Salvador García Soto
En un hecho totalmente inusual, forzando la ley y arreglando todo para que aparezca como un acto plenamente legal, aunque se vea totalmente inmoral, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep, antes SAE) le otorgó un contrato por cuatro años, de 2020 a 2023, y por 465.5 millones de pesos a una empresa para que le brinde “servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles para la zona este” y lo hizo por adjudicación directa, sin licitación pública y desestimando otras ofertas menores que habían presentado otras compañías.
Con el aval de la Secretaría de Hacienda y argumentando los artículos 134 de la Constitución y 40, 41 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto que fue creado por el presidente López Obrador para “transparentar y evitar la corrupción” en el manejo, venta y enajenación de los bienes decomisados al crimen organizado, a funcionarios corruptos y al pago de impuestos en especie y que sustituyó al antiguo SAE, decidió darle a la empresa TDR Transportes, S.A. de C.V., con sede en Querétaro, un contrato multianual que abarca las dos terceras partes del sexenio, para la administración y servicios en sus bienes inmuebles.
El contrato se firmó cuando el titular del Indep era el destituido Ricardo Rodríguez Vargas y tiene vigencia desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2023. Se otorgó bajo la figura de “Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública”, según lo decidió el Comité de Adquisiciones del Indep en una “sesión extraordinaria” celebrada el 28 de febrero de 2020, es decir, un día antes de que entrara en vigor el millonario contrato multianual. Ese mismo día de febrero se le notificó a la Secretaría de Hacienda que firmó de recibida la notificación y a la misma empresa TDR, que igual en la misma fecha selló y recibió la notificación oficial de que había sido beneficiada por los 465 mdp. Todo en cuestión de horas, sesión del Comité, adjudicación y notificación de un contrato bastante inusual y por lo menos cuestionable, aunque en la forma legal.
Parafraseando dos dichos y frases comunes del presidente López Obrador, este contrato del Indep, del cual tiene copia esta columna, “no suena lógico y más bien suena metálico” y tal vez, porque así lo citan y lo invocan en un claro esfuerzo de los abogados, “no sea ilegal, pero es totalmente inmoral”. Y es que tampoco son usuales las premuras con las que sesionó el Comité de Adquisiciones del Indep, que en una misma mañana aprobó una figura totalmente excepcional en la Ley de Adquisiciones, hizo la adjudicación y notificó a la empresa beneficiada, para que mandara sus documentos y se presentara a firmar el contrato en sus oficinas de Insurgentes Sur 1931, “dentro de los 15 días siguientes” a la adjudicación.
Especialistas en auditorías públicas consultados por esta columna coincidieron en señalar en que el monto de 465.5 millones de pesos es muy difícil justificarlo por adjudicación directa y no es una práctica usual en la Administración Pública federal adjudicar esos montos sin licitación, aunque en este gobierno se ha abusado de la figura de la adjudicación. En este caso, invocando los citados artículos de la Ley Federal de Adquisiciones, se invoca un principio de “excepción” aunque por el tipo de servicios de apoyo para administrar y enajenar los edificios e inmuebles que son adjudicados al Indep no parece justificarse que se trate de algo excepcional o un tema de seguridad nacional.
Incluso, para aplicar la figura excepcional de una adjudicación directa por ese monto, debió intervenir un “testigo social”, aunque no se menciona nunca en el contrato que hubiera existido esa figura y hubiera revisado la legalidad y conveniencia de un contrato por 4 años y por el monto mencionado. Los servicios que debe prestar la empresa TDR Transportes, beneficiada por ese contrato multianual, es la administración, dictaminación y enajenación de los bienes inmuebles (casas, edificios, ranchos, terrenos y propiedades en general) que son adjudicados al Indep. La misma empresa lleva muchos años recibiendo ese contrato, pero a la fecha nadie sabe a ciencia cierta cuál es el inventario real de los bienes inmuebles que tuvo antes el SAE y ahora tiene el Indep, a pesar de que éstos son propiedad de la nación.
La corrupción en el Indep no es algo nuevo y ya desde septiembre de 2020 la había denunciado el segundo titular de ese organismo, el abogado Jaime Cárdenas Gracia, que duró apenas 4 meses al frente de la institución. Cárdenas renunció de hecho con una carta pública en la que denunció parte de lo que se observa en el mencionado contrato millonario y por adjudicación. “Encontramos al inicio de nuestra gestión probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 Constitucional (mayor beneficio del Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias al órgano interno de control y denuncias ante la Fiscalía General de la República”, decía en su carta de renuncia.
Los graves señalamientos de Jaime Cárdenas, que en su momento molestaron al presidente que le reprochó en su mañanera que “hay gentes que son brillantes, pero no dan el ancho en el servicio público”, nunca fueron investigados ni aclarados ni por el OIC del Indep ni por la FGR. De hecho, cuando Cárdenas sustituyó a Ricardo Rodríguez tras su abrupta salida, se habló de que el presidente le había pedido la renuncia tras detectar varias irregularidades y manipulaciones en las subastas del Indep.
Una de ellas tuvo que ver con la venta, en 49 mdp, de la residencia que perteneció al capo Amado Carrillo en Jardines del Pedregal, que le fue vendida al empresario Alejandro Del Valle y a su hijo. Del Valle era socio entonces de Carlos Cabal Peniche y, en ese entonces fuentes de Palacio Nacional, aseguraban que el presidente también estaba molesto porque al empresario tabasqueño le había vendido Rodríguez 8 mil metros cuadrados de terrenos de selva y playa en Calkiní, Campeche, en apenas 8.9 millones de pesos cuando el valor de los terrenos era claramente mayor.
En fin, que no deja de ser paradójico que el Instituto que se creó supuestamente para “Devolverle al Pueblo lo Robado” esté desde sus inicios envuelto en denuncias y escándalos de corrupción, manipulación y firma de contratos que benefician más a empresas que al gobierno. Para retomar los dichos del presidente, puede que el contrato por 465.5 mdp, por 4 años y por adjudicación directa sea legal, pero claramente es inmoral y si ese contrato, por la forma en que se aprobó y se adjudicó, no suena lógico, el sonido metálico es escandaloso.
NOTAS INDISCRETAS… En medio de tanto festejo y mañanitas para el presidente, por sus 68 años, la madrugada del domingo los rostros de los morenistas que se atragantaban de pastel y se desgañitaban cantándole los parabienes al jefe máximo de la 4T, de pronto cambiaron y se pusieron serios, incluso algunos preocupados, cuando desde la tribuna legislativa, ya cerca de las 2 de la mañana, que se consumaba la aprobación del PEF 2022 sin quitarle ni una coma, el panista Jorge Triana declaraba, cual médico en el quirófano, la hora de la muerte de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. “Anoten bien la fecha: 14 de noviembre de 2021, porque hoy se murió la reforma eléctrica de su presidente”, les gritó Triana en medio de los abucheos y gritos de los morenistas que ya querían terminar de pasar la aplanadora mayoritaria que ni vio ni oyó a la oposición en la discusión del presupuesto. Ayer domingo el presidente seguía de festejo y les celebraba a sus diputados morenistas y aliados que hayan actuado como trogloditas políticos y, con gritos, ofensas y descalificaciones, pero sobre todo sin aceptar un solo cambio ni una observación de la oposición, le sacaron su presupuesto al jefe tal y como se los ordenó. “Ya podemos dormir tranquilos”, dijo López Obrador en la resaca de su cumpleaños y del debate presupuestal. Veremos si el sueño no termina en pesadilla y si la oposición le cumple la amenaza de haber declarado ya difunta y enterrada su reforma eléctrica… Vestida ahora de guinda y con la camiseta azul guardada ya en el clóset, este fin de semana se la ex alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz, acudió a registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Maki no tiene mucho apoyo de los morenistas tamaulipecos, pero apuesta al género y a su reciente conversión a favor de la 4T como un activo para sus aspiraciones. Pero también tiene otros “activos” que no necesariamente presume, pero que la apoyan para financiar su intención de ser candidata por Morena. Se trata del empresario Rolando Cantú Barragan, dueño de Tracotamsa, una constructora ligada a los primeros años del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y familiar de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Higa, la constructora preferida del expresidente Enrique Peña Nieto. El empresario constructor que hoy financia a Maki Ortiz trabajó muy cerca de Cabeza de Vaca en su gobierno, encargado de construir hospitales en Matamoros y Tampico, una Universidad en Altamira y un Centro de Convenciones en Reynosa, además de cuantiosas obras de pavimentación a lo largo y ancho del estado. Un hermano de Rolando, Javier Cantú, es acusado de ser contrabandista de combustible debido a las concesiones de transportista de Pemex, otorgados en 2016 y con vigencia hasta 2046, y es primo de Juan Armando Hinojosa Cantú dueño de la constructora Higa, y ligado a las tramas de corrupción del sexenio de Peña Nieto, fue constructor de la casa blanca y formó parte del consorcio encargado de construir el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, obra que después de la consulta popular fue cancelada. La Secretaría de la Función Pública en 2018 informó que dos empresas de Rolando Cantú Barragán, Tracotamsa e Inmobiliaria Mexicana, fueron inhabilitadas por falta de cumplimiento de las obras; se trata del incumplimiento de obras de impacto social en los municipios aledaños al Aeropuerto de Texcoco como la pavimentación de calles y techumbres en escuelas. La relación de Maki con Cantú Barragán no es nueva y viene de sus dos periodos al frente del gobierno de Reynosa, donde la alcaldesa le dio la mayor cantidad de obras de pavimentación del municipio fronterizo a cambio de recursos destinados a la promoción de su candidatura por Morena. Veremos, pues, cómo le va a la expanista y ahora conversa morenista Maki Ortiz con sus aspiraciones y con las simpatías de los morenistas, porque apoyo financiero ni duda cabe que lo trae… Los dados mandan Serpiente Doble. Puente, pero semana complicada.
El Universal
