Jorge Fernández Menéndez
El Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar que presentó el presidente López Obrador al presidir ayer la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU es una propuesta pletórica de buenas intenciones, pero que resulta sencillamente impracticable, desde su concepción hasta su operación, en el mundo real.
En primer lugar, el Consejo de Seguridad de la ONU no era el lugar idóneo para plantearlo. El Consejo es la instancia encargada de mantener la paz y la seguridad y sus decisiones, que pueden ser vetadas por cualquiera de los cinco miembros permanentes, son obligatorias para todos sus miembros. Por eso mismo sus resoluciones se abocan a temas mucho más específicos. Un plan global en todo caso se debería plantear en la asamblea general o en forma más realista en el G20. Pero más allá de eso, la propuesta presentada es una extensión de los programas nacionales a un ámbito global que los hace impracticables.
Comencemos por el financiamiento: ¿quién define y cómo, quiénes son los hombres y mujeres más ricos del mundo?, ¿quién les cobraría ese 4 por ciento de impuesto anual?, ¿quién define a las mil empresas más poderosas del mundo? Y, una vez más ¿quién y cómo recaudaría esos recursos?, ¿cómo se relacionaría eso con la propuesta, que ya fue aprobada en el G20, en Roma, mucho más practicable por cierto, de cobrar un impuesto global a las grandes corporaciones de un 15 por ciento? Quizás sí se podría recaudar ese 0.2 por ciento del PIB a los miembros del G20, del que habló el presidente López Obrador, pero una vez más ¿cómo se recaudaría y quién se encargaría de distribuirlo, la ONU?
Sigamos con el plan de fraternidad y bienestar. Supongamos, por un momento, que se superan todos los obstáculos recaudatorios, ¿qué sentido tendría distribuirlo como se hace en México y como propuso el Presidente con los apoyos sociales, con tarjetas individualizadas? En realidad, esa forma de apoyar a las personas y familias no es la que utiliza la enorme mayoría de los gobiernos ni la que se considera más útil. La idea es ofrecer trabajos estables y remunerados, y para eso se requiere invertir en infraestructura, en educación, en salud, con un altísimo porcentaje de inversiones privadas. Puede haber apoyos individuales y coyunturales como han hecho EU y la mayoría de los países europeos ante la pandemia, pero el grueso de los programas de apoyo se deben destinar a las inversiones productivas e infraestructura. El programa que acaba de aprobar el congreso de Estados Unidos por un billón 200 mil millones de dólares es una demostración clara al respecto.
Tampoco es solución globalizar programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente López Obrador extrapoló una vez más programas y propuestas locales al plano global, cuando esos mismos programas están lejos de haber dado los resultados esperados en México. Se puso como ejemplo lo sucedido en Chiapas donde hay 80 mil personas recibiendo recursos por Sembrando Vida y 30 mil jóvenes recibiendo los apoyos de Construyendo el Futuro. Pues nada de eso ha frenado ni la migración ni la seguridad ni garantizado la paz.
Hoy Chiapas está en una situación crítica en los tres ámbitos. La inseguridad y la violencia se han convertido en norma y la posibilidad de estallidos derivados de conflictos sociales y políticos se han intensificado con la presencia de diferentes grupos del crimen organizado, por lo menos cinco, de varios grupos armados de índole político. Que eso pone en riesgo la paz lo vemos, por ejemplo, en muchas comunidades, como Pantelhó.
La migración también ha pasado a estar controlada por grupos del crimen organizado y otros, de índole político, de dudosa procedencia. Pero no hablamos sólo de la migración centroamericana. Hasta septiembre pasado en Estados Unidos habían sido detenidas cruzando la frontera un millón 700 mil personas, y de esos cerca de 700 mil fueron mexicanos, una cifra hasta tres veces mayor de las de años atrás. Los apoyos sociales no frenan la migración, pueden ayudar a la gente y paliarla, pero las causas de la migración son mucho más profundas. Y eso se aplica para Haití y Centroamérica, pero también para México.
Con un punto adicional y que se relaciona paradójicamente con lo principal del discurso presidencial: ¿quién garantiza que esos recursos no sean devorados por la corrupción? La razón de que exista tanta reticencia de muchas naciones industrializadas para implementar estos programas es que existe conciencia de que el dinero, en la mayoría de las ocasiones, no llega ni remotamente a la base de la pirámide. Hace algunos años cuando Centroamérica fue devastada por una serie de huracanes, la administración Clinton destinó millones de dólares a Honduras, Guatemala y El Salvador. El propio presidente Clinton reconoció que esos recursos se perdieron en las redes de la corrupción. Hoy esas denuncias atenazan al gobierno guatemalteco y al salvadoreño, el presidente de Honduras es requerido por la justicia estadunidense y su hermano está preso por narcotráfico. ¿Realmente invertirán recursos los países industrializados y las grandes empresas en programas donde no se pueden garantizar los mismos?
Los grandes países tienen hoy en el centro de su agenda el cambio ambiental para que éste sea el detonante del desarrollo y han llegado a un acuerdo para un impuesto global en ese sentido, ¿por qué destinarían recursos a países que no están comprometidos con ello? Son las preguntas que no responde el plan de fraternidad y bienestar.
Excélsior
