La manipulación de la UIF

Raymundo Riva Palacio

Santiago Nieto, el defenestrado jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene una buena fama pública, porque se considera que fue un funcionario capaz que trabajó para limpiar de corrupción y abusos la vida pública. Sin embargo, la última investigación que hizo al frente de la UIF, que anunció el 3 de octubre tras las revelaciones de los llamados Pandora Papers, muestra todo lo contrario: falta de rigor metodológico y analítico, superficialidad y, sobre todo, carencia de profesionalismo.

La investigación está en curso, pero el nombre de 79 personas de alto perfil –políticos, empresarios y artistas– que crearon o participaron en esquemas financieros en los llamados paraísos fiscales, trascendió en la prensa en el arranque de la gestión de su sucesor, Pablo Gómez, que quiere determinar si violaron obligaciones fiscales o lavaron dinero. La pesquisa la realizó el equipo de Nieto, no de Gómez.

De acuerdo con una revisión técnica de la metadata, Diego Mauricio Ríos Esquivel y Magali González Guillén, responsables del trabajo, habían sido colaboradores de Nieto desde que presidió la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación entre 2008 y 2013. Ríos Esquivel era subdirector de Evaluación Estratégica en la UIF, y González Guillén directora general de área. La investigación, según la fecha de creación del archivo, comenzó el 4 de octubre, al día siguiente de darse a conocer los Pandora Papers.

Las conclusiones de esa investigación tuvieron dos expresiones. Una fue publicada en cinco columnas políticas que dieron cuenta de una lista mecanografiada en papel sin identificación, que se distribuyó mediante fotos y donde aparecían los 79 nombres. La otra, que es el documento original de la UIF, es un archivo digital de una hoja de cálculo de Excel, donde se añaden sus fechas de nacimiento, que es un procedimiento básico en el sistema financiero para distinguir homonimias. Sin embargo, hay algunas inconsistencias entre las dos listas.

En el archivo aparecen tres nombres repetidos, aunque con diferentes fechas de nacimiento, Carlos Djemal Nehmad, exsocio de Investabank, condenado en mayo de 2018 en Estados Unidos a 75 meses de prisión por un fraude de 20 millones de dólares al gobierno de México en devoluciones de impuestos; Jacobo Bazbaz Sacal, director de Interprotección, una de las principales aseguradoras mexicanas, y Amado Yáñez, a quien el exdirector de Pemex Emilio Lozoya le quiso quitar por la mala la empresa petrolera Oceanografía, y para presionarlo, el exprocurador Jesús Murillo Karam lo acusó de fraude, desvío de recursos y defraudación fiscal.

Y cuando se comparan los dos documentos, sólo hay coincidencia en 76 nombres, lo que no sugiere un error, sino una manipulación de la lista mecanografiada y fotografiada, como circuló ampliamente después de que algunos de sus detalles fueron publicados en las columnas periodísticas. Las tres personas adicionales que aparecen en el archivo digital original de la UIF son Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, un empresario israelí que fundó las empresas Proyectos y Diseños y KBH Track, que vendieron –aunque él lo niega– al gobierno mexicano el software de espionaje Pegasus; Juan Collado, amigo y abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, actualmente preso por lavado de dinero y defraudación fiscal, y Lozoya, actualmente en prisión preventiva acusado de recibir sobornos del gigante constructor brasileño Odebrecht, a quien se le señala como dueño de dos empresas en Islas Vírgenes y titular de cuentas en Suiza, donde recibió los pagos ilegales.

El listado original de la UIF no tiene información adicional a la que se puede encontrar públicamente en el portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que obtuvo la filtración de millones de documentos de paraísos fiscales, que reprodujeron medios de todo el mundo como los Pandora Papers. Más aún, hay diversos nombres que se incluyeron en la lista mecanografiada que, cuando se analiza el archivo digital de Excel, resulta que su inclusión fue meramente circunstancial. Por ejemplo, en el caso de Ansbacher Bendrama, se señala que sus dos empresas en Panamá, “posiblemente” fueron beneficiarias de la venta del Pegasus, o Alberto Bazbaz Sacal, exjefe de la UIF y del extinto Cisen, que aparece sólo por ser hermano de Jacobo y que “posiblemente” fue beneficiario de sus operaciones.

No hay indicios de acciones ilegales, pero varios fueron incluidos en la lista pública. Uno de los más sorprendentes de haber aparecido en ella es el estadounidense Robert Allen Stanford, que estafó a miles de personas, incluidos decenas de mexicanos, que está preso en Estados Unidos desde 2009 y cumple una sentencia de 110 años por estafa y lavado de dinero. Otro es Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general, que murió en 2015, pero cuyo nombre aparece en los Panama Papers, otra investigación del mismo consorcio periodístico, difundida en 2016.

Cuarenta y siete personas que figuran en las listas están señaladas directamente en los Pandora Papers, y la investigación de la UIF no aporta nada de lo que ya se sabía. Hay otros 32 que, o son figuras secundarias, o aparecen como complementarios, mencionados sin tener implicación directa, pero cuyos nombres habían sido publicados previamente por la prensa, como el empresario Daniel Madariaga, a quien se señala en el archivo digital como “amigo y contratista” del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, cuya esposa Fernanda, pariente de la pareja de Federico Gertz Manero, fue incluida porque un fideicomiso que creó en las Islas Vírgenes en 2008 resultó ligado al fondo de Stanford.

El archivo digital de la UIF tiene numerosas referencias de personas a las que vincula con operaciones financieras de familiares, sin nada que lo sustente. Esa era la forma como trabajaba Nieto, con golpes mediáticos sin solidez legal, pero suficientemente poderosos para provocar daños reputacionales. Su buena fama de investigador es tan endeble como su trabajo, donde abusó del poder y lastimó a mucha gente. Sirvió para la narrativa presidencial, pero no para hacer justicia. Es decir, nada cambiará ahora con Gómez.

El Financiero