De nueva cuenta, el cine mexicano se halla en el aire y sin apoyos…
Tal caos se debe al incumplimiento de los pagos comprometidos a más de 50 proyectos de cine y audiovisuales que resultaron ganadores en los concursos para los fondos de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y de la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), programas desaparecidos en el año 2020 por decreto presidencial.
La situación se presenta grave pues “pone en riesgo” finalizar esas películas y “se afecta económicamente” a cientos de familias, claman los productores y cineastas Victoria Arellano Rivera, Carlos Hernández Vázquez y José Ramón Mikelajáuregui, junto con los responsables del medio centenar de proyectos perjudicados.
Los tres han luchado individualmente desde hace dos años, al igual que sus colegas de los demás proyectos, para que se les cumpla con lo acordado por ley, toda vez que “hemos cumplido con todos los requerimientos establecidos por los fondos”, argumentan, “sin recibir contestación alguna”.
Vía Zoom, explican en entrevista que son más de 85 millones de pesos los cuales, desde el año pasado, las secretarías de Cultura (SC) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) debieron entregarle al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), con el fin de que esa institución cumpliera con sus obligaciones; pero hasta el cierre de esta edición no se le ha otorgado ninguna cantidad.
La situación –coinciden– empujó a varios productores a endeudarse para continuar con sus propuestas, mientras que otros, de plano, pararon rodajes y postproducciones.
Los realizadores recuerdan que se devolvieron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de la SHCP aproximadamente 300 millones de pesos, provenientes de Fidecine y Foprocine, “bajo la promesa al instituto de que serían reintegrados a la Secretaría de Cultura para que, a su vez, se otorgaran al Imcine”. Al darse cuenta de que el Imcine no cuenta con las facultades necesarias, le han pedido a la SC que intervenga y, sin embargo –señalan– “no ha habido sensibilidad” para resolver.
Por ello mandaron dos cartas en conjunto: una, el 22 de junio, y otra el 4 de julio de este año a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, con acuse de recibo, e incluso vía electrónica. La primera fue contestada por la cineasta María Novaro, titular del Imcine, quien explicó que la instancia dirigida por ella ha efectuado las gestiones correspondientes y no le han dado los recursos. La otra misiva no ha tenido aún respuesta. Por ello enviarán una más a Frausto.
Hernández Vázquez (Celaya, Guanajuato, 1983) –quien participó con el largo-documental Lejos de casa (Proceso 2381) en el Festival de Guadalajara y con mención honorifica por su corto El grillo en el Festival de Guanajuato– expresa:
“Al final del día, la intención es reunirnos con la secretaria de Cultura para externarle la grave situación que estamos enfrentando y pedirle que cumpla las obligaciones que ella misma se comprometió ante la Cámara de Diputados en noviembre de 2020 y en otros medios informativos.
“Se está llegando a situaciones alarmantes con los proyectos y me parece una falta grave que no esté atendiendo y que ni siquiera conteste. La voluntad de esos pagos recae en Cultura y Hacienda, ellos son los jefes del sector.”
Promesas y adeudos
A finales del 2020, Frausto aseguró en la Cámara de Diputados:
“No debe haber angustia en el hecho de pensar que porque desaparecieron los fideicomisos no va a haber recursos. Ahí están y podemos contar con ellos (…). Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Hacienda. Los compromisos actuales de Fidecine y Foprocine se cumplirán al ciento por ciento.”
La pequeña Haití es el documental afectado de Hernández Vázquez, quien refiere a Proceso:
“Debimos concluir el proyecto con recursos propios, nos endeudamos porque tenemos la obligación de entregar la película forzosamente en este año. Te ponen en una situación muy compleja, muy delicada, porque en mi caso tengo un contrato con fechas establecidas. Hemos tenido que completar la película sin el dinero del Foprocine”. Se afectan los sueldos, expone,
A su vez, José Ramón Mikelajáuregui, director del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara, manifiesta que generalmente una película abarca laboralmente a 100 personas en promedio. En total son 600 o 700 personas las que vieron interrumpido su trabajo por dos años, también difíciles por la pandemia. Si estas películas que ganaron avaladas por el Imcine no se logran, pues se van a la basura y no habrá manera de rescatarlas”.
Anexa el realizador de los documentales La historia en la mirada y El poder en la mirada:
“Si el contrato no se cumple, los encargados de gestionar esos recursos se vuelven los responsables de que esos filmes se destruyan. Muchos de los productores han hecho el esfuerzo por seguir. Han asumido muchísimas de las responsabilidades que no eran de ellos, pues le correspondían a la contraparte.
“De pronto están empeñando cosas personales o incluyendo recursos familiares. Hay una responsabilidad de los servidores públicos porque no están cumpliendo con una serie de obligaciones que son por las que están contratados.”
Mikelajáuregui habla por el largometraje de ficción Goya, ópera prima del tapatío Pablo Orta, graduado en artes audiovisuales por la Universidad de Guadalajara, que obtuvo el Premio del Público en la pasada edición del festival en esa ciudad:
“La gran diferencia es que nosotros representamos una película que se está haciendo con la UdeG, una institución pública. La universidad ha hecho un esfuerzo por empujar la película para que se pueda terminar, obviamente no en las condiciones exactas con las que se había planeado, porque no ha llegado el dinero de la contraparte, Foprocine. El cine es costoso…
“Goya forma parte del proyecto que se llama Ópera Prima y es de gran trascendencia para la cultura del país, lleva casi 40 años funcionando en las dos escuelas principales en la Ciudad de México. Nosotros logramos participar por primera vez desde Guadalajara.”
La película está prácticamente terminada, informa, pero “con muchos adeudos”, si bien no es el caso de “muchísimas otras películas”, añade:
“El cine es un proceso muy exacto, muy preciso. Si tú le cortas en algún momento los recursos a su construcción, malogras el producto, lo matas, no se concluye. Y hay muchísimas producciones que están siendo muy perjudicadas. Es por eso que ahora estamos levantando la mano para pedir una consideración acorde al problema que se está viviendo.”
Rememora además que los 300 millones de pesos de esos dos fideicomisos “son también ganancias de otras películas del pasado”.
Por su lado, la sonorense Victoria Arellano Rivera, productora del documental El llanto de las tortugas, dirigido por Jaime Villa, manifiesta que la pandemia dividió su rodaje de cinco semanas en dos años, “entonces eso genera aumento de precios”. Y acentúa:
“No hemos tenido capacidad financiera para solventar los procesos que nos hacen falta. No podemos contratar a un editor porque no podemos pagar sus honorarios. No podemos entrar a crear la parte sonora ni hacer la música. En febrero pasado debimos haber realizado la postproducción y no hemos empezado aún. Lo que hicimos fue parar la película en esta etapa. Nos atrasamos un año más y de por sí ya llevamos siete años haciéndola”.
Rememora que los gobiernos siempre hablan de descentralización, pero sucede todo lo contrario:
“Yo deseo efectuar cine en Sonora para México y el resto del mundo, sin necesidad de emigrar a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey. Así que estamos entrando en este ritmo de profesionalización y desarrollo de cinematografías locales. Pero ahora quedamos en este abandono. Considero que van contra su misma política de descentralización.”
México falla con Ibermedia
Los productores denuncian que el gobierno de México tampoco ha aportado lo que le corresponde al programa Ibermedia, cuyos apoyos son supervisados por la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).
A decir de Hernández Vázquez, el gobierno debe “100 mil dólares”.
México, a través del Imcine, forma parte de la conferencia de la CAACI, donde participan Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México, país que nunca antes había dejado de cumplir con su cuota.
Así, queda pendiente el apoyo a ocho proyectos beneficiados de formación, desarrollo de series y coproducciones con seis países seleccionados en 2021 por el programa Ibermedia.
El único antecedente de incumplimiento de un país es cuando Bolivia sufrió un golpe de Estado en 2019. Vázquez Hernández se lamenta:
“El programa Ibermedia ha sido una gran fuente de trabajo para miles de personas en toda la región, y además en México nos dio sustento en los años noventa para poder rearmar nuestra cinematografía”.
Por ello, sorprende que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, haya lanzado el pasado 3 de agosto el proyecto Impulso al Sector Fílmico que, según un comunicado, “atenderá a las industrias del cine, la producción de series para televisión y plataformas digitales, así como la producción publicitaria audiovisual”. El documento dice:
El proyecto tiene como propósito fomentar la recuperación económica del sector fílmico, incrementar las capacidades del capital humano nacional que labora en el sector, aumentar la inversión y el número de producciones en el país, y generar más dinamismo en todas las fases de la cadena de valor. El objetivo es convertir a México en un país líder a nivel internacional en la creación de contenido audiovisual.
Arellano, Hernández y Mikelajáuregui advierten que del 28 al 30 de septiembre México será sede de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales-Mondiacult 2022, organizada por la Unesco. Por ende, les parece “una contradicción” el que se deban mandar cartas con el fin de resolver los recursos para el cine nacional, al tiempo que la SC se muestra “tan pro derecho a la cultura a nivel internacional, mientras a nivel nacional tenga su cultura olvidada, aunque también a nivel internacional con Ibermedia”.
Arellano completa:
“Hemos estado trabajando en grupos. Estamos muy unidos y logramos conectarnos en todo el país. No sólo los productores son afectados, también hace falta cubrir los honorarios de decenas de personas.”
Mikelajáuregui finaliza sin perder la esperanza:
“Todo estamos abiertos a seguir discutiendo. Es el interés de todos nosotros que esto se aclare y se resuelva.”
Proceso
