El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que el recorte que prevé la Cámara de Diputados para el Poder Judicial de la Federación en 2022 pone en riesgo la implementación de la reforma laboral el próximo, y con ello los compromisos del Estado Mexicano en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, el ministro dijo que el Poder Judicial acatará lo que aprueben los diputados federales.
“Tiene que ver con impartir una justicia social para millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos, pero más importante: tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado Mexicano con nuestros socios comerciales del norte: Estados Unidos y Canadá. El no cumplir con esta obligación generaría en el plano internacional consecuencias serías para nuestro país y, por supuesto, afectaría la reactivación económica de México”, afirmó el ministro.
Cabe destacar que en su presupuesto para el 2022, el Poder Judicial de la Federación indicó que para el próximo año se tiene previsto finalizar la implementación de la reforma laboral, para lo cual requerirá instalar hasta 77 Tribunales Laborales, lo que requiere de una asignación de 3,502 millones de pesos. Por su parte, el Poder Judicial habrá de absorber los costos de operación de los Tribunales Laborales instalados durante las dos primeras etapas, con cargo a su presupuesto regularizable.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el martes un proyecto de dictamen que recorta 3,000 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para el próximo año.
En conferencia de prensa, el ministro Zaldívar refirió que la implementación de la reforma laboral no es optativa, sino una obligación constitucional. Dijo no entender cuáles fueron las razones de los diputados para no incluir los 3,000 millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, dado que es una obligación constitucional, implica brindar justicia a trabajadores y de no hacerlo puede traer consecuencias.
Argumentó que el Poder Judicial de la Federación ha ejercido 10% menos de presupuesto en los últimos tres años en términos reales en comparación con 2018.
“Se dice fácil, pero con estos recursos hemos logrado todos los resultados, hemos hecho un gasto honesto, pulcro y austero del gasto público. No sólo hemos mantenido el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, sino que hemos generado todas nuestras políticas públicas. Estamos consolidando la reforma judicial sin haber pedido un solo peso más de presupuesto”, argumentó.
Zaldívar afirmó que la reforma laboral fue un compromiso del Estado Mexicano en el marco de la negociación del T-MEC, lo cual requiere de presupuesto para su implementación.
“¿Qué implica la reforma laboral? La reforma no es un proyecto del Poder Judicial Federal, no es una iniciativa nuestra, es un proyecto prioritario del Estado Mexicano, no del Poder Judicial Federal. En las dos primeras etapas se han podido construir 42 tribunales en 22 entidades federativas, hemos capacitado a más de 40,000 personas y se ha logrado que antes los juicios laborales que antes duraban 4 años y medio, hoy duran cuatro meses y medio. Estamos impartiendo una justicia más cercana y de mayor calidad a millones de trabajadores en México”, aseveró.
El ministro presidente de la SCJN argumentó que la tercera etapa de la reforma laboral requiere un costo más elevado porque es la más grande de todas las etapas.
“Implica construir 77 tribunales en 17 sedes en 11 entidades federativas, incluidas las tres ciudades más importantes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Requerimos 60,000 metros cuadrados para poder poner los tribunales, requerimos gastos de instalación y de operación, requerimos contratar, capacidad y examinar alrededor de 1,500 servidores públicos. El tamaño que estábamos hablando: es como si formáramos todo un nuevo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, de esto estamos hablando”, manifestó.
Finalmente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea mencionó que en caso de que la Cámara de Diputados no apruebe los recursos para la implementación de la reforma laboral, el Poder Judicial de la Federación respetará la decisión y buscará la forma de cumplir. “Trataremos de cumplir en la medida de lo posible”, refirió. Sin embargo, advirtió que si no le fuera posible, el Poder Judicial de la Federación lo hará público.
El Economista
