México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. En medio de esa movilidad, ¿en dónde pueden trabajar? Sus opciones son limitadas, sobre todo si no cuentan con documentos que les permitan laborar o pertenecen a un grupo violentado y discriminado. El Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en México diseñó la Estrategia Intégrate, en la cual “el sector privado brinda oportunidades de empleo” a esta población.
La estrategia “ha puesto en evidencia la importancia de elaborar indicadores sobre las necesidades y capacidades” de las personas migrantes para lograr una vinculación laboral, señala el PNUD en el documento Nota de Política 9. El objetivo de este esquema es “promover la integración social y económica” de esta población desde una perspectiva de desarrollo”.
En países con economías en desarrollo, como la México, el trabajo de personas migrantes aporta 7%, en promedio, al Producto Interno Bruto (PIB), según el estudio Inmigración en México: Más apertura, menos barreras. Dicha investigación fue elaborada por especialistas de la organización México, ¿Cómo Vamos? (MCV).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que a nivel global hay más de 169 millones de personas trabajadoras migrantes. Esa fuerza laboral representa el 5% del total en todo el mundo. “Las mujeres constituyen el 41.5% y los hombres, el 58.5%”, según el reporte Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes.
En México, “según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) al año ingresan 2.5 millones de personas por cruces terrestres formales en la frontera sur, mientras que más de 300,000 lo hacen de manera irregular”, señala el PNDU.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Conamar), a septiembre pasado, el número de solicitudes de refugio pasó de 1,296 en 2013 a 90,314 en 2021. Es decir, en ocho años estos trámites se han multiplicado por 70.
“Por otro lado, México ocupa el segundo lugar mundial como país de origen de personas migrantes internacionales”. Más de 13 millones de personas han dejado este para buscar una oportunidad laboral principalmente en Estados Unidos. “Al menos la mitad de dicha población se encuentra en situación irregular por lo que los riesgos de ser deportados son constantes”.
Con todo ese contexto, es evidente que el cierre de fronteras, la persecución y criminalización de estas poblaciones y el rechazo social constante, ni detienen su movilidad ni permiten que puedan desarrollarse al tiempo que aportan al crecimiento económico del país.
Según la International Fund for Agricultural Development (IFAD) y el Banco Mundial, México se encuentra junto con China, la India, Filipinas y Pakistán, entre los principales países receptores mundiales de remesas”, dice el informe del PNUD. En 2020, en plana pandemia de covid-19, “ingresaron al país más de 40,000 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó un incremento respecto al 2019, donde se alcanzó un monto mayor a los 39,000 millones”.
Registro de migrantes y de empresas
La Estrategia Intégrate opera mediante la plataforma virtual estrategiaintegrate.org, en la cual las personas migrantes pueden registrarse. “Con su información, se elabora un perfil laboral y se les asigna un puntaje de vulnerabilidad”. Luego, el PNUD, las autoridades locales y el sector privado les ayudan a conseguir un empleo “y a acceder a servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas”.
La vinculación entre migración y desarrollo requiere de políticas integrales para reconocer y aprovechar las capacidades de las trabajadoras y los trabajadores migrantes, dice el PNUD. Para ello, es necesario que los gobiernos se interesen en crearlas y ejecutarlas, pero también “el sector privado debe ser tomado en cuenta” como un actor clave al reconocer su capacidad “para generar oportunidades de empleo”.
El programa comenzó con una fase en 2020, cuando la pandemia de covid-19 empeoró las condiciones de estas poblaciones. En ese momento, la meta fue el registro de 100 personas radicadas en el municipio de Mexicali, Baja California. Al final se inscribieron 102, la mayoría provenía de Honduras, el 45 por ciento. El resto era de origen guatemalteco, salvadoreño, cubano, haitiano y otros países.
Nacional Monte de Piedad, autoridades municipales y cámaras empresariales aportaron fondos económicos para echar a andar el proyecto. “A partir de esa experiencia, en 2021 el gobierno municipal de la ciudad de Puebla decidió financiar la implementación de una segunda fase”.
El primer paso en la estrategia “es identificar las poblaciones con necesidades de atención en las comunidades de acogida”, para ello el PNUD se apoya de los gobiernos locales y de albergues. Luego, se les da a conocer el programa y la página donde pueden registrarse.
La información que les solicitará la plataforma tiene que ver con sus procesos migratorios, las características de sus entornos culturales, qué idiomas hablan, si viajan con su familia o no y cuáles son sus necesidades específicas en México. No requiere lo mismo una persona que pide refugio en este país a otra que ha sido retornada o que ha planeado que su estancia sea temporal.
“También toma en cuenta las capacidades que han sido forjadas durante sus trayectos de vida, viendo más allá de las experiencias laborales o profesionales que tradicionalmente se incluyen en un curriculum vitae”. Muchas de personas provienen de comunidades rurales, los conocimientos que poseen han sido heredados o enseñados por sus comunidades y, “por no tener un certificado, no son considerados por las empresas”.
El personal del PNUD también se ha encargado de buscar a las empresas instaladas en las zonas a intervenir, para convencerlas sobre “las oportunidades que brinda el proyecto y las posibilidades de ofrecer oportunidades de vinculación laboral” a estas personas. Pero si alguna está interesada, puede ingresar a estrategiaintegrate.org y registrarse directamente.
Los datos que deben ingresar se enfocan su ramo de especialización, ubicación, esquemas de trabajo y los servicios que brindan al personal. Deberán verificar su existencia legal mediante su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y con la carta de constitución. Una vez registradas, las empresas pueden promover sus vacantes en la plataforma.
El programa puede ser adaptado a diversos contextos migratorios y situaciones de crisis, asegura el PNUD. Sin embargo, es necesario que los gobiernos amplíen el acceso a Internet para las personas migrantes y que brinden mayor acompañamiento a las “minorías étnicas, considerando que muchas no hablan el español”.
También recomienda fortalecer acciones con perspectiva de género, pues, “mayoritariamente, las mujeres viajan acompañadas de sus hijas e hijos, por lo que es probable que no cuenten con el tiempo necesario para acceder a una fuente de empleo en virtud de los trabajos de cuidado que realizan”.
Sobre este último punto, le señala a las empresas que es prioritario el acceso de las madres migrantes a las oportunidades laborales. Asimismo, que generen políticas internas para las personas con discapacidad.
El Economista
