Salvador García Soto
El arranque de año tan difícil que ha tenido el país y con él los mexicanos y también su presidente, entre crisis económica, crisis de salud presidencial, pandemia, revelaciones de conflictos de interés en la vida de sus hijos, violencia desbordada en estados, conflictos diplomáticos con otros países y ahora un jefe de Estado descompuesto y que ataca con su poder y con las instituciones a un ciudadano y contribuyente, que es además un periodista incómodo, obliga a pensar en escenarios que pudieran presentarse ante una ausencia obligada o repentina del titular del Poder Ejecutivo.
Sobre todo, cuando ha sido el mismo presidente López Obrador quien, a partir de su reciente episodio cardiaco, que lo llevó a ser intervenido de emergencia, abrió el tema de su posible sustitución “en caso de mi fallecimiento” y hasta habló de un “testamento político” que ya tiene listo y actualizado “con el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos”. Esas expresiones del presidente, el pasado 24 de enero, dan pie para que, dentro y fuera del gobierno, muchos ya se pregunten ¿qué pasaría de producirse esa falta definitiva y quién ocuparía la Presidencia de la República?
Aunque la ley es muy clara y la Constitución establece, a partir de la reforma de agosto de 2012, un mecanismo claro y puntual en los artículos 84 y 85 que norma y regula la sustitución de un presidente en casos de “falta absoluta”, “falta temporal” o incluso de “revocación de mandato”, lo que dispone el texto constitucional se refiere estrictamente a cómo deberán conducirse las instituciones y los poderes si llega a faltar el presidente, pero ese mecanismo evidentemente no prevé los comportamientos políticos ni las pugnas, golpeteos o tensiones que se pueden desatar entre los grupos de poder, tanto políticos como económicos, que buscarían influir en el nombramiento de un presidente interino o sustituto.
El artículo 84, por ejemplo, se limita a señalar que si la falta del presidente es absoluta, en tanto el Congreso nombre a un presidente interino o sustituto, el secretario de Gobernación en funciones asumirá la Presidencia provisionalmente, por un periodo máximo de 60 días o dos meses, que es el plazo que tendrían los congresistas para elegir a un nuevo presidente, tanto de manera interina, para convocar a nuevas elecciones, en caso de que la ausencia presidencial se produzca en los primeros dos años del mandato, como en la definición de un presidente sustituto que termine el mandato si la falta absoluta ocurre a partir del segundo año.
Hasta ahí queda claro en la Constitución qué debe ocurrir si falta definitivamente el presidente, tanto en los primeros dos años de un sexenio, con un interino nombrado por el Congreso y una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales que no debe de pasar de los dos meses de la falta, como en los cuatro años restantes, donde el Congreso de la Unión se constituye en Colegio Electoral y nombra al presidente sustituto, o incluso en caso de que el mandato le sea revocado al presidente en una consulta popular, donde el presidente del Senado asume temporalmente la Presidencia hasta que el Congreso decida quién será el sustituto que termine el mandato.
Lo que no prevé la ley ni podría hacerlo es el comportamiento humano y sobre todo político en una necesaria y urgente sustitución presidencial. Tal vez a eso se refiere López Obrador cuando habla de su “testamento” y de que con él buscaría evitar “ingobernabilidad e inestabilidad para el país”, más allá de su intención personal de garantizar la continuidad de su movimiento político. Pero incluso la previsión del presidente podría verse rebasada y no servir de mucho, si se desata una guerra interna como la que ya vive el partido Morena y el llamado gobierno de la 4T.
Si López Obrador no ha sido capaz, ahora que aún ejerce el poder, de controlar y evitar que se desaten las pugnas y golpeteos abiertos entre su gabinete y entre las distintas expresiones y corrientes que conforma su partido —divididas de manera algo simplista en “radicales vs. moderados” aunque la segmentación es aún más compleja y hasta tribal— por la sucesión presidencial anticipada para el 2024 que él mismo adelantó, ¿qué garantiza que un presidente ya fallecido o ausente pueda evitar una guerra civil cruenta e intestina entre los morenistas que no se caracterizan por su institucionalidad ni civilidad política?
Los pleitos internos en su gabinete y entre los grupos políticos de su partido son cada vez más fuertes, no sólo entre moderados y radicales, sino incluso dentro de su círculo más cercano. Hay, por ejemplo, la idea de que sus dos principales “herederos” en su “testamento político” serían la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ambos son, claramente, los más cercanos al afecto presidencial. Eso nos lleva a un primer escenario, en el que Sheinbaum y Adán podrían ocupar la Presidencia en caso de muerte o ausencia definitiva del presidente por motivos de salud. ¿Pero quién de los dos terminaría el mandato y quién sería el que buscara la Presidencia en 2024?
Suponiendo que esa fuera la “última voluntad” de López Obrador la decisión, aun tratándose de dos de los más leales y cercanos al presidente, se podría complicar porque en torno a Sheinbaum presionarían los grupos más radicales ideológicamente que la acompañan y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que tiene además de una amistad cercanísima a la jefa de Gobierno, una influencia cada vez mayor en la 4T y en el mismo presidente. Del lado de Adán Augusto estaría, sin duda otra ala importante identificada con el gabinete y con los gobernadores del sureste.
Un dato que muestra que la sustitución del presidente no sería fácil aun en el primer escenario de su círculo más cercano, es la reciente aparición de Claudia Sheinbaum en el Hospital Militar el viernes 21 de enero antes de que intervinieran con un cateterismo al presidente. Ella fue la única que vio y habló con López Obrador antes de entrar a la sala de intervención y lo hizo porque quien la llamó para que se presentara fue Beatriz Gutiérrez. Cuando Adán Augusto, que en ese momento era en sentido estricto “presidente en funciones”, se enteró por los militares de la presencia de Sheinbaum, evidentemente no le pareció.
Y es que la relación de la jefa de Gobierno con el titular de Gobernación no es nada buena, como tampoco tiene buena relación con el resto del gabinete. El caso particular de Adán Augusto hay molestia desde que el 1 de julio de 2021, en el acto de celebración de los 3 años del triunfo de Morena en el Auditorio Nacional, el entonces gobernador de Tabasco se sintió “utilizado y engañado” por Sheinbaum cuando esta les pidió a los gobernadores morenistas esperar antes de entrar a sus lugares, “para que entremos todos juntos”. Y cuando entraron ella se colocó al centro, flanqueada por los otros mandatarios estatales, y aparecieron los fotógrafos tomando una imagen que hacía creer que todos estaban con ella, mientras en el Auditorio aparecían los gritos de “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”, operados por la senadora Citlalli Hernández para “destapar” a su jefa.
Si esos dos que son, una la hija y el otro el hermano de López Obrador en términos políticos, no se ven en los mejores términos y podrían enfrentarse en caso de una presidencia sustituta o una candidatura presidencial, ¿qué pasaría en otros escenarios donde los favorecidos fueran los que no son tan cercanos al ánimo del presidente? De esos escenarios hablaremos mañana en otra entrega.
El Universal
