La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que si bien México ha registrado avances en el cumplimiento de sus recomendaciones, continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones y homicidios que se dan en nuestro país sin una debida investigación, por lo que el acceso a la justicia sigue representando uno de los retos más importantes para la nación.
Como parte de su sexto informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en 2015, cuando estudio la Situación de Derechos Humanos en México, y el cual forma parte de su informe anual 2021, la Comisión sostuvo que en nuestro país también persisten desafíos en materia del fortalecimiento de la institucionalidad en derechos humanos, específicamente en cuanto a la promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la protección de personas defensoras y periodistas, y la protección integral y atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Violencia contra las mujeres, de lo que más preocupa
Al hablar sobre la violencia contra las mujeres, la CIDH consideró que el Estado mexicano ha tenido un cumplimiento parcial sobre las recomendaciones emitidas por esta Comisión, debido a que persisten los altos índices de denuncias por violencia sexual y violencia feminicida, las cuales se enfrentan a una falta de implementación de protocolos por parte de las autoridades de procuración de justicia, mientras que en los últimos años se observan hechos de violencia de género y uso excesivo de la fuerza contra mujeres en el marco de las protestas feministas y en contra de la violencia de género, destacando que dichas protestas han sido estigmatizadas como violentas a través de discursos oficiales.
Desapariciones y violencia contra periodistas
Por otro lado, la CIDH mostró preocupación por el tema de las desapariciones y homicidios, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica. La CIDH resaltó que no logró obtener información sobre las labores de los órganos de procuración de justicia.
Y es que la Comisión recordó que al mes de diciembre de 2021, se habían reportado más 95,000 personas desaparecidas, lo que dejó al descubierto los obstáculos a nivel federal y estatal para garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas, y organizaciones de la sociedad civil en la adopción de leyes, reformas legislativas y procedimientos jurisdiccionales sobre inconstitucionalidad de normas que impactarían en la búsqueda de personas desaparecidas e investigación de delitos sobre desaparición.
Por otro lado, se observó un contexto adverso para la defensa de los derechos humanos, caracterizado por el incremento de asesinatos de personas defensoras, y periodistas. Así como por la continuidad de declaraciones oficiales que estigmatizan y criminalizan dichas labores. “En 2021, se continuaron presentando pronunciamientos estigmatizantes por parte de autoridades estatales en contra de organizaciones de la sociedad civil”, subrayó.
Militarización continúa
En materia de seguridad, la CIDH reiteró su preocupación por la militarización de la seguridad pública en nuestro país, ello al advertir que aún está pendiente un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas en estas tareas.
“Incluso si normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, en su operación actual esta corporación continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil”, expresó..
En este contexto, también se alertó sobre las declaraciones del Ejecutivo Federal en favor de las Fuerzas Armadas frente a posibles acusaciones por violaciones y recomendó al Estado que refuerce sus discursos sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad.
“La CIDH expresa su preocupación por las declaraciones del Poder Ejecutivo, de modo anticipado, a las Fuerzas Armadas frente a posibles acusaciones por violaciones a los derechos humanos. En un contexto criticado por la participación de entidades militares en tareas civiles, la CIDH considera necesario que, en seguimiento a la recomendación bajo análisis, el Estado refuerce sus discursos sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad. En función de lo anterior, la Comisión considera que la recomendación se encuentra aún en cumplimiento parcial”, declaró.
En materia de Uso de la Fuerza, reiteró sus observaciones sobre los problemas de elaboración y transparencia de informes pormenorizados sobre operaciones; además, el Estado no aportó información relacionada con la apertura de investigaciones en materia de Ejecuciones Extrajudiciales.
Por lo que advirtió que el Estado no ha cumplido con la creación de un observatorio independiente del Uso de la Fuerza, como ordenó la Corte IDH, y respecto a la recomendación sobre asegurar que, en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría material, sino que incluya la responsabilidad de la cadena de mando.
Uso excesivo de la fuerza contra migrantes
En lo relativo a la migración, la CIDH destacó que México se ha enfrentado a un alza considerable de personas en movilidad, tanto extranjeras como internas, sin embargo, el uso excesivo de la fuerza en contra de población en movilidad, donde son partícipes la Guardia Nacional en conjunto con las fuerzas armadas respondería a una posible militarización de la respuesta a la migración irregular, lo cual está acompañado con limitaciones en el acceso al territorio del Estado y a las garantías básicas en los procedimientos de asilo o protección.
“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva, y de modo concomitante redoblar sus esfuerzos en materia de prevención de las violaciones a los derechos humanos.
“El acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes para el Estado mexicano. Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos”, concluyó la CIDH.
El Economista
