Ignacio Morales Lechuga
Del asombro al reconocimiento y del entusiasmo a la esperanza, la intervención presidencial en la reunión con Biden y Trudeau en la Casa Blanca pareció trazar una línea racional, nítida, audaz y novedosa hacia el mejor entendimiento de los retos principales de la región y la manera de enfrentarlos en la segunda mitad del mandato de gobierno. Tras el regreso a México el entusiasmo ha comenzado a disiparse con la misma velocidad con la que surgió.
Si ante la Casa Blanca forma y fondo de la presencia mexicana fueron de la mano incluso con elegancia y buena dicción; hechos y acciones posteriores a la visita siembran serias dudas y encienden todas las alarmas sobre cómo quiere y puede conducirse el gobierno de aquí al 2024. O más aún…
Establecer “de interés público, seguridad nacional o estratégica para el desarrollo” toda obra o proyecto iniciado por el gobierno, no envía señales positivas a quien quiera permanecer o invertir en proyectos de energía, aeropuertos, telecomunicaciones, medio ambiente, turismo, salud y cualquier actividad en la que el gobierno quiera despacharse a sus anchas. Tampoco ayudará a quienes quieran saber cómo se gasta el dinero público.
Por el ojo de esa aguja legal —que paradójicamente invoca el desarrollo, pero no respeta ninguna de las condiciones que lo hacen posible— caben desde un elefante hasta varias ramas industriales, comerciales o de servicios, siempre a gusto del poder presidencial.
El acuerdo intersecretarial publicado antier es a todas luces inconstitucional; afecta derechos humanos, el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Exime a cualquier proyecto de gobierno hasta de obtener permisos en materia de impacto ambiental. Cualquier precepto de carácter preventivo que se considere obstáculo para un proyecto oficial queda nulificado de un plumazo. Ojalá y la SCJN no quede de brazos cruzados ante este nuevo y absurdo atropello.
Detrás de la formalidad del Acuerdo, se dibuja el rostro duro de la 4T, que irrumpe y disipa el efímero momento de una fresca e inusual manera de hablar, entender, procesar la realidad y apuntar soluciones, exhibido días antes desde una sede del poder en Washington.
Los muros y diques dogmáticos que recorren e impregnan el espíritu del acuerdo van más allá de negar cualquier obligación hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Bajo su manto de opacidad, se esconde el miedo a las energías limpias; se actualiza la incapacidad para apoyar el empleo y el desarrollo social con base en la creación de riqueza y de valor y no en su destrucción; se reivindica el desprecio hacia derechos fundamentales y se revive incluso la fobia oficial contra la llamada “ciencia neoliberal” si esta privilegia el conocimiento y el uso de indicadores sobre las creencias y el manejo subjetivo de “otros datos”.
Nada bueno augura tener casi 7 por ciento de inflación anualizada en octubre y lo que esto proyecta para 2022. Tampoco los palos de ciego en el sector energético para devolverle a Pemex y a CFE, a punta de decretos, una condición cuasi monopólica, con facultades de juez y parte en el mercado eléctrico y de gas LP, gasolinas y diésel. A nadie tranquiliza en EU el silencio del gobierno mexicano hacia los temores expresados por una empresa armadora de automóviles por la ausencia de una ruta mexicana certera para la migración progresiva hacia las energías renovables.
Por todo eso y más, el acuerdo parece un blindaje que protege un modo de ser, de entender y de actuar en la administración pública. Ese que permite pronunciar por la tarde dulces palabras para hablar de la integración económica y productiva de México, EU y Canadá desde economías abiertas y negar por la mañana el respeto a la transparencia, la rendición de cuentas, los mercados competitivos y toda noción de mejores prácticas obligatorias en una administración pública al servicio de la población.
El Universal
