José Woldenberg
Como toda construcción humana las instituciones que sostienen el sistema electoral pueden afinarse, reformarse, pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas, los resultados dependen de las oscilaciones de los humores públicos y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica. No obstante, las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política.
El proyecto acaba con el INE, el Tribunal Electoral y los institutos y tribunales locales. En su lugar existirá un solo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y un Tribunal.
El problema que resulta políticamente más alarmante es la intención apenas escondida de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial. La propuesta señala que se elegirían por voto universal 7 consejeros del INEC, 20 propuestos por el presidente, 10 por la Cámara de Diputados, 10 por la de Senadores y 20 por la Corte. No se requiere ser demasiado sagaz para ver que el presidente es de Morena y en las Cámaras ese partido es mayoritario. Pero además los candidatos a consejeros tendrían que hacer campaña en todo el país y los únicos aparatos que pueden hacer eso son los partidos (aunque nominalmente se les prohíbe hacerlo). De tal suerte que en busca del voto los candidatos, si quieren ganar, se verían obligados a establecer compromisos con las distintas fuerzas políticas. Y lo mismo sucederá con los candidatos a magistrados del Tribunal. Así lo que fue una necesaria construcción para dar garantías de imparcialidad a todos (la autonomía) se estaría no solo reblandeciendo, sino en el extremo, cancelando.
Lo electoral además se centraliza como si no fuéramos una república federal, e incluso el número de integrantes de las legislaturas locales y de los ayuntamientos se fijan en la Constitución, restándole importantes facultades a los congresos locales.
Preside la idea la errada noción que el Instituto Nacional puede ocuparse sin mayor problema de organizar las elecciones locales. Como si ambas estructuras (la nacional y las locales) fueran duplicadas. No se toma en cuenta que en la mayoría de los casos son abismalmente distintas en recursos humanos y materiales. Bastaría con comparar el número de distritos federales y locales para darse cuenta (sé que la iniciativa acaba con los distritos) de esa diferencia. Ejemplos: en Campeche son 2 los distritos federales y 21 locales, en Baja California Sur 2 y 16, en Zacatecas 4 y 18. Ilustra que las estructuras del instituto nacional y los locales son marcadamente asimétricas.
¿Y qué sucederá con los servicios civiles de carrera? La columna vertebral que garantiza eficiencia y profesionalismo. Pues, como los institutos locales serán “extinguidos”, los integrantes de sus respectivos servicios, dice un transitorio, “podrán” ser transferidos al INEC. Es decir, a lo mejor los recuperan y a lo mejor no. Pero, además, en el artículo 41 se establece que el nuevo Instituto contará con “órganos temporales”. ¿A qué se refiere? ¿Volveremos a los tiempos de la CFE cuando buena parte del personal era eventual? ¿Se perderá el conocimiento y las destrezas adquiridas?
La propuesta de la nueva institucionalidad electoral es el elefante en la sala. Lo demás lo veremos luego.
El Universal
