Salvador García Soto
Sin esclarecer aún casos graves ocurridos durante su sexenio, como la muerte de 26 personas en la Línea 12 del Metro, que acaba de cumplir un año, o la tragedia de Tlahuelilpan en donde murieron 131 personas por el incendio de una toma clandestina, en la 4T ahora se proponen revivir el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y reabrir las investigaciones del magnicidio cometido hace 28 años, a partir de las denuncias de tortura y violaciones de derechos humanos hechas por el asesino sentenciado, Mario Aburto Martínez.
La recomendación 48VG/2021, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida en octubre de 2021, solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Ángel Ávila, basada en las acusaciones de Aburto, quien se queja no sólo de haber sido torturado durante su detención y proceso judicial, sino también de que “durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”.
A partir de los señalamientos del asesino confeso de Colosio y de la investigación que realizó el abogado Jesús González Schmal, coordinador del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, la CNDH le ordenó a la FGR “realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
En cuanto al OADPRS, la recomendación de la CNDH acusaba que, desde su detención y encarcelamiento en 1994, hasta la actualidad, Aburto denuncia haber sido torturado por agentes del MP Federal que intervinieron en su detención y traslado al Cefereso 1, además de que los médicos de dicho centro penitenciario actuaron de manera irregular.
El problema es que esa recomendación, redactada por González Schmal y emitida por la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra, generó reacciones e inconformidades dentro del gabinete de la 4T, sobre todo en lo que se refiere a la denuncia de Mario Aburto sobre torturas sicológicas, incomunicación y el traslado a ceferesos alejados de su familia en Tijuana, ocurridos en los últimos 27 años (hasta 2021), porque eso incluye los 3 primeros años del gobierno de López Obrador. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se quejó de que la recomendación del organismo defensor incluyera a su dependencia.
Fue tan fuerte el reclamo de Rosa Icela, de que se acusara a su Secretaría de haber sido responsable de actos de tortura y maltrato sicológico contra Aburto, que la presidenta de la CNDH tuvo que ordenar que se revisara la recomendación que había sido elaborada por Jesús González Schmal y que se le modificara parte de su redacción para que las acusaciones de tortura se limitaran a los gobiernos del pasado y no incluyeran los últimos 3 años, aun cuando el asesino de Colosio también dijo haber sufrido violaciones a sus derechos humanos en lo que va de este gobierno.
La modificación de su informe y de la recomendación 48VG/2021, provocó la molestia de Jesús González Schmal que, según fuentes internas, presentó su renuncia a la CNDH.
Si la FGR llega a atender la recomendación de “investigar la investigación que dio origen a la detención y sentencia de Mario Aburto Martínez” como el “asesino solitario” de Luis Donaldo Colosio, y a partir de sus denuncias de tortura y maltrato por parte de las autoridades federales de los últimos 5 gobiernos, ¿habrá nuevas hipótesis, nuevos citatorios judiciales, nuevas declaraciones de testigos y posibles nuevas órdenes de aprehensión contra presuntos asesinos materiales o intelectuales del excandidato presidencial?
Francamente, con los miles de fojas, diligencias, interrogatorios, pruebas, peritajes y declaraciones de testigos que incluyen los expedientes del Caso Colosio, se ve más que imposible que casi 3 décadas después, la FGR vaya a encontrar algo nuevo en el Caso Colosio o que pueda llegar a imputar a nuevos presuntos culpables. Y entonces, si lo más que podrían lograr es liberar a Mario Aburto Martínez por delitos de tortura cometidos en su contra, ¿quién sería el asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta?
¿Podrán revivir y resolver un magnicidio que en la opinión colectiva de los mexicanos nunca fue resuelto?
A pesar de la negativa contundente de la Casa Blanca de incluir e invitar a la Cumbre de las Américas en Los Angeles a los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el presidente López Obrador ayer pidió “no adelantarnos” y desoyendo la respuesta del subsecretario de Estado, Bryan Nichols, dijo que su petición “con todo respeto” fue hecha al presidente Biden y no a sus subalternos. Y mientras el mandatario mexicano, cuya propuesta generó reacciones a favor de su defensa en los tres países latinoamericanos, hacía oídos sordos al rechazo de Washington, ayer el canciller Marcelo Ebrard aprovechó su visita a la capital estadounidense y sus reuniones con Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, para insistir en la posición mexicana de que “ningún país sea excluido” de la próxima cumbre del continente americano. Marcelo llegó a Washington para revisar con los funcionarios de la administración Biden los temas migratorios y seguridad contenidos en el Acuerdo Bicentenario. En particular, el secretario de Relaciones Exteriores dialogó con Blinken y Mayorkas sobre la eliminación del Capítulo 42 que permitía a Estados Unidos regresar de inmediato y sin trámite de por medio a todos los migrantes indocumentados que llegaran a su territorio, incluidos los solicitantes de asilo, y enviarlos a México. Biden decidió eliminar esa disposición impuesta por Donald Trump y que fue una de las medidas por las que México se convirtió de facto en el “tercer país seguro” para los Estados Unidos, luego de que López Obrador y Ebrard cedieran a las amenazas y presiones de Trump. Después de sus encuentros en la Casa Blanca, Ebrard aseguró, en conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington, que con la eliminación de este capítulo 42, “México no se convertirá en país de libre tránsito para cualquier migrante” y que el gobierno mexicano mantendrá sus restricciones y obligaciones legales para los migrantes procedentes de cualquier país. Veremos qué tan cierto resulta lo dicho por el canciller…Por cierto que ni yéndose a Washington, coincidentemente el día en que se cumplía el primer año del derrumbe de la Línea 12 del Metro que se construyó en su gestión como Jefe de Gobierno, Ebrard se salvó de que le preguntaran del tema en la mismísima capital estadounidense. “¿Está usted tranquilo con su conciencia luego de un año del accidente de la Línea 12 del Metro?”, le preguntó un periodista en la embajada mexicana. Sin ocultar la incomodidad en su rostro, Marcelo respondió escuetamente la pregunta: “Sí, las investigaciones continúan, siguen su curso, hay que esperar a que las autoridades determinen, yo estoy tranquilo”, dijo el exgobernante capitalino. Así, entre los del pasado que no asumen ninguna responsabilidad y los del presente que se autoexculparon de esta tragedia y dicen que con pagar dinero a las víctimas y sus familias, y reparar los daños y reconstruir el Metro se está haciendo justicia, la impunidad sigue siendo el sello de este tipo de tragedias en México, como era en el pasado y como sigue siendo en esta 4T que antepone el dinero a la justicia… Los dados mandan Escalera Doble. Subida.
El Universal
