Luego de la polémica aprobación de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y fusionar, entre otras unidades, la de Fiscalización de recursos de los partidos políticos, diputados locales de oposición advierten que ello traerá mayor opacidad y podría inclusive abrir la puerta al crimen organizado para financiar las campañas electorales en 2024; con ello, dicen, en un futuro no muy lejano en la capital y en el país podría ocurrir algo similar a lo que vivió Colombia en los años ochenta y noventa.
Para evitar eso y “frenar las intenciones del gobierno federal de controlar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)”, así como para defender la autonomía del IECM, ya preparan controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para presentarlas ante instituciones locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso, algunos no descartan acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 27 de mayo, en una sesión ordinaria que duró 26 horas seguidas y estuvo plagada de vicios parlamentarios y hasta de chistes y pasteles de cumpleaños, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 37 votos a favor y 19 en contra, el dictamen presentado por Morena para eliminar o fusionar cinco áreas del IECM: la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo; la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados y la Unidad de Fiscalización.
La iniciativa, que desde el inicio llevó la anuencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se presentó con el argumento de “adelgazar” el IECM en cumplimiento de la “Ley de Austeridad” y ahorrar 52 millones 436 mil pesos al año de su presupuesto. Esa cantidad equivale a 4.36% de los mil 201 millones 84 mil 647 pesos de presupuesto asignados para 2022.
También significa el despido de 107 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad, cuyas indemnizaciones –que se elevarían a más de 100 millones en conjunto, según cálculos de diputados– no se ha informado de dónde se pagarán.
Además, se dio en el contexto de la crisis financiera que, desde el año pasado, padece el IECM y que heredó su nueva presidenta, Patricia Avendaño, el 27 de octubre del 2021. Peor aún, la modificación ocurre en medio de una tendencia de reducción presupuestal aplicada al inicio de la gestión de Sheinbaum: de 2 mil 20 millones 180 mil 767 pesos en 2018, bajó a mil 425 millones 479 mil 792 pesos en 2019 y a mil 275 millones 479 mil 792 pesos en 2020. Y aunque en 2021, año electoral, aumentó a mil 586 millones 601 mil 874 pesos, en 2022 bajó 385 millones 517 mil 227 pesos.
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