Veracruz, más de una década de atraso en políticas públicas en materia de discapacidad

Alan Sayago Ramírez

El 3 de diciembre de 1992 fue proclamado el Día internacional de las personas con discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 47/3, con el propósito de promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Actualmente con datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2020, más de 1,000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, tan solo en México hay 6,179,890, teniendo el estado de Veracruz más de un 1 millón 542 mil 272, contando con la mayor concentración principalmente los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Tuxpan, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEGI) del año 2020.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.”

Veracruz aportó a la historia de México la primera ley en materia de discapacidad, la cual es la ley numero 822 para la integración de las personas con discapacidad, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial el 11 de marzo del 2010; por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz.

Posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, por decreto presidencial, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Lamentablemente la ley 822 del estado de Veracruz fue mal desarrollada comenzando por el nombre debido que el nombre que se hace presente es la palabra “integración” y la integración acepta nuestras diferencias mientras que la palabra adecuada para que esta ley tenga un significado adecuado debería de ser la palabra “inclusión”;  la inclusión en cuestión de diferencias las acoge, es decir, no busca cambiar o corregir las diferencias de las personas sino contribuir y enriquecer nuestra sociedad. 

Actualmente la Ley 822, excluye ha provocado muchas omisiones de muchos legisladores y autoridades responsables, como ejemplo, provocó que el ciudadano Jorge Alberto Pérez Bonilla, metiera un Amparo indirecto 333/2020-IV, argumentando que sus derechos constitucionales y sus derechos humanos firmados en la convención interamericana no estaban garantizados, debido que el congreso local nunca mando la iniciativa de ley del reglamento de la ley antes mencionada.

Hoy dicho reglamento fue creado forzosamente por el amparo interpuesto y ganado, debido que la ley 822 ha tenido diferentes reformas, pero incumpliendo el artículo tercero en donde establece que, “Dentro de noventa días naturales a la entrada en vigor de esta ley, el ejecutivo estatal expedirá el reglamento de la misma.”

Fue hasta este mes de Julio del 2022 cuando sacaron la convocatoria al Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, pero los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, omitieron la parte que deja a un lado a las personas con discapacidad psico social. Además, se les debería exhortar al Congreso local, que la selección de los próximos miembros del consejo sea lo más transparente y publica, para general un verdadero cambio e inclusión social en las políticas públicas del Veracruz en materia de discapacidad.