Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, así como defensores y académicos, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para abordar “la situación de alto riesgo para el ejercicio de los derechos humanos que presenta la militarización del país”.
La petición del encuentro presencia, ocurre dos semanas después que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas diera un informe sobre su visita a México, en noviembre del año pasado, en el que se recomienda al Estado mexicano descartar la política de militarización de la seguridad pública, lo que llevó a López Obrador a descalificar el documento por considerar que el Comité no actúa “apego a la verdad”, debido a que “ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos”.
A través de una carta, los activistas consideraron de “profunda preocupación las declaraciones públicas realizadas por usted (López Obrador) que fomentan el clima de violencia e impunidad imperante en el país, así como la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias, organizaciones de derechos humanos y colectivos en búsqueda”.
Para las organizaciones firmantes y defensores de derechos humanos resulta lamentable la opinión del presidente “cuando las organizaciones de derechos humanos hemos documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otras violaciones de derechos humanos”.
Tras recordar que las recomendaciones del CED sobre dar fin a la política de militarización de la seguridad pública que se ha seguido en México por las últimas tres administraciones, responde a estándares internacionales y regionales de derechos humanos, las organizaciones solicitantes del encuentro puntualizaron que “el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y es contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles”.
Apuntaron que ante el convencimiento de que “la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles y no militares” ha trabajado “por el fortalecimiento y la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad del país”.
Sobre la visita del CED, las organizaciones resaltaron que, al ser el órgano de la ONU encargado de supervisar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificado por México, la relevancia de su presencia en el país radica en que fue el resultado de ocho años de diálogo y negociación entre el Comité con el Estado mexicano “y la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y familiares de personas desaparecidas para que el Estado aceptara dicha visita”.
Insistieron en que “el informe emitido por el Comité es un hecho de suma relevancia para los y los ciudadanos/as de a pie que nos proponemos el trabajo cotidiano en miras a lograr un país libre de violencias y desmilitarizado, donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Sin distinción”.
Además de Amnistía Internacional, entre las organizaciones que firmaron la carta resaltan Artículo 19, Casa del Migrante, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro Nacional de Comunicación Social, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer, México Unido contra la Delincuencia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Red por los Derechos de la Infancia, Servicios y Asesoría para la Paz, Tejiendo Redes Infancia, así como colectivos de familiares de personas desaparecidas, y decenas de defensores y académicos.
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