Héctor De Mauleón
En una explosiva conferencia de prensa, los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI, revelaron un video en el que aparecen elementos de la Secretaría de Marina sacando cosas de una camioneta y haciendo una hoguera en el basurero de Cocula, el sitio en donde, según la versión establecida por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aquel video fue la revelación más importante del informe presentado a finales de marzo pasado por los expertos independientes: probaba, según se dio a entender, que la Marina había manipulado el escenario del basurero de Cocula, en el que más tarde se recolectaron más de 63 mil restos óseos calcinados.
Lo que siguió era inevitable: la convicción de que los marinos habían simulado la hoguera y regado los huesos, para encubrir una operación de Estado –cuyos fines ni el propio GIEI ha dejado claros.
Todo comenzó en noviembre pasado, cuando en una reunión con altos mandos de la Secretaría de Marina se proyectó ante miembros del GIEI una presentación que explicaba la actuación y presencia de los marinos en el basurero.
El documento detallaba minuto a minuto lo ocurrido en el vertedero el 27 de octubre: la solicitud de auxilio emitida esa madrugada (cerca de las 5:00 horas) por la PGR para que personal naval localizara y geoubicara coordenadas geográficas que correspondían con el vertedero; para que notificara cualquier hallazgo y realizara trabajos de registro, exploración y fijación de un cerco perimetral; y para que resguardara, finalmente, a las autoridades civiles a cargo de la indagatoria.
La presentación explicaba que en aquel operativo participaron 12 elementos, supervisados por un oficial al mando de las tareas de campo. Los elementos serían apoyados por un programa de inteligencia denominado Arcturus, el cual ocupa naves no tripuladas o drones. Dichos drones son empleados en toda labor de reconocimiento territorial y de implementación de seguridad perimetral. De manera invariable, las imágenes captadas por estos artefactos son respaldadas y archivadas, para cualquier caso de consulta, en un centro de control ubicado en la Ciudad de México.
Los marinos arribaron al basurero cerca de las 6:00 e hicieron lo que se les había solicitado: reconocer el área, establecer el cerco de seguridad y reportar que en el lugar había huellas de un gran incendio.
Sabían que el dron se dirigía al lugar. Encendieron una fogata, según el documento presentado al GIEI, con el fin exclusivo de que sirviera como señal o guía al dispositivo de rastreo. Según se desprende de lo declarado por los elementos que participaron en el operativo, la fogata se encendió, en la parte alta del vertedero, con el material contenido en tres bolsas de desperdicios –madera, platos y vasos de unicel.
Esa mañana había condiciones climatológicas que interferían con el adecuado funcionamiento del programa Arcturus.
Como se sabe, el personal de la PGR arribó al cráter del basurero hacia las 6:55. Desde ese momento, las tareas de procesamiento y preservación del sitio se desarrollaron exclusivamente bajo su responsabilidad.
Al observar esa parte de la presentación —el video completo dura casi dos horas—, una de las integrantes del grupo pidió una copia y sacó de su bolsa un USB. La respuesta fue que aquel material no podía ser entregado de ese modo. Se sabe que el video fue requerido más tarde, de manera oficial, por un funcionario de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En declaraciones que el propio GIEI conoce, los marinos han declarado que sabían que estaban siendo grabados por un dispositivo oficial. Según el GIEI, no les importó dejar constancia del ilícito que supuestamente estaban cometiendo. Según da a entender el GIEI, aquellos 12 elementos tuvieron tiempo de sobra, además, para sembrar en el basurero y en el río San Juan más de 63 mil restos óseos –algunos de los cuales aparecieron incrustados en las paredes lodosas del propio río.
El video fue entregado al fin. No se le entregó a la fiscalía que investiga el caso. No se le entregó a la Fiscalía General de la República para que sus peritos en análisis de imágenes emitieran un dictamen. No se investigó qué elemento de la Marina operaba aquel dron y a qué lugar fueron enviadas las imágenes. No se solicitó el equipo cibernético que resguardó aquel material. No pasó por las manos de ministerio público alguno. No se siguieron los protocolos de actuación básicos en uno de estos casos.
Lo que sí ocurrió es que se hizo público, manipulando su contenido para dar a entender lo que le interesaba al GIEI, a partir de presunciones, conjeturas, inferencias e interpretaciones a modo.
Lo he escrito aquí alguna vez: las versiones serán confrontadas. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.
Y ojalá ocurra pronto.
El Universal
