El gobierno, y en particular la Secretaría de Hacienda, hasta ahora han fracasado en el manejo de la deuda pública. Sale cara y cada vez más, y eso, a pesar de la fortaleza del peso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido insistentemente de la buena administración de su gestión, y ha criticado los gastos excesivos o suntuosos de otros gobiernos del pasado o de órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), incluso es su principal argumento para que en este momento se discuta una reforma legal para acotar la operatividad del instituto, lo que incluye disminuir personal y gasto de recursos, lo que generaría un ahorro de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos, anticipa el documento enviado al Congreso.
Sin embargo, ese discurso se anula en la Secretaría de Hacienda y su manejo de la deuda pública, ya que de acuerdo a documentos oficiales que revisó ejecentral, queda en evidencia una deficiente administración de la deuda pública. Es cada vez más costosa y se solicitan a los legisladores cada vez más recursos para cubrir los intereses, comisiones, gastos y coberturas, que crecen asimétricos con respecto al total de la deuda gubernamental.
Como ejemplo, en los 10 primeros meses de este año, la gestión del Presidente ha gastado cinco billones con 817 mil millones de pesos, cuando lo previsto eran cinco billones 772.6 mil millones, es decir, un desembolso de 44 mil 448 millones de pesos más a lo que Hacienda contempló en un inicio en la Ley de Egresos 2022.
Para el siguiente ejercicio, el gobierno quitó casi cuatro mil millones de pesos al presupuesto que solicitó el INE, pero los 20 mil 221.4 millones de pesos que le dejaron tampoco son comparables con lo que requiere el Presidente para pagar el costo financiero que gastará Hacienda en la deuda, que equivale a 41 veces lo que ejercerá el instituto para operar.
Pero no sólo eso, la deuda pública sirve al gobierno para obtener recursos que se desconoce su uso. Esto es porque pese a que este año está pagando menos intereses, Hacienda —a cargo de Rogelio Ramírez de la O—, pidió más dinero al Congreso para el manejo de los costos de los pasivos del gobierno, provocando con ello un subejercicio disfrazado, y no existe información pública a dónde se dirige el dinero que el gobierno pide de más y no utiliza.
De enero a octubre del ejercicio fiscal presente, Hacienda programó que se debían pagar por el costo financiero 603 mil 982 mil millones de pesos, pero se logró un beneficio de tres mil 821 millones de pesos. Ese dinero ya no tiene un destino claro, ya que su finalidad es aplicarse como un gasto para la administración de la deuda.
Es decir, dicho remanente del gobierno podría usarlo a discreción, ya que nada le impide tomarlo para otros gastos, como los programas sociales y de bienestar o aplicarlo en sus obras insignia como el Tren Maya o en la refinería Olmeca-Dos Bocas. Pero también, tiene la posibilidad de inyectarlo directamente a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo hizo hace un año cuando otorgó un capital a la petrolera por tres mil 500 millones de dólares, que mencionó eran ahorros del gasto de gobierno, aunque lo devengado por todo el aparato gubernamental fue más alto que lo recaudado en 2021, lo que significó que faltó dinero para cubrir a toda la administración.
En suma, Ramírez de la O solicita más recursos para la administración de la deuda que de antemano se sabe no se utilizará, y el remanente se utiliza en lo que desee el gobierno de López Obrador.
Los datos reveladores
En estos cuatro años de la gestión lopezobradorista, la deuda se incrementó 28.8 %, mientras que los gastos e intereses que implican el tenerla y subsanarla han aumentado 72 %, de acuerdo a lo presupuestado para 2023.
En 2018, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto dejó el cargo, la deuda pública bruta del país, que incluye la deuda interna y externa, ascendía a 11 billones 19.2 mil millones de pesos. Pero ahora, hasta octubre de 2022, la deuda pública es de 14 billones 191.8 mil millones de pesos, lo que significa el incremento de 28.8 %.
Mientras esto sucede con la deuda total bruta, los gastos en su manejo pasaron de 489.1 mil millones en el último año de los peñistas, a un monto que está anticipando Hacienda de 840.9 mil millones de pesos para 2023. Sí, un aumento de 351 mil millones o de 72 %.
Estos números muestran que no es cierto lo dicho por el gobierno de López Obrador en cuanto a que se tiene una gestión más cuidadosa y prudente de la deuda.
Otro caso que se observa en el PEF 2023, es el costo de las coberturas sobre la deuda que se le dispararon a la 4T, ya que hay un aumento anticipado de 25,296 % o dicho de otro modo, para el siguiente año serán 254 veces más alto a lo que se pidió este 2022 o de 286 veces a lo que solicitó el gobierno del exmandatario Peña Nieto.
Estas cifras ponen en evidencia lo costoso que está resultando la administración de la deuda desde la Secretaría de Hacienda, porque el gasto crece más para mantenerla, cuando las propias autoridades han anunciado refinanciación con mejores términos, que al parecer es un mejor negocio para los prestamistas, que para el gobierno morenista.
28.8 por ciento asciende la deuda del gobierno federal en los últimos cuatro años.
Ahorro en el ine, pero…
Esta semana el presidente López Obrador envió al Congreso su plan B para una reforma electoral, que modifica cuatro ordenamientos legales y se concentra en la operación del INE, achicando su capacidad en cuanto a personal y de recursos económicos. Aunado a modificaciones que benefician en multas y alianzas a partidos políticos.
Sin que el documento cite algún diagnóstico específico de por qué reduce personal en determinadas áreas o el dinero, y cuál sería su impacto; la iniciativa sostiene:
“El costo de operación de los procesos electorales en México creció de manera descomunal en los últimos 20 años. Mientras que en 1999 se asignó un presupuesto de 13 mil 400 millones de pesos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos electorales locales, para 2018 el INE y los OPL (organismos públicos locales) recibieron en conjunto más de 68 mil 300 millones de pesos, lo que representó un crecimiento presupuestal de 409 %. Este aumento presupuestal no fue proporcional del crecimiento de la población en ese mismo periodo, registrado 28.57 %”.
Para justificar su iniciativa, López Obrador sostiene que esta reforma permitirá un ahorro de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos del presupuesto, gracias a una mejor administración, ya que la que ha tenido hasta ahora era “pésima”, sostiene el mismo documento.
Sin embargo, si se considera lo que el gobierno del Presidente pide para el manejo de la deuda pública, el ahorro que logrará en el INE en esta reforma y la anterior, es ínfimo. Corresponde a casi una centésima parte de los 351 mil millones que ha aumentado el dinero para el costo financiero de la deuda de 2018 a lo que se autorizó para 2023.
¿A dónde va el dinero?
Algo que ha pasado inadvertido es el excedente de recursos que ha solicitado Hacienda con el pretexto del manejo de la deuda pública.
En el ejercicio fiscal de este 2022, se observa que los pagos en intereses y gastos de la deuda han disminuido (esto en parte por la apreciación del tipo de cambio que se ha inclinado hacia los 20 pesos e incluso por debajo de dicho nivel), y pese a que el propio gobierno estima que el dólar contra la moneda mexicana estará estable, Hacienda pidió más recursos para 2023.
Esta petición al Congreso, que ya fue otorgada, despierta suspicacias en sus cálculos sobre el comportamiento del tipo de cambio y más aún, sobre el dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB), ya que de no crecer el 3.5 % esperado para 2023, el país estará en serios problemas de gasto público, porque no se tendrán los recursos suficientes para cubrirlos, lo que llevaría a adquirir más deuda.
Es ahí donde los especialistas consideran que podría encajar este súbito aumento en el requerimiento de recursos para pagar y administrarla.
Otro dato que se visualiza en los requerimientos de deuda pública, es que el PEF 2023 se observa un techo de hasta por un billón 170 mil millones de pesos para nueva deuda, lo que deja la puerta abierta a que si hay un mal cálculo en los ingresos del gobierno para el siguiente año y no se cumple con la meta de obtener ocho billones de pesos en los ingresos, echarán mano de hasta esa cantidad para cubrir el gasto programable, que incluye todos los programas sociales, salarios y gastos de operación del gobierno; así como lo no programable, que considera el pago de deuda y recursos a los estados.
Una entrada que le ha dado mucho recurso los morenistas son los precios del petróleo que subieron a niveles históricos y la oficina hacendaria ha calculado que se tenga un promedio el próximo año de 68.7 dólares el barril.
Sin embargo, la mezcla de exportación ha caído por debajo de lo que la estima vender. El miércoles 7 de diciembre pasado, la cotización cayó a los 61.86 dólares (6.84 dólares), aunque aún falta todo el siguiente año para que se acomode el petróleo, el mercado energético es poco alentador ante la inminente llegada de una recesión mundial, lo que afectaría el consumo.
Pero además, los cálculos de gasto y asignación de los recursos a cada oficina y dependencia de gobierno están previstos a un crecimiento económico y de ingresos petroleros.
Sale 40 % más cara
A octubre, la deuda externa del país ascendía a los 217 mil 176 millones de dólares, un equivalente a cerca de 4.3 billones de pesos, lo que significa que entre 2018 y este año ha aumentado un 7.32 % o unos 14.8 mil millones de dólares, es decir, alrededor de 296 mil millones de pesos en estos cuatro años.
En 2020 y 2021, la deuda externa se elevó arriba de los 220 mil millones de dólares, y el gobierno hizo pagos para aliviarla, pero no lo suficiente para bajarla a los registros del último año del expresidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, la deuda interna, que tiene en cuenta a la colocación de los valores gubernamentales como los Cetes y Bondes o los financiamientos que obtiene el gobierno en otro tipo de créditos o instrumentos, es de 9 billones 883.8 mil millones de pesos, un 40.5 % más que en 2018 o lo que equivale a 2.8 billones de pesos más.
Es decir, el gobierno carga la mano para pedir dinero prestado, pero le sale muy caro hacerlo.
El año pasado, de enero a octubre, el costo financiero de la deuda ascendió a 499.5 mil millones de pesos, y para el mismo periodo en este año aumentó un 20 %, a los 600.2 mil millones de pesos, de los cuales 561 mil millones son de intereses, comisiones y gastos. Esto demuestra, de acuerdo a los documentos oficiales, que no hay un manejo adecuado de los pasivos financieros del gobierno, ya que aumentan a un mayor ritmo que la misma deuda en términos porcentuales.
¿Sabías que? En 2020 y 2021, la deuda externa se elevó arriba de 220 mil millones de dólares.
