Diez meses después de las masivas protestas antigubernamentales, el Parlamento cubano aprobó este domingo (15.05.2022) por “unanimidad” un nuevo Código Penal que trata de evitar la repetición de esos hechos y preservar el actual régimen socialista. El nuevo código ha suscitado desde el principio los recelos y críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente.
La nueva ley “tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario. Según este, la nueva ley también protege los intereses “individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana”.
La nueva ley mantiene la pena de muerte “con carácter excepcional”, en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior. Se aplicará básicamente “en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato”, dijo el fiscal. Sus detractores, sin embargo, señalan que aumentan los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua).
Destacan asimismo que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.
Los días 11 y 12 de julio de 2021 miles de personas protagonizaron en medio centenar de ciudades las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos. El abogado Fernando Almeyda, en el medio independiente La Joven Cuba, consideró que el recién aprobado código exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para “repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado” y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio.
El nuevo Código sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta el lunes.
DW
