Jorge Fernández Menéndez
No son simples polleros: son enormes redes de corrupción y operación del crimen organizado las que tienen el control del tráfico de personas desde la frontera sur hasta la norte. La atención pública está puesta en las caravanas migrantes, pero el tráfico real se realiza en camiones, tráileres, autobuses, incluso en aviones. Y esas redes están afincadas desde hace décadas.
Permítame contarle una historia sucedida hace ya muchos años. En noviembre de 1999 fue asesinado en un paraje recóndito de Tenosique, José Angel Martínez, uno de los jefes del grupo Beta, que se había creado en la administración Zedillo para proteger a los migrantes centroamericanos.
El viernes 26 de noviembre de 1999, recibí una llamada de José Angel Martínez. Estaba en el aeropuerto, venía de Tijuana donde había sido el orador designado para abordar la labor de los grupos Beta ante la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, de visita entonces en nuestro país.
Le había ido muy bien, pero no me llamaba por eso: temía por su vida, estaba seguro, me dijo, que luego del informe que había presentado, algo le iba a pasar, que la situación dentro del propio INM y de los grupos Beta se estaba deteriorando rápidamente y me enviaba, luego comprendía que como una suerte de reaseguro, un documento con su más reciente investigación sobre el tráfico de indocumentados en la frontera entre Tabasco, Chiapas y Guatemala, además de la relación de los narcotraficantes de la región. Si le pasaba algo debía publicarlo. Se trataba de un documento detallado, que recibí la tarde de ese viernes, con nombres, cargos, mapas.
Ese día, quedamos en vernos el martes siguiente. Él regresó a Tabasco y yo me fui a mi comida. No nos vimos ese martes ni nunca más. El lunes 29, en Tenosique, José Angel fue asesinado de un disparo en el pecho por un miembro del grupo Beta, que lo dejó desangrar hasta la muerte.
Había conocido a José Angel en 1993, antes del levantamiento chiapaneco. En julio del 93 había diseñado, con otros miembros de la Sedesol local, un documento que le entregaron a Luis Donaldo Colosio, sobre la situación en la zona, donde se identificaba con precisión lo que se llamaba la guerrilla de Ocosingo, la ruta de los traficantes de gente y droga, y las zonas de extrema pobreza en la región. Quienes elaboraron el documento y el propio Colosio, con quien tuve oportunidad de platicarlo entonces, en agosto del 93, fueron desoídos. Ese documento se publicó en un libro que titulé El año que vivimos en peligro (Rayuela Editores, 1994).
José Angel tuvo que dejar Tapachula, al denunciar una red de tráfico de inmigrantes de altos recursos que eran trasladados en avión a Tijuana. Por cierto, uno de los responsables de aquella red era el entonces subprocurador Mario Ruiz Massieu y uno de los operadores, el asesinado exdelegado de la PGR en Tijuana, Jorge Ochoa Palacios. Cuando se formaron los grupos Beta, ya con Zedillo se le designó como jefe de grupo en la frontera Tenosique-Balancán. Siempre mantuvo una buena relación con el personal militar en todas las regiones donde trabajó, pero sus relaciones en el INM se deterioraban día con día, por las denuncias que con regularidad presentaba José Angel sobre las redes de corrupción.
Elaborada en los días previos a su fallecimiento, después de su muerte se encontró entre sus papeles personales, una lista de las personas que habían sido procesadas por sus investigaciones desde su llegada a Tenosique. Allí se podía leer, por ejemplo, que habían sido detenidos y procesados por extorsión a migrantes un subcomandante y un oficial de la PGR, seis elementos de Seguridad Pública de Balancán, cuatro elementos de Agua Dulce, un subteniente y dos soldados, ocho oficiales de Seguridad Pública de Tenosique y 14 elementos y funcionarios del INM.
En el documento que me envió antes de su muerte, José Angel identificaba como los principales operadores de tráfico de drogas y gente en esa zona de la frontera al llamado cártel de Sayaxché, una localidad fronteriza de Guatemala, encabezado por el alcalde de esa población, Carlos Cifuentes, así como por traficantes de origen poblano, de nombre Carlos Aguilar, un Pedro Clavel y otros individuos. En Palenque, la gente de ese cártel era identificada como Juan Arellano, Luis Cervera, Martín Torruco, Rubén N (daba una serie de datos para ubicarlo) y Pedro Peña, la mayoría de ellos con negocios, especialmente hoteles y restaurantes. Las reuniones del grupo se realizaban, denunciaba el documento, en el hotel Plaza Palenque. El área de tráfico de indocumentados la dirigía desde Palenque, un guerrerense, Rubén Hernández, con una red con extensiones hasta Reynosa, Tamaulipas, y fuertes relaciones en Chiapas y Tabasco. Denunciaba a agentes del INM y hacía una extensa descripción de cómo funcionaba esa red. Todo se publicó y se entregó a las autoridades. Nunca se hizo nada.
Cuando la entonces comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson, se enteró de la muerte de José Angel, escribió una carta a sus familiares donde, entre otras cosas, les decía que “sus contribuciones a la causa de los derechos humanos han sido un largo camino que permitirá que su memoria viva entre nosotros conforme nosotros mismos saldemos su pérdida”. Esa pérdida está lejos de estar saldada. El crimen, más de dos décadas después, continúa impune, quienes ordenaron su muerte, también.
Excélsior
