba que acreditara que Roche había vendido el lote contaminado. No se acreditó, tampoco, “que la heparina (…) haya estado contaminada”.
El detenido quedó en libertad el mismo día. Su abogado admitió que “hay evidencia de que algo anormal ocurrió en el área de nefrología de Pemex”, pero que dicha anormalidad no era atribuible a Roche.
Quedan en Villahermosa ocho familias destrozadas por un medicamento contaminado que nadie sabe quién vendió y nadie sabe quién compró, y sobre cuyos contratos pesa una reserva de cinco años.
Otro triunfo de la FGR.
El Universal
